El aborto es un asunto económico

Tener un hijo es caro. Cometer un delito también es caro, ya sea porque pierdes oportunidades de percibir ingresos para evitar que te detengan, porque te gastas el dinero en abogados que te defiendan si te han pillado o porque vas a la cárcel, lo pierdes todo y al salir te es imposible encontrar trabajo por tener antecedentes. El aborto es un asunto económico porque, cuando no es legal, esas son las dos opciones que te quedan, si excluimos la de morirte, que podría decirse que es sumamente cara o que está completamente al margen del dinero. La posibilidad de morirte también está sobre la mesa, ya que con demasiada frecuencia ha habido mujeres que han muerto por no tener acceso a atención sanitaria reproductiva, incluidos abortos (por no hablar de no poder dejar a un maltratador, a quien los embarazos y los hijos pueden atarte más). La propagación por el país de leyes que prohíben el aborto significa que ahora las mujeres se enfrentan a más situaciones de este tipo.

No tener más opciones que morirte, cometer un delito o tener un hijo no es un argumento sensato ni ético a favor de la maternidad, y también se aleja bastante de tener ciertos derechos inalienables, incluidos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Además, ahora que en Texas y otros estados no se puede abortar prácticamente en ninguna circunstancia, es un asunto de justicia económica en el sentido de que no afecta igual a quienes disponen de los medios económicos para poder tomarse unos días libres, desplazarse a otro lugar para recibir asistencia y pagarla de su propio bolsillo que a quienes carecen de esos medios. Y quienes pueden permitirse un aborto en esas circunstancias también son quienes pueden permitirse una defensa ante una posible acusación penal.

Todo esto quiere decir que, además de un asunto de derechos humanos y de asistencia sanitaria, el aborto es un asunto económico y un asunto laboral, como han reconocido la federación sindical AFL-CIO y otros sindicatos. Por eso ha sido desconcertante oír a algunos hombres supuestamente progresistas decir que la gente debería dedicarse a hablar de la economía y no del aborto, como si la pérdida de derechos reproductivos no fuera un enorme golpe económico para cualquiera que se enfrente a la posibilidad de un embarazo no deseado.

El acceso a los anticonceptivos y al aborto sentó las bases para que las mujeres estadounidenses empezaran a reclamar la igualdad económica, laboral y educativa. Este objetivo aún está lejos de conseguirse, en términos generales, pero los derechos reproductivos redujeron la altura de las montañas y llenaron un poco las simas del terreno. Arrebatarles esos derechos vuelve a empujarlas a esos tiempos sombríos en que un embarazo no buscado y no deseado podía trastocar por completo una vida, poner fin a una educación, frustrar una carrera profesional, imponer una dependencia no deseada de la persona causante de ese embarazo: una época en que la libertad de decidir por una misma era una aspiración, no algo que se diera por sentado.

El fallo del Tribunal Supremo en el caso Dobbs, que el 24 de junio de 2022 revocó la sentencia Roe v. Wade que garantizaba el derecho al aborto, se tomó todo esto a la ligera. En la argumentación del fallo, adoptado por mayoría, se pretende hacer creer que tener un hijo ya no tiene un impacto social ni económico significativo. Entre las justificaciones de la sentencia, los jueces mencionaron que “las actitudes hacia los embarazos de las mujeres solteras han cambiado radicalmente; que la legislación federal y estatal prohíbe la discriminación por embarazo; que ahora los permisos por embarazo y nacimiento están garantizados por ley en muchos casos; que los costes de la atención médica relacionada con el embarazo están cubiertos por los seguros o por las ayudas públicas; que los estados han adoptado cada vez más leyes de “refugio seguro”, que, en general, permiten que las mujeres entreguen a los bebés de forma anónima, y que una mujer que da a su recién nacido en adopción tiene pocos motivos para temer que el bebé no vaya a encontrar un hogar adecuado.

En otras palabras, no hay razones para no tener un hijo no buscado o no deseado; total, no es para tanto.

Eso es mentir despiadadamente. El derecho a no tener hijos no es solo una cuestión del grado de aceptación social del que disfrutan hoy las madres solteras, y presentarlo de esa forma a la vez que se ignora el profundo y duradero impacto emocional, psicológico, físico, moral y económico de llevar adelante un embarazo durante nueve meses y dar a luz es una atrocidad. La discriminación contra las personas que pueden quedarse o que están embarazadas sigue ocurriendo pese a esa legislación; mucha gente sigue sin tener acceso a atención sanitaria durante el embarazo, y el que un bebé pueda entregarse no es una justificación para obligar a nadie a tenerlo. (…)

Una de las cosas más impresionantes de los debates en defensa del derecho al aborto han sido los testimonios de quienes han pasado por embarazos, abortos espontáneos y partos acerca de la extenuación e incluso el riesgo de muerte que pueden conllevar esas experiencias. Un embarazo puede dejar a una mujer incapacitada durante meses, lo que obviamente tiene unas consecuencias económicas devastadoras para una persona pobre que trabaje en la economía bajo demanda o, por ejemplo, en un salón de manicura o un restaurante de comida rápida. Puede ser una experiencia agotadora que afecte particularmente a la capacidad de realizar trabajo físico: tal vez una jueza pueda seguir trabajando a duras penas, pero una conserje no. Mucha gente se gana la vida con trabajos que exigen un gran esfuerzo físico (y que no incluyen beneficios como bajas por enfermedad o permisos de maternidad).

También tenemos que dejar de definir el aborto como un derecho independiente y atender a la criminalización del embarazo y de la maternidad, sobre todo entre las mujeres pobres y racializadas. (…) Asimismo, hay mujeres que fallecen a raíz de un embarazo o un parto y, a causa de la desigualdad en el acceso a atención médica, la mayor incidencia de muertes de este tipo se da entre las mujeres negras. Los embarazos y los partos también pueden provocar cambios físicos permanentes, incluidos dolores persistentes y discapacidades.

Según las noticias que nos están llegando, las leyes que permiten la intromisión legal en los aspectos más íntimos de un cuerpo y una vida ya están impidiendo que algunas personas busquen asistencia médica tras quedarse embarazadas e infundiendo un miedo justificado. La criminalización de quienes practiquen abortos está atemorizando al personal médico y afectando a su capacidad de prestar atención sanitaria. (…)

En las parejas heterosexuales, quienes sufren el impacto económico y laboral de tener hijos siguen siendo principalmente las mujeres. La mayoría de las que abortan ya son madres que están criando hijos; vivimos una crisis en el acceso a cuidados infantiles que, combinada con los largos meses en que los colegios estuvieron cerrados durante la pandemia, ha destruido la vida profesional y la independencia económica de muchas mujeres. Como señaló la congresista Alexandria Ocasio-Cortez a finales de septiembre de 2022, “cuando los poderosos obligan a la gente a dar a luz en contra de su voluntad, atrapan a millones de personas en bucles de reveses económicos y desesperación. Especialmente en un país donde la atención sanitaria no está garantizada. Y la gente desesperada es más fácil de explotar”. El Tribunal Supremo pretendió estar socavando el acceso a los derechos reproductivos porque no tienen un impacto significativo, pero, por supuesto, la intención que había detrás era la contraria: imponer las condiciones que hacen que las mujeres estén subordinadas en cuanto a derechos y a estatus económico.