80 ONG internacionales piden prohibir el comercio con los asentamientos israelíes de los territorios palestinos ocupados

Un total de 82 organizaciones internacionales de la sociedad civil han pedido este lunes la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes sitos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. La campaña, llamada Stop Trade With Settlements (“Detengan el Comercio con los Asentamientos”), exige a los gobiernos que aprueben leyes para impedir que las empresas ubicadas dentro de sus fronteras comercien con más de 340 emplazamientos en los que viven cerca de 700.000 colonos israelíes. La presencia de esos colonos en Jerusalén Este o en Cisjordania infringe el derecho internacional, según estas organizaciones, entre las que se encuentra Oxfam.

En el informe presentado este lunes, estas organizaciones subrayan que los lazos comerciales con los asentamientos israelíes refuerzan la continuación de la ocupación de los territorios palestinos. También apuntan hacia la responsabilidad que pesa en ese sentido sobre la Unión Europea, al tratarse del mayor socio comercial de Israel, con un tercio de sus relaciones comerciales. Y le reclaman que suspenda el tratado comercial con ese país hasta que este cumpla con las exigencias en materia de derechos humanos que contempla ese acuerdo.

En mayo, el Gobierno de Israel aprobó los planes para construir 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, que se sumarán a los 340 ya existentes —muchos de ellos, construidos sin la aprobación oficial del Ejecutivo israelí, aunque este haya permitido su levantamiento— y en los que viven unas 700.000 personas. En agosto, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu aprobó los planes para construir el E1, un proyecto de 3.400 viviendas que unirá los mayores asentamientos en Cisjordania con Jerusalén, seccionando así Cisjordania en dos mitades e interrumpiendo la continuidad territorial palestina.

La campaña de las ONG señala el choque entre las palabras y las acciones de las autoridades de Bruselas, del Reino Unido, de Canadá y de sucesivos gobiernos estadounidenses hasta el actual. Las organizaciones indican que todos esos países han considerado los asentamientos como “un obstáculo para la paz” o un elemento “inconsistente con el derecho internacional”. Pero, al mismo tiempo, “han impulsado la economía de los asentamientos”, ya sea comerciando con ellos o permitiendo que lo hagan las empresas ubicadas dentro de sus fronteras.

Empresa española

El informe menciona varias empresas europeas que tienen o han tenido lazos comerciales y financieros con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos. Entre ellas se encuentra la empresa alemana TUI, un conglomerado de compañías turísticas que ofrece visitas a los asentamientos israelíes a bordo de “un autobús blindado de las fuerzas ocupantes”, o Siemens, la tecnológica alemana, que suministra servicios a los asentamientos.

También aparece en esa lista la compañía transportista danesa Maersk, que ha colaborado con empresas vinculadas a los asentamientos, y la compañía de viajes española eDreams Odigeo y su filial Opodo, que han ofrecido hoteles y alojamiento en los asentamientos israelíes, según las ONG. El informe señala que tanto Maersk como Opodo han aplicado cambios en sus respectivas políticas en relación con los asentamientos, después de que la campaña les mostrara el contenido del informe antes de publicarlo este lunes. En el caso de la filial española, Opodo, ha retirado sus ofertas de alojamiento en los territorios ocupados.

Desde que Israel ocupó en 1967 la parte oriental de Jerusalén y Cisjordania ―que junto con la franja de Gaza son los tres territorios sobre los cuales la legislación internacional defiende que se debería establecer un Estado Palestino en el futuro―, sucesivos Gobiernos israelíes han promovido la transferencia de población israelí hacia esas zonas.

La propagación de asentamientos, que son ilegales a ojos de buena parte de la comunidad internacional, fractura el territorio palestino e imposibilita la visualización sobre el terreno de un hipotético hogar nacional palestino.

Durante los últimos años, varias organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, como el grupo israelí B’Tselem, han dado el paso de describir esta situación como un “sistema de apartheid” que defiende la supremacía judía de centenares de miles de colonos israelíes mientras oprime a unos tres millones de palestinos.

Tribunal Internacional de Justicia

Las 82 ONG señalan que terminar con el comercio internacional en los asentamientos es una necesidad “arraigada en el derecho internacional”. Y se hacen eco de lo ocurrido en julio de 2024, cuando el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) emitió una opinión consultiva en la que expresó que los Estados tienen “la obligación” de “abstenerse de establecer relaciones económicas o comerciales con Israel” en relación con estos asentamientos, así como con actividades que consoliden esa presencia ilegal.

El TIJ también urgió a los países a “tomar medidas” para impedir los lazos económicos con los asentamientos. En ese ámbito, la campaña propone que los gobiernos obliguen a los exportadores israelíes a que demuestren que sus productos no han sido elaborados total o parcialmente en los territorios ocupados. Y que, si no hay garantías, se abstengan de importarlos.

La Relatora Especial de la ONU en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, emitió un informe en junio en el que señalaba a empresas de distintos sectores, como el tecnológico, el armamentístico o el de la construcción, que “permiten la negación de la autodeterminación [y cometen] otras violaciones estructurales en los territorios ocupados palestinos, incluyendo la ocupación, la anexión y los crímenes de apartheid y genocidio”.

Las organizaciones impulsoras de la campaña, que dicen haber comprobado de primera mano “las consecuencias catastróficas” que los asentamientos ilegales tienen sobre las comunidades palestinas, alertan del deterioro de las condiciones de vida de los palestinos.

Esa tendencia alcanzó un punto de inflexión en 2023, después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu reaccionara a la matanza perpetrada por Hamás en territorio israelí con una serie de medidas —entre ellas, cerrar el grifo de la mano de obra cisjordana en Israel— que han duplicado en dos años las tasas de desempleo y de pobreza. La falta de trabajo afecta hoy al 35% de los palestinos de Cisjordania, según datos del Palestine Economy Policy Research Institute (MAS); y la pobreza, al 28%, según la Organización Internacional del Trabajo.

Entre los grupos firmantes de la campaña hay organizaciones de carácter religioso y otras del ámbito de los derechos humanos o la ayuda al desarrollo, como Pax Christi USA, Oxfam, Ligue des droits de l’homme o Global Justice Now.