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Tras un año detenido sin cargos en Venezuela, la familia del cooperante italiano Alberto Trentini acusa al Gobierno de Meloni de inacción

Retenido en régimen de aislamiento en una cárcel de máxima seguridad de Caracas, solo ha podido comunicarse con su entorno en tres ocasiones

Armanda Colusso, madre de Alberto Trentini, y Alessandra Ballerini en Milán

Hace poco más de un año, Alberto Trentini fue detenido y encarcelado en Venezuela en circunstancias que todavía siguen sin esclarecerse. Este cooperante italiano de 46 años permanece en prisión desde el 15 de noviembre del año pasado, sin que se hayan presentado cargos formales, más allá de una imprecisa acusación de espionaje, ni se haya celebrado un juicio, tal y como denuncian su familia y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Trentini está retenido en régimen de aislamiento en el centro penitenciario El Rodeo I, en Caracas, una cárcel de máxima seguridad que ha recibido numerosas denuncias por violaciones repetidas de los derechos humanos de los detenidos.

Trentini, originario de Venecia, se encontraba en el país realizando labores humanitarias con la ONG Humanity & Inclusion, que trabaja con personas con discapacidades, cuando fue arrestado por las autoridades venezolanas cuando se trasladaba entre Caracas y Guasdualito, en la frontera con Colombia. Desde ese momento la información oficial ha sido escasa y ha llegado con cuentagotas. Poco se sabe del caso. Sus padres solo pudieron hablar con él por teléfono seis meses después de que fuera encarcelado. En este tiempo se han comunicado únicamente en tres ocasiones. El cooperante ha podido recibir la visita del embajador italiano en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, una sola vez.

La familia asegura que no ha recibido información clara sobre los motivos de la detención, las pruebas en su contra o el estado de un eventual proceso judicial.

El caso es delicado y en las negociaciones entre Italia y Venezuela rige el secretismo tanto porque los negociadores temen que cualquier información pueda obstaculizar las conversaciones como porque ha habido varias fases de estancamiento.

Recientemente, la familia de Trentini ha acusado públicamente al Gobierno italiano de no haber ejercido la presión diplomática necesaria para lograr avances en el caso. Este es uno de los aspectos más controvertidos del asunto. La madre del detenido, Armanda Colusso, asegura que, más allá de haber conseguido establecer contactos esporádicos con su hijo, no se han producido resultados concretos que ayuden a vislumbrar una solución o, al menos, una clarificación de la situación legal del cooperante. “Hasta agosto, nuestro Gobierno no había tenido ningún contacto telefónico con el Gobierno venezolano. Y esto demuestra lo poco que se han preocupado por mi hijo. Me surge una pregunta: si hubiera sido su hijo, ¿lo habrían dejado en prisión durante todo un año?”, ha afirmado la madre recientemente en una rueda de prensa.

Por su parte, fuentes del Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni se limitan a deslizar que el caso se está siguiendo “con atención” por la vía diplomática, sin entrar en más detalles. Los familiares interpretan esta posición como una muestra de inacción.

Colusso ha explicado que en este tiempo se han iniciado varios intentos de negociación y que han surgido numerosos problemas. También ha señalado que al inicio el Gobierno pidió a la familia que guardara silencio para no perjudicar la posición de Trentini, y que, en varios momentos, tuvieron esperanzas de una liberación cercana. Aunque cada vez lo ven más complicado. Entre otras cosas, la madre del cooperante ha planteado la posibilidad de que la actual tensión entre Estados Unidos y Venezuela podría haber perjudicado de alguna manera las negociaciones. Aunque insistió: “Estoy segura de que no se ha hecho todo lo posible por Alberto”.

La abogada que asiste a la familia, Alessandra Ballerini, ha calificado el caso como una “desaparición forzada”, como ha ocurrido con decenas de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, una de las principales asociaciones en defensa de los derechos humanos del país, en las cárceles venezolanas hay al menos 900 presos políticos, de los cuales unos 80 son extranjeros. Según Human Rights Watch, entre ellos hay ciudadanos españoles, franceses, colombianos y checos.

