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Los senadores republicanos piden que un fiscal especial investigue la acusación de Trump de que Obama “lideró un golpe”

El Gobierno desclasifica documentos que, según arguye la Administración, incriminan al expresidente en una conspiración para involucrar a su sucesor en la trama rusa de las elecciones de 2016

La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, este miércoles, durante su comparecencia en la Casa Blanca para implicar a Obama en "el bulo de la trans rusa".
Iker Seisdedos

El Gobierno de Donald Trump lleva desde hace días insistiendo en sus acusaciones al expresidente Barack Obama y a varios altos cargos de su Administración de que estos inventaron una falsa conspiración para exagerar la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, que ganó Trump. Este viernes, el propio Trump volvió a repetirlo: “La gente debería no pasar por alto que Barack Hussein Obama lideró un golpe”.

El día anterior, mientras, para disgusto del presidente de Estados Unidos, crecía la presión por el caso Epstein, un grupo de senadores republicanos, con mayoría en ambas cámaras, pidieron que el Departamento de Justicia nombre a un fiscal especial que investigue las decisiones de Obama durante el final de su segundo mandato. Trump las calificó el martes de “traición” y durante el fin de semana sugirió que vería con buenos ojos la detención de su antecesor, como parte de la campaña de vengarse de sus adversarios políticos que ha desplegado desde su regreso al poder.

La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, que ha desclasificado dos remesas de documentos, entre ellos, correos electrónicos de aliados de Obama, ha remitido al Departamento de Justicia una solicitud para que estudien si se le debería procesar penalmente.

Según Gabbard, “existen pruebas irrefutables” de que el expresidente y su equipo produjeron informes de inteligencia que perjudicaban a Trump y que sabían que eran ”falsos”. La información desclasificada estos días prueba que Obama ordenó que se investigaran los esfuerzos de Rusia para influir en las elecciones, pero no demuestra que diera instrucciones para que esas investigaciones llegaran a una conclusión específica.

El fiscal especial Robert S. Mueller presenta juramento antes de declarar en la audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, en Washington.

Los senadores Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Cornyn (Texas) tomaron la iniciativa de pedir un fiscal especial, que luego secundaron otros republicanos de la Cámara Alta. No está claro de qué manera creen que el trabajo de un abogado independiente nombrado por el Departamento de Justicia puede llegar a conclusiones diferentes a las de las varias investigaciones del Congreso, una de las cuales llevó a cabo un comité del Senado, y la comunidad de inteligencia. Todas ellas han coincido en que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, y que quienes orquestaron la campaña preferían que ganara Trump antes que Hillary Clinton.

“Un débil intento de distracción”

Un portavoz de Obama dijo en un comunicado este martes, después de que Trump acusara a su antecesor de traición: “Nada en los documentos publicados la semana pasada desmiente la conclusión, ampliamente aceptada, de que Rusia influyó en las elecciones presidenciales de 2016, pero no manipuló ningún voto”. También definió la operación como “un débil intento de distracción” en mitad del caso Epstein.

La llamada trama rusa giró en torno al presunto interés que tuvo Trump en el intento de manipulación del Kremlin de aquellas elecciones. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el FBI determinaron en enero de 2017 que el presidente ruso, Vladímir Putin, había orquestado una campaña de injerencia en los comicios con el objetivo de favorecer a Trump. Moscú siempre ha negado la acusación.

Aquel fue también el mes en el que la extinta web de noticias Buzzfeed News publicó el Dosier Steele, así llamado por su autor, Christopher Steele, un antiguo miembro de la inteligencia británica. El documento, de 35 páginas, citaba fuentes anónimas que afirmaban que existía una “conspiración” entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso, y que Moscú poseía una grabación del entonces candidato con prostitutas, y que lo estaban chantajeando.

La investigación de Steele la pagó la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Su bufete de abogados, Perkins Coie, contrató a una firma de detectives llamada Fusion GPS, que subcontrató a Steele para que hurgara en los negocios de Trump en Rusia.

Ante las sospechas de colaboración entre algunos miembros del círculo de Trump y el Kremlin, el FBI y el Congreso pusieron en marcha otra investigación, dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, para esclarecer si existió algún tipo de vínculo o coordinación entre ambos lados. El resultado de las pesquisas exoneró a Trump de sospechas, aunque dejó abierta la posibilidad de que hubiera incurrido en obstrucción a la justicia. Desde entonces, el republicano se refiere a aquello como “el bulo ruso” o ridiculizando la insistencia demócrata a base de repetir “Rusia, Rusia, Rusia”.

Obama y Hillary Clinton, en la Convención Demócrata de Filadelfia en 2016.

Según Gabbard, los documentos que acaba de hacer públicos prueban que Putin decidió no filtrar el material más perjudicial y comprometedor sobre Clinton antes de las elecciones. “Si hubieran querido ayudar a Trump, lo habrían hecho antes de la cita con las urnas”, dice un comunicado de prensa de la Oficina de la Directora de Inteligencia, que detalla eso que el presidente ruso se guardó, porque estaba convencido de que la demócrata iba a ganar: “detalles de reuniones secretas con múltiples organizaciones religiosas estadounidenses, en las que representantes del Departamento de Estado ofrecieron dinero a cambio de su apoyo” o “correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que detallaban que Hillary Clinton sufría ‘problemas psicoemocionales’, ‘ataques incontrolados de ira, agresión y alegría”.

“Supuestamente”, continúa el citado comunicado, “Clinton tomaba a diario ‘tranquilizantes fuertes’ y, aunque temía perder, seguía ‘obsesionada con su sed de poder”.

Las supuestas revelaciones de Gabbard han hallado poco eco en la prensa estadounidense así llamada tradicional, que ha interpretado los esfuerzos de la tránsfuga demócrata como intentos de congraciarse con el presidente tras caer en desgracia por negar que Irán estaba a punto de conseguir la bomba atómica y también de desviar la atención del caso Epstein. Los medios afines a Trump, en cambio, sí han dado un amplio seguimiento a la historia.

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Sobre la firma

Iker Seisdedos
Es corresponsal jefe de EL PAÍS en EE UU. Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al área cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El País Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.
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