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Sheinbaum aprueba la reducción en la edad de jubilación que prometió a los maestros sin un acuerdo con la CNTE

La reforma también incluye el alza salarial del 9%, aplicado parcialmente en prestaciones y no solo sobre el sueldo base, como ellos reclamaban

Maestros de la CNTE marchan en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, el 30 de mayo de 2025.
Elena San José

El Gobierno ha sacado adelante las principales promesas que le hizo al magisterio en mayo, pero no parece que el clima de celebración haya alcanzado del todo a ninguna de las partes. La presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció finalmente este lunes la aprobación de los dos decretos que estaban pendientes, que quedarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre este lunes y el martes: uno para favorecer la movilidad de los docentes entre escuelas; y el otro, el más importante, para definir la reducción progresiva de la edad de jubilación —un año por cada dos naturales— y el aumento salarial del 9% con efectos retroactivos desde enero. Dos semanas después de que la Coordinadora Nacional (CNTE) levantara el plantón nacional en la capital tras más de 20 días y sin un acuerdo con el Ejecutivo, la respuesta sigue siendo la misma: “No resuelve la demanda, solo es un parche”.

La cuestión del incremento salarial es la que despertaba mayor incertidumbre, pues las medidas eran, en general, conocidas. Sheinbaum había prometido un aumento del 9% ahora y de un 1% adicional a partir de septiembre, pero no había especificado cómo se distribuiría, y este lunes ha aclarado que se dividirá entre el sueldo base y las prestaciones. La victoria es algo tibia. El sindicato defendía que el incremento se aplicara en su totalidad en el salario base, pues es el que cuenta para la cotización, y no en servicios, donde se irá aproximadamente un 2% del total, según fuentes de la Coordinadora. Algunos estudios de la CNTE apuntan que el incremento supondrá entre 31 y 37 pesos al día, dependiendo del salario del trabajador, pues un pequeño porcentaje de ese 9% iría solo a completar los sueldos más bajos. La medida cubrirá a unos 3,2 millones de trabajadores en activo, aproximadamente, entre el magisterio, el grueso principal, y otros sectores públicos como la CFE, la Salud o los Correos.

Como ya es habitual, el mayoritario Sindicato Nacional (SNTE) ha recibido la noticia de forma muy distinta. El presidente de la organización, el senador morenista Alfonso Cepeda, le ha “reiterado el agradecimiento a la presidenta” por atender las demandas del magisterio, y esta misma tarde se ha reunido con el secretario de Educación, Mario Delgado, que celebraba así el encuentro con el sindicato horas más tarde, desde su cuenta oficial de X: “Nos hicieron saber que recibieron con gran beneplácito los decretos anunciados esta mañana por la presidenta”.

No hay beneplácito en el sector educativo más combativo, tampoco en lo que respecta a la edad de jubilación. La ley del ISSSTE de 2007, que hoy concentra todas las batallas, sustituyó el sistema de pensiones solidario e intergeneracional por el de cuentas individuales gestionadas por las administradoras privadas o afores. En el momento de producirse el cambio, quienes estaban en activo pudieron acogerse al modelo anterior, con alguna modificación. Este grupo representa hoy en torno al 25% o 30% de los trabajadores públicos, y la reducción progresiva de la edad de jubilación solo les afectará a ellos, pues para los demás, el factor clave es la cantidad de dinero que hayan sido capaces de ahorrar para que las afores les aprueben una renta vitalicia.

Según el modelo aprobado por el Gobierno, que primero prometió congelar la edad en la actual y finalmente concedió irla reduciendo cada dos años, los cambios más sustanciales se notarán entre 2028 y 2033, cuando la brecha entre la edad prevista por la actual ley y la de la reforma comience a agrandarse. Para 2034, la edad de jubilación para las mujeres estará en 53 (en lugar de en 60) y, para los hombres, en 55 (en lugar de 62). Deberán cumplir además 28 y 30 años de servicio, respectivamente. En total, esta medida supone un esfuerzo económico de unos 36.000 millones de pesos.

La última de las medidas que serán aprobadas sale del régimen de los trabajadores públicos en general y se centra exclusivamente en el sector educativo. El Gobierno prometió desaparecer el USICAMM, el sistema de carrera y promoción de los maestros, duramente criticado por los docentes porque obstaculiza que pidan el traslado a los centros educativos más cercanos a sus viviendas. “Con la entrada del USICAMM esto se volvió muy problemático, muy complejo y poco transparente, porque a algunos maestros sí se les daba el cambio y a otros no”, ha dicho Mario Delgado este lunes durante la Mañanera.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Ejecutivo en las escuelas del país, la mayoría del magisterio cree que el criterio de movilidad debe ser la antigüedad, y ese será “exclusivamente” el que tenga en cuenta el nuevo decreto, que además establecerá un mecanismo presencial, en lugar de virtual, para realizar la solicitud. Esto servirá de transición hasta dar con el modelo que sustituirá definitivamente al actual.

Estas tres medidas componen el paisaje de lo que Sheinbaum estaba dispuesta a ofrecerle a la CNTE en lo sustantivo. Los decretos con las promesas desembarcan esta semana, después del intenso mes de protestas, pero nadie ha firmado la paz. El sindicato izquierdista está haciendo balance de “qué se pudo hacer y qué se atoró”, en palabras de Hernández, y asegura que se están “preparando”. El próximo asalto pillará al Gobierno, a priori, sin nada más que dar, salvo una mano tendida y vacía. Las buenas palabras no han bastado al sindicato para calmar su demanda principal, una vuelta integral al sistema público de pensiones. Ese nudo los esperará cuando vuelvan a sentarse en la mesa de negociación.

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Sobre la firma

Elena San José
Periodista en la redacción de México. Antes estuvo en la sección de Nacional, en Madrid. Le interesan la política y la cultura, sobre todo la literatura. Es graduada en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialización en Teoría Política.
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