La prioridad extremeña no aparece en el pacto de PP y Vox

Hay una generación de extremeños que vio por primera vez a un inmigrante africano a principios de los ochenta en las fiestas del pueblo, vendiendo relojes falsificados al lado de los puestos de fruta glaseada. “Los moros”, concepto que englo­baba a todos, aparecían en las vísperas y se iban con el castillo de fuegos artificiales hasta el año siguiente. Los magrebíes sí llegaron a trabajar una década después al norte de Cáceres, cuando la generalización del consumo de tabaco rubio exigía más mano de obra y no había suficientes españoles dispuestos para la faena. Ese contexto explica que Talayuela, en Cáceres, tenga un 24,4% de población inmigrante, que contrasta con el 4,1% que hay en toda Extremadura, muy por debajo del 14% de la media nacional.

PP y Vox han firmado un acuerdo para gobernar Extremadura que traslada la idea de una emergencia que no se da en la comunidad autónoma; ni siquiera, en el municipio cacereño. Para hacer presidenta a María Guardiola (que ya se dejó buena parte de su credibilidad en su primera investidura negando a Vox en vano), el PP ha reventado cualquier esperanza de conducir su relación con la ultraderecha por una senda constructiva: el pacto pulveriza las supuestas líneas rojas del documento con el que Génova pretendía embridar el diálogo de los barones con Vox. Y no se ha hecho a espaldas de Alberto Núñez Feijóo: sus más estrechos colaboradores han estado sentados en la mesa de negociación.

Con el acuerdo, Vox ensancha su campo de juego. De entrada, Génova ya ha admitido la pretensión ultra de la “prioridad nacional” para que los españoles vayan por delante en el acceso de ayudas públicas y se ha comprometido a impulsar la reforma de la ley de extranjería para hacerlo posible. Si las encuestas están en lo cierto y Feijóo necesita a Vox para ser presidente, va a tener poco margen para zafarse de este compromiso, firmado además en plena ofensiva contra la regularización extraordinaria que ha puesto en marcha el Gobierno con el impulso y apoyo (nada desdeñable) de la Iglesia católica.

Porque en su arriesgada carrera para taponar la fuga de votos por su derecha, el líder popular desconcierta a muchos votantes católicos y se distancia del discurso del Papa, que tiene previsto ir en junio a Canarias a conocer de primera mano la crisis migratoria e incluso se plantea intervenir en el Congreso. No sabemos por dónde llevará ese discurso, pero sí que trasladó a los obispos españoles su preocupación por la “ideología de ultraderecha”.

Para Feijóo es mucho mayor la presión de Vox que la de la Iglesia y, en lugar de implementar políticas públicas para favorecer la convivencia con el migrante (en algunos casos, esos “moros” que eran esporádicos hasta hace nada en Extremadura), el PP ha optado por soluciones para problemas que no existen. ¿De dónde nace la necesidad de una unidad parapolicial para perseguir el fraude de los inmigrantes? ¿Qué dato lo sustenta? Hay una estadística que sí que es cierta: la agricultura supone el 7,7% del PIB extremeño, el triple que la media nacional, y los empresarios reclaman mano de obra de fuera. Y la fuga de jóvenes de Extremadura supera la de la mayoría de los territorios.

Esa grandilocuente Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva incluida en el acuerdo de gobierno solo es una excusa para que Vox extienda su marco xenófobo en una tierra de emigrantes. Hay un libro muy necesario del catedrático de Geografía e Historia, Joaquín Riera Ginestar (Emigrantes. La historia olvidada de la emigración a Europa (1960-1975), editado por Arzalia) en el que se encuentran pocas diferencias entre la inmigración que recibe hoy España y la que envió a Alemania, Francia o Suiza, en muchos casos de forma ilegal. A algunos extremeños de esa generación los cuidan ahora mujeres latinas, marroquíes o rumanas. Algunos todavía cobran la pensión que les reconocieron aquellos Estados después de años trabajando allí y conquistando derechos que PP y Vox les niegan a quienes son como ellos. Ni Extremadura ni la memoria parecen haber sido una prioridad en el acuerdo.