Atendiendo a numerosas denuncias, Nicolás Maduro utiliza el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros, acusados falsamente de formar parte de un complot para derrocar su régimen, con el fin de obtener algún tipo de reconocimiento y legitimidad política por parte de otros países. Esta práctica se conoce como “diplomacia de los rehenes”. Italia, como gran parte de la comunidad internacional, no ha reconocido la victoria de Maduro en las últimas elecciones, por lo que en estos casos los expertos consideran que el inicio de un diálogo institucional o algún tipo de reconocimiento político pueden ser factores de peso en las negociaciones.

Entre un grupo de presos extranjeros que el régimen de Maduro liberó este verano se encontraba un ciudadano suizo que contó al diario italiano Avvenire que había conocido a Alberto Trentini. Según su versión, habían coincidido primero en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y después en El Rodeo I. El hombre, que pidió permanecer en el anonimato, relató que dentro de esa prisión las condiciones son “horribles” y que les concedían 45 minutos de aire tres veces por semana. También señaló que los agentes los ataban a una silla con la cabeza encapuchada para obligarles a confesar un supuesto complot para derrocar a Maduro: “Me obligaron a firmar un documento en el que admitía delitos inexistentes. De lo contrario, no habría salido”. Añadió que el objeto de la negociación para su liberación se mantuvo en secreto y que solo pudo saber que “le había costado caro” a las autoridades suizas.

Las negociaciones para intentar desbloquear el caso de Trentini avanzan de forma discreta y a un ritmo lento, marcadas por avances puntuales y retrocesos que siguen sin ofrecer un horizonte claro. El pasado verano, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano dio un paso que la familia interpretó como un avance significativo con el nombramiento de un enviado especial para los ciudadanos italianos detenidos en Venezuela: Luigi Vignali, un diplomático de amplia experiencia. En un primer momento, su designación fue vista como una oportunidad para abrir un canal de diálogo más directo entre los Gobiernos de Italia y Venezuela, después de que las conversaciones parecieran haberse estancado. Sin embargo, en agosto Vignali intentó realizar una misión en Venezuela sin éxito, ya que no se le permitió siquiera reunirse con funcionarios de Caracas.

A principios de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Yván Gil, mencionó por primera vez de forma explícita el caso de Alberto Trentini en una entrevista con la cadena CNN. Entre otras afirmaciones, aseguró que el cooperante italiano estaba siendo juzgado, aunque no precisó de qué se le acusa. Estas declaraciones fueron la antesala de la visita del embajador italiano al cooperante en prisión.

Por otro lado, a finales de octubre, el papa León XIV proclamó santos a dos venezolanos: José Gregorio Hernández Cisneros y María Carmen Rendiles Martínez. A la ceremonia asistieron varias personas implicadas en la gestión del caso Trentini, entre ellas el embajador italiano Giovanni De Vito, el enviado especial Luigi Vignali y el subsecretario de Asuntos Exteriores Giorgio Silli, así como una delegación diplomática venezolana de la que formaba parte la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitza Santaella. No ha trascendido si durante ese encuentro se abordó el caso del cooperante italiano, aunque expertos en diplomacia apuntan a que Italia estaría tratando de implicar también al Vaticano como posible mediador.

La situación de Trentini recuerda a la de la periodista italiana Cecilia Sala, encarcelada durante 21 días en la prisión iraní de Evin a finales del año pasado. Aunque en el caso del cooperante no existe una contrapartida evidente en el centro de la negociación con Venezuela, a diferencia de lo ocurrido con Sala, cuya liberación estuvo vinculada a la puesta en libertad del ingeniero iraní Mohammed Abedini, detenido en Italia en cumplimiento de una orden de arresto internacional.

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Sobre la firma

Lorena Pacho
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid. Colabora con EL PAÍS desde Italia. Aprendió en Castilla y León Televisión, RTVE y la Agencia EFE. Máster en Periodismo en Televisión Instituto RTVE / URJC y Máster en Periodismo Internacional UNED / EFE Escuela.
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