España reclama a la UE limitar al máximo el diálogo con Israel y frenar el comercio por la masacre de Gaza

Europa no puede seguir de brazos cruzados mientras Israel continúa su brutal ofensiva en Gaza. Pese a la falta de consenso entre los Veintisiete para adoptar sanciones, España —y cada vez más países, entre ellos Francia, Suecia y Países Bajos— está convencida de que la UE puede y debe hacer más. Tanto con medidas comerciales —suspendiendo los intercambios con Israel— como políticas, según especifica el Gobierno de España en una propuesta que lleva este sábado a la cita informal de ministros de Exteriores en Copenhague. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, aboga por limitar el diálogo político con el Gobierno de Benjamín Netanyahu a “prioridades del derecho internacional”, como cuestiones humanitarias o la solución de dos Estados, hasta que Israel “revierta sus políticas habituales” en la Franja. Más allá de los Estados, también un pequeño grupo de comisarios europeos, entre ellos la vicepresidenta Teresa Ribera, muestran su malestar por la inacción ante la masacre de Gaza.

Con el enclave palestino en una situación límite, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, defenderá ante sus colegas europeos ese plan, que contiene una quincena de propuestas “inmediatas” de acción para la UE. La presentación se hará durante el Gymnich, la reunión informal de ministros de Exteriores que abre cada año el nuevo curso político tras el verano.

“La UE debe actuar ahora de una manera decisiva para incrementar la presión sobre el Gobierno de Israel para que actúe de manera constructiva y levante el bloqueo en Gaza y acepte la solución de dos Estados”, subraya Albares en una carta enviada en vísperas de la cita danesa a la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas. Se adjunta un documento de trabajo (non paper, en la jerga comunitaria) con la serie de propuestas de actuación a distintos niveles europeos para influir en el conflicto. Consciente de la división del bloque, incluye medidas que no requieren la unanimidad o una mayoría cualificada tras la que se ha escudado hasta ahora la Comisión para evitar dar nuevos pasos, después de que en julio fracasara su tímida primera —y hasta ahora única— propuesta formal, la de suspender la participación de Israel en parte del programa científico Horizon Europe.

España no llega a pedir la suspensión completa del diálogo político en el marco del Acuerdo de Asociación, como ya hizo a finales del año pasado el entonces jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aunque fue rechazado de inmediato por países como Alemania, que sigue siendo el principal freno a adoptar medidas a nivel de los Veintisiete. Pero sí considera que se puede, y debe, limitar ese diálogo.

“En las actuales circunstancias, y hasta que Israel dé marcha atrás en sus actuales políticas, la UE debe adoptar un enfoque distinto del habitual, dejando claro que cualquier diálogo político o cooperación estarán orientados en torno a resultados y se basarán en ellos”, señala la propuesta. Un diálogo, continúa, que deberá además “centrarse en un limitado número de prioridades basadas en el derecho internacional: ayuda humanitaria, combatir el antisemitismo, implementar la solución de dos Estados y prevenir y combatir el terrorismo”.

Presión inmediata

El documento español también deja claro que hay margen de maniobra —y que la Comisión ahí tiene que dar un paso decisivo que hasta ahora no ha dado— para proponer activamente otras vías de presión “inmediatas” y complementarias al paquete de diez “opciones” en el marco del Acuerdo de Asociación presentado por Kallas a comienzos del verano, tras constatarse formalmente que Israel no está cumpliendo sus obligaciones de respeto de los derechos humanos que condicionan el instrumento bilateral clave.

“Sin perjuicio de la posible implementación de otras medidas, la UE debería empezar por aquellas que solo requieren la implementación de legislación europea ya vigente o que pueden ser adoptadas de inmediato por las instituciones relevantes”, sostiene la propuesta española.

Entre otros, la Comisión debería “presentar de manera urgente un marco de medidas específico” para implementar la obligación de interrumpir el comercio de bienes y servicios con los asentamientos ilegales, de acuerdo con la opinión consultiva del la Tribunal Internacional de Justicia de 2024. De forma similar a la de España, en Copenhague Francia planteará aumentar los aranceles a productos de asentamientos, tal como se hizo con productos agrícolas rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania.

