El ‘caso Epstein’ sume al Reino Unido en una crisis institucional

El rey Carlos de Inglaterra y el primer ministro Keir Starmer no aparecen ni una sola vez en la infausta documentación desclasificada del pederasta Jeffrey Epstein, pero la última tanda de archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacudido los cimientos del armazón institucional del Reino Unido. Los tentáculos del financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019, en lo que la autopsia consideró un suicidio, apenas un mes después de ser arrestado por tráfico sexual, han provocado una crisis existencial que atenaza la continuidad del Gobierno de Starmer y la invulnerabilidad de una Casa Real que se ha visto forzada a garantizar su colaboración ante una posible investigación policial.

Las instituciones británicas han resultado las principales afectadas de un terremoto originado a 6.000 kilómetros de distancia. Mientras el Gobierno de Donald Trump ha salido por ahora relativamente indemne de los más de tres millones de papeles publicados a final de enero, Starmer permanece anclado en una batalla por la supervivencia en la que ha perdido ya a su mano derecha desde antes de asumir el liderazgo laborista y a su jefe de Comunicaciones en Downing Street, el cuarto en menos de un año.

Por ahora, la plana mayor de su gabinete mantiene públicamente un despliegue de unidad para cubrir socavones, pero la tormenta generada por los documentos de Epstein ha puesto fecha de caducidad a Starmer, un dirigente que en julio de 2024 obtuvo la segunda mayor victoria electoral en la historia del laborismo. Diecinueve meses después, su idoneidad para el cargo ha quedado cuestionada por su nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, un veterano político laborista con conocidos lazos con Epstein y actualmente bajo investigación policial por supuestamente filtrarle información confidencial del Ejecutivo británico.

Las especulaciones sobre el futuro del Gobierno acrecientan la percepción de inestabilidad que desde hace años asola al Reino Unido, un país que, hasta que Starmer entró en el Número 10, acumuló cinco primeros ministros en un lustro. La red sinuosa de Epstein ha vuelto a agitar el soporte institucional, con temblores que llegan incluso hasta la Casa Real, la gran roca de solidez en la argamasa institucional británica, actualmente en el disparadero por su gestión de los vínculos del expríncipe Andrés con el pederasta estadounidense.

Si el problema que Epstein ha ocasionado para Starmer es de credibilidad, el de la monarquía apunta directamente a su reputación, el activo primordial de la factoría Windsor. La crisis va más allá de la mala conducta del hermano del rey, desterrado al condado inglés de Norfolk para, apartándolo de la vista pública, tratar de eliminar la mácula que sigue proyectando sobre la Corona. A la espera de que la policía de Thames Valley decida si abre una investigación formal sobre las más recientes alegaciones, la Casa Real ha ejecutado una inusual estrategia preventiva que aniquila el mantra habitual de “nunca quejarse, nunca explicar” (‘never complain, never explain’): el rey y los príncipes de Gales han expresado públicamente su “profunda preocupación” por lo trascendido hasta ahora, pero Carlos III ha ido más allá, al garantizar que están “preparados” para colaborar con la policía.

Para el monarca, el conflicto es especialmente lacerante, por tratarse de un problema heredado. Frente a la permisividad de Isabel II ante los devaneos de quien siempre se dijo que era su hijo favorito, Carlos III ha demostrado que la corona pesa más que los lazos de sangre. Pero si la policía abre una investigación formal, el Palacio de Buckingham se vería en la incómoda tesitura de tener que compartir todas las comunicaciones relacionadas con Andrés, un proceso potencialmente embarazoso que podría revelar el alcance de cuánto conocía la Casa Real.

Visita privada a Buckingham

Entre los hechos analizados figura una segunda mujer enviada por Epstein a Londres para mantener relaciones sexuales con el por entonces príncipe. Según los papeles recientemente publicados, esta habría sido invitada a una visita privada a Buckingham y a tomar el té, por lo que, dados los protocolos de acceso al palacio, su presencia tuvo que ser registrada. Asimismo, en octubre la Policía Metropolitana evaluó las alegaciones de que Andrés habría consultado ya en 2011 con altos cargos palaciegos la posibilidad de activar una campaña de descrédito contra Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales en al menos tres ocasiones cuando era menor de edad.

La Casa Real admitió que las acusaciones eran “muy graves”, pero su falta de reacción ha hecho mella en la percepción pública, como evidencian las increpaciones que el rey ha sufrido en actos públicos recientes.

El descontento se extiende al primer ministro. Según una encuesta de la firma demoscópica Opinium, el 55% de los británicos cree que debería dimitir por el escándalo. Starmer ha dejado claro esta semana que no tiene previsto irse voluntariamente de Downing Street. Tras las bajas en su equipo, su estrategia para contrarrestar el escándalo es lamentar tanto en público como en privado haber designado a Mandelson embajador y denunciar las “mentiras” de quien duró apenas siete meses en el cargo, debido a la tormenta generada por su proximidad a Epstein. Su jefe de Gabinete hasta el domingo, Morgan McSweeney, dimitió por su “plena responsabilidad” al recomendar el nombramiento. Pero su sacrificio no ha bastado para levantar un muro de protección en torno a Starmer.

Las revelaciones más incómodas, aun así, podrían estar todavía por salir a la luz. El Gobierno tendrá que publicar decenas de miles de correos electrónicos y documentos enviados a la Embajada ante Estados Unidos en los meses que Mandelson ocupó el cargo, así como todas las comunicaciones con este antes y después de su nombramiento, incluyendo mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. El proceso llevará meses, pero se prevé que sea la mayor publicación de documentos confidenciales desde la comisión de investigación de la pandemia de la covid-19.

Enviar a Mandelson a Washington era una apuesta estratégica, pero arriesgada. Su perfil semejaba encajar en el recién inaugurado segundo mandato de Trump y, pese a su amistad con Epstein, su condición de homosexual parecía blindarlo de las alegaciones más graves, las relacionadas con la red de explotación sexual y tráfico de menores. Sin embargo, cinco meses después de su cese en septiembre, la nueva hornada de documentos desclasificados ha provocado la apertura de una investigación policial por filtración de información confidencial en 2009 y 2010, cuando Mandelson era ministro de Negocios bajo el mandato de Gordon Brown, un proceso similar al que se está analizando en el caso del expríncipe Andrés.

Las consecuencias se han dejado ya notar en la percepción de las autoridades. Si algo ha catalizado el caso Epstein es el debate sobre la capacidad de juicio de las cúpulas de poder, su idoneidad para ejercerlo y la aparente impunidad con la que operan. El veneno del pederasta estadounidense y su red de influencia logró permear hasta las altas esferas y, ayudado por personajes de ética cuestionable y con escrúpulos inversamente proporcionales a sus aspiraciones de riqueza, ha acabado emponzoñando a las instituciones más importantes del Reino Unido.