Los primeros testigos del escándalo de las viviendas protegidas de Alicante ratifican la falta de control sobre las adjudicaciones del promotor

La plana mayor de los servicios territoriales en Alicante de la Consejería de Vivienda de la Generalitat ha protagonizado la primera jornada de declaraciones de testigos en el curso de las diligencias abiertas por una jueza para investigar las irregularidades en la asignación de viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización de lujo Les Naus. En sus declaraciones, los tres cargos convocados han reconocido que no existe una norma que exija a los promotores mayor control en las licitaciones y han confirmado que todos los expedientes de esta promoción los asumió el funcionario de Vivienda que fue suspendido de empleo y sueldo por favorecer a su mujer, beneficiaria de uno de los pisos.

Ante la titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante han comparecido el director territorial de Vivienda en Alicante, Juan Manuel Galbis, la jefa de servicio, Concepción Morillas, y el secretario adjunto, Vicente Caturla. Por petición de la fiscalía, han declarado los tres a la vez, como testigos peritos, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. En presencia de los abogados de PSOE y Ciudadanos, que ejercen la acción popular, y de la fiscalía Anticorrupción, los testigos han admitido la falta de rigor en los procesos de asignación de las VPP, destinadas inicialmente a personas que las destinaran a primera residencia y cuyos ingresos familiares no superaran los 54.000 euros.

Sin embargo, altos cargos del PP del Ayuntamiento y la Generalitat o sus familiares, como la concejala Rocío Gómez, los hijos de la directora general municipal María Pérez Hickman o la exesposa del jefe de gabinete de la consejería de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, entre otros, recibieron las llaves de viviendas de tres y cuatro habitaciones con trastero y garaje, que formaban parte de una urbanización con pistas deportivas, piscina y gimnasio ubicada en el distrito de la Playa de San Juan, una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Y por unos 200.000 euros, la mitad del precio medio en esa zona.

Según las declaraciones de los testigos, fue el promotor el que adjudicó “personalmente” los inmuebles, bajo unos requisitos que supervisa la consejería. Sin embargo, ratifican que no hay una normativa que exija a los licitantes un control exhaustivo del cumplimiento de estos requisitos. Como ejemplo, los altos cargos del gabinete que dirige la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, han señalado que los ingresos familiares y la obligatoriedad de que los inmuebles asignados fueran la única propiedad de los solicitantes se comprobaban a través de la renta y del registro de la propiedad. Pero en ningún caso se investigaba si el adjudicatario disponía de varias viviendas a nombre de una empresa en la que pudiera figurar como administrador.

Otra de las posibles rendijas por las que podía colarse una irregularidad consistía en que los miembros de la unidad familiar que accedía a los pisos solo se constataban a través de una declaración responsable de los solicitantes. Estas carencias de control sobre la adjudicación directa del promotor son las que han llevado, han dicho los comparecientes, a que la administración trabaje en una mayor regulación de estas adjudicaciones. En el caso de Les Naus, se trataba de la primera promoción de VPP en la ciudad de Alicante en dos décadas.

Galbis ha contado también cómo se descubrió la intervención irregular en el visado de Roberto Palencia, el funcionario de Vivienda que fue suspendido de empleo y sueldo, por facilitar el acceso de su mujer a una de estas viviendas. Según las fuentes consultadas por este periódico, el director territorial ha manifestado que le llamaron desde Valencia para preguntarle por “un nombre de mujer” que correspondía con el de la esposa de Palencia, funcionaria municipal. Al interrogar a su empleado, Galbis asegura que le contestó: “Lo siento mucho, la he cagado y asumiré todas las consecuencias”. Según los testigos, este funcionario asumió “por iniciativa propia” los 140 expedientes que formaban el total de la promoción de Les Naus y la tramitación se realizó de manera telemática. Pese a estas irregularidades, Palencia volvió el pasado lunes a su puesto.

Finalmente, la jueza ha solicitado a los comparecientes un informe sobre las VPP de lujo cuya asignación, en palabras del propio alcalde, Luis Barcala, es “un escándalo”. De esta documentación se encargarán los tres altos cargos citados hoy y cinco técnicos más de Vivienda, que deberán comparecer ante la instructora el próximo día 24. En declaraciones recogidas por Efe ante los juzgados de Benalúa, el abogado de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros ha señalado que la comparecencia de hoy es la primera de muchas para tratar de esclarecer la licitación de las VPP de Les Naus, “un botín para unos pocos”, a su juicio. “No puede ser que el resto de españoles tenga muy complicado el acceso a una vivienda pública”, ha sentenciado, y en el residencial alicantino se hayan saltado “todos los requisitos, sobre todo de documentación y económicos”.