La violencia entre las bandas criminales se desboca en Bruselas

En Peterbos, el mayor conjunto de viviendas sociales de la región de Bruselas, reina ahora la tranquilidad: los parques infantiles están llenos, decenas de adolescentes juegan a fútbol y baloncesto y un grupo de ancianos observa con atención una partida de ajedrez. El barrio, de algo más de 1.300 viviendas, divididas en 18 bloques, y unos 4.000 habitantes, es desde hace años una de las zonas más conflictivas de la capital belga. El miércoles de la semana pasada, casi 900 policías, llegados de distintos puntos del país, irrumpieron a mediodía en Peterbos en la mayor operación antidroga de la historia de Bélgica. El objetivo no era detener a personas concretas, sino registrar y sellar 270 viviendas vacías que los narcos supuestamente utilizaban para almacenar, cortar y empaquetar la droga.

Khadija, una mujer en la cincuentena que vive en el bloque de apartamentos número 17 y prefiere no dar su apellido, cree que la operación policial ha supuesto un golpe definitivo para las bandas que operaban en Peterbos. “Hace años que se nos estigmatiza a todos los que vivimos aquí, ahora ha quedado demostrado que eran solo unos pocos los que sembraban el terror en este barrio”, resume.

Mientras la violencia desborda la capital de Europa —en 2024 se marcó la cifra récord de 89 tiroteos, y este año todo apunta a que será peor— el número de crímenes desciende anualmente en las regiones de Valonia y Flandes. En esta última se encuentra el puerto de Amberes, junto al de Róterdam (Países Bajos), la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa.

“En mis 25 años de carrera profesional jamás había visto una operación policial como la de Peterbos”, sostiene por teléfono Michaël Dantinne, profesor de Criminología en la Universidad de Lieja. “La competencia entre los grupos criminales era muy intensa en esa zona de [el municipio bruselense de] Anderlecht, veremos cómo evoluciona en los próximos meses”. Dantinne considera que el resultado de la macroperación fue limitado: una veintena de detenciones, y algo de droga —no mucha— dinero en efectivo y una pistola incautadas. Aun así, cree que el principal objetivo era “enviar un claro mensaje a los delincuentes de que van a por ellos”.

Quien pretendía enviar ese mensaje es Julien Moinil, fiscal de Bruselas desde el pasado enero, un cargo que estuvo vacante durante cuatro años por las disputas político-lingüísticas tan frecuentes en Bélgica. Poco después de asumir el puesto, Moinil declaró que su objetivo era “restablecer el orden en una ciudad gangrenada por la criminalidad, con metástasis extendiéndose por todas partes”.

Tras la operación en Peterbos, el fiscal anunció que esta había sido la primera fase de un plan de cinco puntos para “devolver las zonas conflictivas de Bruselas a sus residentes”. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre las otras cuatro fases de su plan, “para evitar ofrecer a los delincuentes un manual de lo que está por venir”, y subrayó que “convertir Peterbos, y otros puntos críticos de Bruselas, en zonas seguras será un proyecto a largo plazo, que llevará años”. Moinil reconoció que existen vínculos entre las bandas criminales belgas y las de Marsella y anunció que el fiscal de la ciudad francesa viajará a Bruselas la primera semana de julio para debatir una posible colaboración.

El año pasado se catalogaron en Bruselas 16 hotspots —zonas especialmente peligrosas—. Como Peterbos, la estación de metro de Clemenceau, también en Anderlecht, es otro de los puntos a los que la policía presta especial atención. El pasado febrero, unas imágenes de Clemenceau dieron la vuelta al mundo: a las seis de la mañana, dos jóvenes encapuchados abrieron fuego, sin causar heridos, en los aledaños de la estación con dos Kaláshnikov, dando inicio a una serie de ajustes de cuentas entre bandas. Los agresores lograron huir por los túneles del metro, y varias líneas permanecieron cortadas durante buena parte del día. La semana siguiente, un joven de 19 años murió acribillado en el interior de la estación, a pesar de que había una patrulla policial a menos de 70 metros de distancia.

Hugo Dupont, un estudiante de Informática de 22 años, reconoce que pasa “un poco de miedo” cada vez que entra o sale de Clemenceau. “Durante unas semanas decidí usar otra estación, aunque me dejara más lejos de casa, pero esa no es una solución a largo plazo”.

División de competencias

El complejo sistema político belga —conocido como la lasaña institucional— no facilita el combate de la delincuencia. La enrevesada e ineficaz división de competencias entre el Ejecutivo federal, los cinco regionales y los municipios supone oxígeno para las bandas criminales. Además, la región de Bruselas lleva más de un año sin Gobierno: los distintos partidos políticos han sido hasta ahora incapaces de alcanzar un acuerdo tras las elecciones del pasado junio.

A menos de un kilómetro de Clemenceau se encuentra otro de los puntos más conflictivos de toda Bélgica: la estación de Midi, la más peligrosa de Europa. Por allí pasan más de 50.000 personas cada día, y parten trenes a Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Luxemburgo. El olor a marihuana se mezcla con el de la orina en unos alrededores de la estación plagados de suciedad y en los que son frecuentes las disputas entre mendigos. Midi se ha caracterizado por la inseguridad desde hace lustros, pero en los últimos tres o cuatro años, en los que la violencia de las bandas criminales se ha disparado en Bruselas, la situación no ha hecho más que empeorar.

Ashur Fadel llegó a Bélgica desde Siria hace casi un decenio. Desde hace seis años trabaja en un puesto de comida rápida en Midi. “Durante unos meses viví con miedo, pero creo que ya estoy inmunizado. La primera vez que vi un navajazo me quedé petrificado. Ahora ya he visto tres, el último hace unos meses. Llamé a la policía, pero tardaron más de 10 minutos en llegar”, narra Fadel con indignación. Un empleado de la estación, tras ser preguntado, asegura que tiene prohibido hablar con la prensa sobre la seguridad en Midi.

La policía federal es la responsable de la seguridad en el interior de Midi, pero en los alrededores es la local la que se encarga. La estación está situada en la intersección entre tres municipios: Anderlecht, Saint-Gilles y Villa de Bruselas. Los tres alcaldes critican la inacción del Gobierno federal y aseguran que hay una falta de interés en invertir en la capital.

El pasado noviembre se abrió una comisaría de policía en Midi, pero hasta el momento no ha supuesto un punto de inflexión. En la estación y sus alrededores se cometen unos 3.500 delitos al año, unos 10 diarios —además de todos los que quedan impunes—, una cifra mayor que la de la suma de las estaciones de las 13 principales ciudades flamencas.

Como ocurre en Suecia, en Marsella o en Nápoles, en Bruselas cada vez resulta menos excepcional que los crímenes sean perpetrados por adolescentes, inimputables penalmente. Dantinne incide en que hace unos años la mayoría de asesinatos los cometían sicarios profesionales. “Ahora hay bastante más gente dispuesta a matar a cambio de dinero, algunos son jóvenes y con nula experiencia, lo que se refleja en un aumento de las víctimas colaterales”, prosigue el profesor de la Universidad de Lieja. Se trata de un problema social que va mucho más allá de la criminalidad. “No podemos obviar el hecho de que cada vez hay más menores dispuestos a cometer esos crímenes, refleja la transformación del narcotráfico, pero también los problemas estructurales de la sociedad belga”, sentencia.