La Iglesia y el Gobierno pactan el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos que no puedan acudir a la justicia

La Iglesia y el Gobierno han llegado a un acuerdo para reparar a las víctimas de pederastia que no puedan acudir a la justicia, ya que la gran mayoría de los casos están prescritos.

El protocolo se firmará este lunes a las once de la mañana, según ha anunciado en redes sociales el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Hace diez días, cuando ya había un pacto, la jerarquía eclesial dio un paso atrás y se resistió a sellar el convenio, como tenían previsto hacer esa misma semana. Fuentes conocedoras del proceso señalaron entonces que había una discrepancia en las cuantías que debían abonar y también sobre si el Defensor es competente para revisar las indemnizaciones que la Iglesia ya ha pagado internamente, las cuales, según denuncian las asociaciones de víctimas, han sido, en muchas ocasiones, “ridículas y humillantes”. El protocolo marcará los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar dichas reparaciones.

El pasado 8 de enero, la Iglesia accedió a hacerse cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos bajo la supervisión del Estado. Ese día, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, firmaron un acuerdo con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en el que aceptaban que el Defensor del Pueblo fuera el organismo que revisase cada caso y estableciese las cuantías. La jerarquía eclesial podrá recurrir las resoluciones del defensor, pero aceptó que el organismo tenga la última palabra.

Bolaños aseguró esa mañana que tanto el Ejecutivo como la Iglesia se reunirían con Gabilondo para acordar cómo poner en marcha el modelo y que en un mes, a más tardar, volverían a rubricar otro convenio para decidir el baremo de las indemnizaciones, el asunto que más fricciones generaba, según la CEE. El acuerdo, sin embargo, ha tardado casi tres meses en llegar.

“Es necesario disponer de un sistema de reparación temporal, especializado y con criterios transparentes, que garantice el reconocimiento y reparación integral a todas las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que ya no puedan acceder a la vía jurisdiccional”, contempla el convenio firmado en enero, que señala que las asociaciones de víctimas participarán en los procedimientos.

La implantación del modelo de reparación llega tras el constante rechazo de la Conferencia Episcopal a hacer frente al escándalo y siete años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia. La labor de este periódico provocó, entre otras medidas, que el Congreso encomendase en 2022 por mayoría absoluta al Defensor un informe sobre la magnitud de los delitos y una batería de recomendaciones, entre las que se incluía la reparación de los afectados.

En otros países europeos, donde el Estado ha intervenido para reparar a víctimas de abusos en el clero, las cuantías van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda, donde el máximo establecido fueron 300.000 euros. La media europea está establecida en 35.000 euros. Si se aplica este último dato y el recuento de unas 2.000 víctimas que reconocen los obispos en sus informes, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones. El número de afectados, en todo caso, es mayor que el difundido por la CEE. La contabilidad de este diario, la única a falta de una oficial, computa 2.948 víctimas y 1.571 acusados.