Tres millones de nuevos españoles con derecho a voto

Los italianos fueron los primeros en detectar el problema: sus leyes para conceder la nacionalidad a los nietos de italianos que hubieran emigrado podía llevar, en cascada, según el Ministerio de Exteriores y Cooperación, a crear entre 60 y 80 millones de “nuevos italianos” (Italia tiene ahora 59 millones de habitantes). Los expedientes de demanda de nacionalidad, sobre todo en América Latina, abrumaron de tal manera a los consulados que quedaron paralizados. Fue la nueva primera ministra, Giorgia Meloni, quien decidió “liberar” a las oficinas consulares y crear una oficina central para gestionar esa avalancha de solicitudes y, de paso, establecer discretamente algunos nuevos criterios restrictivos.

El problema, obviamente, no es solo italiano: en América Latina hay todavía más emigrantes y exiliados españoles, a los que también afecta la llamada “ley de los nietos” (formalmente Ley de Memoria Democrática), aprobada en 2022 y que extiende el derecho a la nacionalidad española a los descendientes en segunda línea. No se ha calculado el número de personas a las que podría afectar. De momento, hay entre 2,5 y 3 millones de solicitudes que, como en el caso de Italia, han colapsado los consulados. El de Buenos Aires gestiona 400.000 expedientes y hay otros 200.000 repartidos entre los consulados de Córdoba, Rosario, Mendoza o Bahía Blanca. Eso es solo en Argentina, pero hay que contar los casi 300.000 expedientes abiertos en Cuba, por ejemplo (donde ya hay unos 150.000 cubanos que obtuvieron la nacionalidad por ser directamente hijos de emigrantes, gracias a la anterior Ley de Memoria Histórica), y los presentados en el resto de América, especialmente en México, Caracas o Miami.

Esos casi tres millones de “nietos” transmitirán el derecho al sufragio a sus propios descendientes, bisnietos o tataranietos de emigrantes o exiliados españoles. La ley no les concede derecho a las mismas prestaciones sociales, salvo que lleven viviendo en España un número determinado de años, pero sí les otorga el derecho al sufragio. El gran número de esos nuevos españoles provoca problemas técnicos y logísticos. Conscientes de que los consulados son totalmente incapaces de poner en marcha esos expedientes dentro del plazo fijado por la ley (se cierra precisamente el próximo 22 de octubre de 2025), el Ministerio de Justicia aclaró que se considerarían presentados a tiempo todos aquellos que demostraran que habían solicitado cita para poner en marcha los trámites antes de esa fecha.

Al margen de los problemas técnicos, hay que afrontar también problemas de índole política. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció en su momento que cuando llegara a La Moncloa derogaría la Ley de Memoria Democrática, lo que constituye, además, una gran reivindicación del grupo de extrema derecha Vox, tal y como ha quedado demostrado en las comunidades autónomas donde existen acuerdos PP-Vox. Sin embargo, es posible que el PP pretenda “salvar” precisamente los artículos de esa ley que otorgan el derecho al voto a los “nietos”. Políticamente, esos centenares de miles de votos tienen una gran importancia. En Argentina, por ejemplo, si se cumplen las previsiones, vivirán más españoles con derecho a voto que en 22 de las 52 provincias españolas (incluidas Ceuta y Melilla), y en Cuba, más que en nueve provincias. Las pésimas circunstancias económicas de esos dos países ayudarán, muy probablemente, a que el número de solicitudes de nacionalidad sea, finalmente, muy alto.

El interés del Partido Popular por el voto exterior siempre ha sido grande, sobre todo en las comunidades autónomas donde gobierna, como Galicia, y donde el peso de ese voto es apreciable. De hecho, el PP es el único partido que tendrá una secretaría de españoles en el exterior, si prospera la propuesta presentada para el congreso popular que arranca en Madrid el 4 de julio.

El sistema electoral español es seguro y eficiente, y la integridad de la Junta Electoral Central, el organismo que tiene como función “garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación de la Oficina del Censo”, está demostrada a lo largo de los años. Los únicos problemas estuvieron relacionados, precisamente, con ese voto exterior. En el año 2011 se introdujo el llamado “voto rogado”, que exigía un proceso tan largo que, en el caso de las elecciones generales, solo entre un tercio y la mitad de los electores que pidieron votar logró hacerlo. En septiembre de 2022 se volvió a modificar la ley para suprimir esas barreras y recuperar, al menos, el nivel de participación anterior al mecanismo “rogado”. Un nivel que en poco tiempo puede aumentar exponencialmente.