Confundimos democracia con votar. Recuperemos la idea de lo común

Nos hemos alejado de las buenas intenciones iniciales y acabamos confundiendo democracia con votar. Durante 1945, la idea de democracia se asoció a algo más que a elecciones: implicaba un compromiso con la igualdad y con la protección frente a los efectos excluyentes del mercado y de la competencia. Se incorporaron así en las constituciones de la posguerra sistemas de derechos sociales, negociación colectiva e instituciones internacionales que intentaban evitar que los inevitables conflictos se desbordaran. Esa arquitectura no era perfecta, pero transmitía la idea de que las mayorías podían influir en el rumbo de sus sociedades y que existían “amortiguadores” frente a las crisis. Nosotros llegamos tarde a ese modelo, pero llegamos. Ahí está el artícu­lo 9.2 de nuestro texto constitucional, que hace referencia a la participación política, social y cultural de los ciudadanos.

Hoy el contexto es muy distinto. Vivimos en pleno cambio de época y padecemos lo que Hartmut Rosa denomina “sociedad de la aceleración”. No es solo que la tecnología cambie rápido. Cambia el ritmo de casi todo: el trabajo, los modelos de negocio, los lenguajes, los marcos culturales. Lo que ayer era estable hoy queda obsoleto en pocos meses, semanas o incluso días. Esta aceleración no solo empeora la erosión ambiental, sino que crea desajustes permanentes entre la velocidad de los procesos económicos y tecnológicos, la capacidad de adaptación de la gente y la velocidad, mucho más lenta, de las instituciones democráticas.

Las democracias representativas están diseñadas para deliberar, negociar, rectificar. Sus procedimientos requieren tiempo: campañas, elecciones, debates parlamentarios, controles judiciales, trámites burocráticos. Sin embargo, los mercados financieros reaccionan en segundos, las decisiones geopolíticas se toman en ciclos muy cortos y las plataformas digitales reconfiguran estados de ánimo colectivos en tiempo real. El resultado es una sensación creciente de impotencia y desencanto: aunque se vote, las grandes decisiones parecen tomarse en otro lugar y en otra escala temporal.

Algunos autores describen esta situación diciendo que la democracia ha perdido las “tres patas” sobre las que descansaba. La primera era la existencia de un demos, un nosotros relativamente integrado: una población que, con sus diferencias, compartía referentes y se reconocía como sujeto colectivo. Hoy ese demos se fragmenta en burbujas informativas, identidades plurales y enfrentadas, territorios con experiencias vitales divergentes. Es más difícil construir una voluntad común. La segunda pata era una cierta autonomía del proceso democrático. Eso no significaba aislamiento, pero sí margen para que los gobiernos respondieran a sus ciudadanos sin estar atados por mercados financieros, tribunales de arbitraje o instituciones supranacionales opacas. Ese margen se ha estrechado. Cualquier desviación en política económica, energética o fiscal desencadena salidas de capital, sanciones, presiones diplomáticas o desconfianza de los mercados. La tercera pata consistía en mantener, como ideal regulativo, que la evidente desigualdad entre ricos y pobres no implicaba perder la oportunidad de influir en las decisiones públicas con el voto. Hoy, la concentración de riqueza y de poder corporativo otorga a ciertas élites una capacidad de influencia desproporcionada sobre leyes, regulaciones y agendas mediáticas. El voto no ha desaparecido, pero su capacidad de contrapesar ese poder se reduce y la legitimidad democrática se resquebraja.

Cabría esperar que aceleración e interdependencia se contrapesaran reforzando espacios de cooperación y de gobierno compartido: instituciones multilaterales, acuerdos regionales, mecanismos de coordinación global. Si poderes y problemas desbordan las fronteras nacionales, lo razonable sería fortalecer foros para negociar reglas comunes y gestionar conflictos. Pero ocurre lo contrario: crisis del multilateralismo y avance del unilateralismo. Los organismos amortiguadores —ONU, Organización Mundial del Comercio, acuerdos climáticos, foros como G-20— sufren bloqueos, pérdida de legitimidad o son instrumentos de competencia entre grandes potencias. A falta de reglas compartidas y espacios de arbitraje efectivos, los conflictos escalan con rapidez, sobre todo cuando algunos, como Trump o Putin, avivan el fuego constantemente. La aceleración tecnológica y económica estrecha las ventanas de tiempo para reaccionar, y muchos gobiernos optan por respuestas unilaterales, defensivas y cortoplacistas.

En este contexto florece un discurso muy explícito desde sectores del capital tecnológico: la idea de que “libertad” y “democracia” ya no serían compatibles. Cuando algunos multimillonarios de Silicon Valley dicen dejar de creer en esa compatibilidad, no se refieren a la libertad de la mayoría, sino a la libertad de las grandes fortunas y empresas para operar sin interferencias democráticas: sin regulaciones incómodas, sin cortapisas ambientales, sin impuestos progresivos, sin frenos a la explotación de datos o a la concentración de poder en plataformas. El diagnóstico crítico sobre el debilitamiento democrático se convierte así en defensa de una gobernanza tecnooligárquica.

Frente a ello, Hartmut Rosa propone, con la idea de “resonancia”, repensar la relación entre sujetos, instituciones y mundo: una sociedad en la que sea posible establecer relaciones no puramente instrumentales, donde uno sienta que su voz cuenta y que el entorno responde de manera significativa. Trasladado al terreno político, esto implica imaginar formas de democracia que no se reduzcan a un procedimiento frío de agregación de preferencias, sino que generen experiencias de escucha mutua, de cuidado y de corresponsabilidad.

Pero limitar la respuesta a este plano relacional y local parece insuficiente. Si la democracia se debilita porque pierde “patas” estructurales, las respuestas también deberían tocar estructuras. Al menos en tres frentes: quién manda sobre la riqueza, cómo se financia y se ejerce el poder público y qué espacios compartidos permiten contener los conflictos en un mundo interdependiente. Sin capacidad de gravar la riqueza extrema y las rentas del capital, los Estados quedan atrapados entre mercados financieros acelerados y demandas sociales crecientes. La combinación de renta básica garantizada con fiscalidad más progresiva y límites a la concentración de riqueza no es solo política social: es un límite a la capacidad de chantaje de las élites económicas sobre las decisiones democráticas. Un segundo frente es el de la profundización de la democracia representativa para volver a dotar de contenido la idea de que cada voto “cuenta uno”. El tercer frente es transnacional. Si los problemas desbordan las fronteras, necesitamos no solo “más Europa”, sino instituciones multilaterales con capacidad para fijar suelos fiscales, limitar la evasión, regular las grandes plataformas digitales y hacer exigibles los compromisos climáticos.

En este marco las escalas subestatales pueden ser espacios de cambio y de resistencia. Gobiernos locales que experimenten formas más directas de implicar a la ciudadanía, fórmulas de economía social que repartan poder de decisión y sistemas de propiedad y acción pública que recuperen la idea de lo común pueden funcionar como laboratorios y como base social para respaldar cambios en los ámbitos estatal y global. El ritmo de la política se acerca así al de la vida cotidiana sin renunciar a disputar las grandes estructuras. La cuestión es si seremos capaces de articular, desde abajo, pero también desde el Estado y entre Estados, formas de autogobierno arraigado que reconstruyan la experiencia de poder decidir desde un “nosotros” sin comillas. Sin avances el vacío será llenado por quienes consideran que el futuro pertenece a unas pocas manos guiadas por algoritmos y balances de resultados.