Eligiendo la barbarie: se acentúa el deterioro institucional

El deterioro que están experimentado las instituciones del Estado queda muy en evidencia en el último estudio de Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la calidad de la democracia. No es que los ciudadanos no la aprecien (casi el 80% la prefiere a cualquier otra forma de gobierno), es que creen que la calidad de la democracia española es mala y va a peor. Prácticamente, ninguna institución alcanza el aprobado en la confianza de los ciudadanos, desde luego no el Gobierno central ni los autonómicos. Tampoco los medios de comunicación, percibidos como agentes de poderes políticos y económicos. Lo más preocupante, sin embargo, es el deterioro de los tribunales ordinarios de Justicia. Y del Tribunal Constitucional. El 78,5% cree que la Justicia no trata igual a ricos que a pobres y el 89,8% que trata mejor a los políticos que a los ciudadanos de a pie. Los tribunales ordinarios no alcanzan el aprobado en una escala de 10 y lo mismo sucede con el Constitucional, que se queda en un ramplón 4,2%.

Que se sepa, el Consejo General del Poder Judicial no se ha sentido concernido por esta pésima imagen de la Justicia, ni está estudiando los medios para ponerle remedio. Silencio y calma. Aquí no pasa nada. Tampoco parece que el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, esté calibrando el alcance de esta catástrofe ni pensando cómo conseguir que el Tribunal Supremo (empeñado en una destructiva guerra de competencias) y los partidos dejen de minar intencionada y brutalmente su credibilidad.

Los principales líderes de los partidos políticos tampoco parecen concernidos por estos descorazonadores resultados. El Partido Popular centra sus esfuerzos en su estrategia de brutal acoso al presidente Sánchez y ahora, además, en la realización de su congreso nacional, en julio. El momento elegido es bueno: atrae la atención sobre el PP en un momento complicado para el Gobierno y permitirá, si sale de acuerdo con lo previsto, apuntalar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, hasta ahora no totalmente asentado. Pero por mucho que se esfuerce por dar imagen de unidad y de estar preparado para hacer frente a sus ansiadas elecciones generales anticipadas, no habrá conseguido su objetivo si sigue sin resolver su principal dilema: cuál es y cuál será su relación con Vox. Todos los precedentes autonómicos demuestran que el PP asume las posiciones ideológicas extremistas de Vox para llegar al gobierno y ese sigue siendo su principal lastre a la hora de desmovilizar a la izquierda y atraer voto centrista.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Paso a paso y sin ningún sentido de la responsabilidad. Como se llega a la barbarie, como explicó José María Ridao en su libro La elección de la barbarie. El paso se ha acelerado en los últimos siete años por la negativa del Partido Popular a aceptar la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez al frente de una coalición con grupos independentistas y de izquierda. La brutal acometida del PP, que no tiene nada que ver con la clásica oposición y resistencia de carácter institucional que prevé la Constitución para los oponentes políticos del gobierno de turno, obliga al presidente Sánchez a hacer frente a obstáculos permanentes no derivados de su acción de gobierno, criticable en muchos aspectos, sino de actuaciones judiciales, acusaciones diversas, bulos y ataques orquestados basados en hechos externos a su actividad política. La situación se complica porque parte del Gobierno parece agotado, con ministros incapaces de neutralizar ese ambiente político y de revitalizar la vida institucional. El Gobierno necesita un nuevo impulso, reforzar las herramientas con las que hacer frente a la estrategia de demolición del PP. Sería el momento de considerar una renovación del gabinete, pero el presidente parece reacio a tomar esa decisión y, cuanto más tarda, más dificultades encuentra.

No ayudan a fijar los términos del debate político los medios de comunicación que, en términos generales, participan de esa batalla, bien intencionadamente, bien por incapacidad para huir de la trampa. Asombra, por ejemplo, que los medios públicos que denuncian correctamente la publicación de comunicaciones privadas sin interés público las reproduzcan una y otra vez, durante horas, actuando como formidables altavoces de lo que quieren denunciar. Es una muestra más de la enorme dificultad que encuentran los medios de comunicación, incluso los más profesionales, para hacer frente a las trampas que colocan los expertos en controlar el temario de la discusión pública.