La jueza que investiga las adjudicaciones de VPP de lujo en Alicante cita como testigos a tres altos cargos de la Consejería de Vivienda

La jueza que investiga la adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización de lujo de Les Naus, en la playa de San Juan de Alicante, ha citado a declarar a tres altos cargos de la dirección territorial alicantina de la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana.

Además, la instructora ha pedido al gabinete que preside la consejera Susana Camarero, mediante un oficio, que detalle el origen de unos informes aportados a la causa, es decir, si han sido elaborados por el secretario territorial adjunto de Vivienda o si ha recibido ayuda de otros empleados públicos, en cuyo caso deberá constar quiénes son y qué cargos ocupan en el organigrama institucional, según han adelantado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

Los tres responsables de Vivienda requeridos para declarar como testigos el próximo 15 de abril, son el director territorial de la consejería en Alicante, la jefa del servicio territorial y el secretario adjunto. Tres citaciones que responden a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso denuncia a partir de las diligencias preliminares incoadas a partir de otras cuatro denuncias recibidas en la sede del ministerio público, de Sumar, el grupo municipal socialista, el Ayuntamiento de Alicante y la Consejería de Vivienda. Todas las investigaciones previas se centralizaron en una sola instrucción, la de una denuncia registrada en sede judicial por el sindicato Manos Limpias.

La causa trata de indagar en las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de 140 VPP, la primera promoción de vivienda pública validada en Alicante en dos décadas, construidas en una parcela cedida por el consistorio en La Condomina, una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. Los pisos, de tres y cuatro habitaciones, con trastero y garaje, forman parte de la urbanización Les Naus, que cuenta con piscina, pistas deportivas, centro social y gimnasio, y se pusieron a la venta por precios que rondaban los 200.000 euros, la mitad de lo que suele ser habitual en esa zona. Algunas de las adjudicaciones, concedidas directamente por el promotor, recayeron en altos cargos municipales y de la consejería de Vivienda vinculados al PP. Al conocerse estas asignaciones, estalló lo que el propio alcalde de Alicante, Luis Barcala, calificó como “un escándalo”.

Cinco de estos altos funcionarios engrosan la lista de nombres contras los que se dirige la denuncia de Anticorrupción. La primera, la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las cooperativistas que obtuvo una vivienda, al igual que sus suegros, y que dimitió al día siguiente de que el caso apareciera en el diario local Información. La segunda era la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, que sigue ostentando el puesto de jefa del área municipal de Contratación. Dos hijos suyos y un sobrino constan como beneficiarios de la adjudicación. El arquitecto municipal Francisco Nieto, también socio cooperativista de Les Naus, es el tercer denunciado por la Fiscalía.

Ya fuera del ámbito estrictamente municipal, la cuarta persona señalada por Anticorrupción es Francisco Ordiñana, promotor de los pisos y administrador único de Fraorgi, la gestora de la cooperativa, que también se hizo con las llaves de una de las viviendas. Finalmente, la denuncia del ministerio público menciona a Roberto Palencia, el funcionario de Vivienda que visó los contratos de adjudicación, entre ellos uno para su mujer, arquitecta municipal, en el que no constaban sus propios ingresos para no sobrepasar el límite de renta establecido para cada grupo familiar que optaba a un piso, fijado en 54.000 euros.

La providencia de la jueza llega, precisamente, el día en que se ha constituido la comisión no permanente del Ayuntamiento solicitada por todos los grupos municipales, PP, PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Vox, para investigar lo sucedido en Les Naus y en cualquier otra promoción de VPP. El objetivo inicial, según queda estipulado, es “evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana”.

Entre una fuerte polémica por el retraso en la constitución de la comisión, así como por la celeridad que el equipo de Gobierno quiere dar a la investigación, los diferentes portavoces municipales han lanzado una batería de nombres sugeridos como comparecientes. Entre ellos, la exedil Rocío Gómez, citada unánimemente, el alcalde, Luis Barcala, la concejal de Patrimonio, Nayma Beldjilali, la conejera de Vivienda, Susana Camarero, y hasta el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. No obstante, el vicealcalde Manuel Villar ya ha alertado de las limitaciones de esta comisión, dado el procedimiento judicial abierto sobre el mismo asunto. “Podemos llegar hasta donde podemos llegar”, ha dicho Villar.