Salvar la sanidad pública madrileña es una urgencia social

La sanidad pública madrileña atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Lo que durante décadas fue un pilar del Estado del bienestar, motivo de orgullo colectivo, se encuentra hoy sometido a un deterioro planificado y orquestado, fruto de las decisiones políticas del Gobierno del Partido Popular, que priorizan el negocio privado frente al derecho a la salud de la población.

Desde CCOO de Madrid llevamos años denunciando esta preocupante deriva de un sistema llevado al colapso y que no da respuesta a las necesidades reales de la población: falta de personal en hospitales y centros de salud, listas de espera interminables, cierre de camas, urgencias saturadas y profesionales exhaustos que abandonan el sistema público ante unas condiciones laborales cada vez más precarias.

Este modelo no es casual ni inevitable. Es el resultado de una estrategia planificada que ha priorizado la gestión privada nutriéndose de recursos públicos, debilitándolos para justificar su sustitución por el ámbito privado. La forma de actuar es clara, desviar dinero y atención sanitaria hacia intereses empresariales, un dinero que debería emplearse en fortalecer los servicios públicos. ¿Quién paga las consecuencias? La mayoría social que no puede permitirse pagar una sanidad privada.

Más de 8.600 millones en conciertos

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha destinado miles de millones de euros del presupuesto sanitario a empresas privadas que gestionan centros públicos concertados o concesionados. Solo entre 2019 y 2024, el Gobierno regional pagó más de 2.559 millones de euros por encima de lo que tenía presupuestado a Quirón Salud, Ribera Salud y otros conciertos, acumulando un gasto total de más de 8.651 millones de euros en conciertos sanitarios con proveedores privados.

Estos centros, como los gestionados por el Grupo Quirón (Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Villalba o la Fundación Jiménez Díaz) y el hospital de Ribera Salud en Torrejón, han visto crecer su facturación y su volumen de pacientes derivados desde otros hospitales públicos, reforzando un negocio que absorbe recursos y desangra la atención sanitaria pública tradicional, con la consiguiente desesperación de las personas usuarias.

Lejos de ser una solución a las listas de espera o a la saturación, este modelo ha generado perversos incentivos de mercado. Sirvan de ejemplo los audios conocidos recientemente del CEO de Ribera Salud sugiriendo aumentar deliberadamente los tiempos de espera para maximizar beneficios, priorizando los procedimientos más rentables y rechazando otros menos lucrativos. Esto convierte a la persona enferma en “cliente” atractivo”, y a la salud en mercancía. Ya lo anunció hace años el ex consejero de sanidad madrileño Juan José Güemes: la sanidad madrileña, una oportunidad de negocio.

Seguros privados

La importante contestación social contra los procesos de privatización, ha hecho que los diferentes Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid hayan cambiado de estrategia para conducir a la sanidad pública madrileña a un proceso de privatización silenciosa, profundizando en su deterioro para empujar a la población al aseguramiento privado.

Una estrategia que está produciendo un gran resultado; según el último informe de la patronal del aseguramiento, casi el 45% de la población madrileña, unos 3 millones de personas, ya disponen de un seguro médico, cifra que está muy por encima de la media nacional (25%). Un porcentaje que se ha disparado desde que Díaz Ayuso llegó al gobierno en 2019 (34,34%), aumentando los asegurados por el sector privado en casi 500.000 personas.

El resultado es una sanidad de doble rasero y profundamente desigual: mientras que una buena parte de la población con las rentas más altas recurre al aseguramiento privado para intentar reducir tiempos de espera o acceder amejores condiciones, el resto sigue padeciendo demoras inaceptables, saturación en urgencias y un deterioro general del servicio público, con personal exhausto, mal pagado y desbordado.

Estos datos ponen de manifiesto que algunas concesionarias privadas, con apenas control social y con mecanismos de transparencia limitados, reciben el equivalente a presupuestos enteros de varios centros públicos.

Defender la sanidad pública no es únicamente pedir más inversión; es exigir prioridades distintas, una gestión transparente, equidad real, condiciones laborales dignas y un modelo que anteponga las personas al beneficio empresarial.