España va más allá y considera que Kallas puede proponer una “prohibición total de importaciones” de los asentamientos. Mientras, pide que la Comisión “presente medidas” para garantizar que se indica “expresamente” el origen de los productos alimentarios procedentes de territorio palestino ocupado (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este) y que analice también otros programas de cuya participación se podría suspender a Israel.

La mayoría cualificada para ciertas medidas no está aún garantizada, pese al endurecimiento del tono de países tradicionalmente aliados de Israel, como Alemania o Italia (este último incluso firmó una declaración conjunta a finales de junio con otros 25 países, también Austria, exigiendo el fin “inmediato” de la guerra en Gaza). Aun así, España quiere que la Comisión proponga una suspensión parcial —la parte comercial— del Acuerdo de Asociación y que se evalúe incluso la posibilidad de su suspensión total (que requeriría la unanimidad). También considera que el Consejo podría adoptar un embargo de armas a nivel europeo y que se podría elaborar un marco específico para “medidas europeas restrictivas contra personas que minen o saboteen la implementación de la solución de dos Estados, incluidas violaciones del derecho humanitario”.

España no es el único país al que se le agota la paciencia ante la inacción de Bruselas, pese a que la propia Kallas constató este viernes en Copenhague que “no hay mejoras” en la situación en Gaza. También Suecia y Países Bajos han solicitado por carta a Kallas “hacer más para incrementar la presión sobre el Gobierno israelí para que cambie de rumbo y cumpla sus obligaciones en derecho internacional”. Igual que España, piden la suspensión del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación y que se vuelva a votar la exclusión israelí de Horizon Europe, además de reclamar “sanciones contra ministros extremistas que promueven asentamientos ilegales y trabajan activamente contra una solución de dos Estados”, entre otros.

“Ha acabado el tiempo de las condenas, no es suficiente (…) Europa debe igualar sus condenas con acciones concretas contra Israel”, ha reclamado también el ministro de Defensa y Exteriores de Irlanda, Simon Harris, en Copenhague.

La presión para una mayor acción sobre todo de la Comisión, que es la principal responsable de presentar propuestas —y su presidenta, Ursula von der Leyen, lleva largo tiempo señalada y criticada como la principal responsable de frenar acciones contundentes contra Israel— no llega solo de las capitales. Las propuestas de España, Países Bajos, Suecia o Francia coinciden con lo que reclaman desde hace tiempo miles de trabajadores de las instituciones europeas mediante cartas y protestas ante la Comisión y el Consejo. A ellos se unieron esta semana, de forma inédita, más de 200 antiguos embajadores y altos funcionarios de la UE que también instan a la UE a tomar “medidas inmediatas” contra Israel.

Varios comisarios también han manifestado su desacuerdo con la falta de acción del Ejecutivo europeo —la más explícita, pero no la única, la vicepresidenta Teresa Ribera— y hasta cuatro de ellos han agradecido por carta a los funcionarios sus presiones a la Comisión, señalando la “urgencia” de actuar. Según ha podido confirmar este diario de varias fuentes comunitarias, además de la socialista Ribera, la misiva, enviada esta misma semana, está firmada por los liberales Marta Kos (Ampliación), Michael McGrath (Democracia, Justicia, Estado de derecho) y Hadja Lahbib, quien como comisaria de Gestión de Crisis ha condenado también públicamente la catastrófica situación en Gaza.

“En Gaza, el tiempo se acaba. La obligación de la Comisión y del Consejo es dar una respuesta urgente al problema más acuciante que tenemos y, por complejo que sea, debemos adoptar medidas efectivas y concretas, y debemos hacerlo ya”, afirma Ribera a EL PAÍS. “Cada Estado arrastra su historia, y eso explica las diferencias sobre cómo afrontar este drama. Pero lo que está claro es que existe una opinión pública europea muy mayoritaria que exige a las instituciones actuar. La ciudadanía se está movilizando para presionar a sus gobiernos nacionales, y en Israel la población encabeza manifestaciones para pedir a Netanyahu que ponga fin a este genocidio”, subraya. “¿Es frustrante no haber alcanzado todavía un acuerdo para aplicar medidas concretas? Sí, lo es. Pero no podemos rendirnos. Debemos seguir luchando y lograrlo. La Historia nos juzgará por lo que hagamos frente a este conflicto”, advierte.