No es modernización, es poder sin inversión

El anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) no construye un sistema de educación superior fuerte, equitativo y autónomo: lo recorta en financiación, lo somete en su gobierno y privatiza silenciosamente parte de su misión. Es una norma pensada para mandar sin asumir el coste de un servicio público estratégico.

Qué pretende realmente la ley

La LESUC se presenta como una gran ordenación de “universidades y enseñanzas superiores”. En los hechos, regula con detalle la universidad, deja vacíos sustantivos en la Formación Profesional (FP) de grado superior y enseñanzas deportivas, y uniformiza las artísticas sin atender su especificidad. Incluso el texto “definitivo” llega con anomalías formales —artículos ausentes en el bloque Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) y desfases en disposiciones—, síntoma de improvisación normativa. No es un detalle técnico: cuando una ley nace con lagunas y sobre extiende su título, lo que sí está muy claro es su orientación política.

El 1 % del PIB, la base de un sistema viable

La ley no fija el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en financiación pública universitaria. En su lugar, normaliza la autofinanciación: más tasas, más servicios de pago, más mecenazgo para cubrir lo que debería ser gasto público estable.

El Gobierno autonómico repite una objeción: “Madrid es muy rica; el 1% sería demasiado dinero; mejor medir por gasto por alumno”. Ese argumento no se sostiene por varias razones. Primero, porque el 1% del PIB mide el esfuerzo global, no euros por estudiante. Es el estándar que garantiza docencia, investigación, equipamiento y becas. Por otro lado, el gasto por alumno es útil para comparar eficiencia docente, pero no capta bien la inversión en investigación ni en infraestructuras—laboratorios, bibliotecas, digitalización—. Además, distorsiona con cambios de matrícula y con universidades muy investigadoras. El tercer argumento es que ser la región con mayor PIB no justifica aportar proporcionalmente menos, al contrario: quien más puede, debe liderar.

Sin 1% del PIB y con tasas altas, Madrid renuncia a competir en la liga europea de sistemas universitarios sólidos. El resultado es previsible: proyectos cortos, fuga de talento y dependencia del mercado para sobrevivir.

Autonomía bajo tutela

La LESUC condiciona la financiación a obligaciones informativas ajenas a la contabilidad, crea una Oficina de Control con fiscalización previa y sitúa al Interventor bajo el Consejo Social, no bajo el Rectorado. Eso desnaturaliza, y vulnera a nuestro juicio, la autonomía universitaria —constitucional y orgánica— y convierte la gestión en un circuito de permiso permanente. No es “transparencia”, es control político de las decisiones académicas y económicas mientras se exige neutralidad ideológica y se acusa de adoctrinamiento. Es decir y de nuevo, mentir a todo el mundo todo el tiempo.

Un sistema que investiga y forma a decenas de miles de personas no puede planificar si cada gasto estratégico está sujeto a veto previo. Se instala la autocensura: la mejor decisión deja de ser la mejor académicamente y pasa a ser la “más aprobable”.

Precarizar el profesorado para mandar

La ley no ofrece un plan de estabilización ni una carrera homologable para el Personal Docente e Investigador (PDI). En su lugar, une complementos y recursos a evaluaciones externas y objetivos definidos desde fuera. Con temporalidad alta y salarios precarios, la investigación de largo alcance se desincentiva. El resultado es la pérdida de talento hacia las privadas o hacia otras regiones.

Una universidad sin plantilla estable es como un edificio sin vigas: se sostiene un tiempo por inercia, luego cruje. Y cuando se tambalea, lo pagan los estudiantes, los profesionales, los grupos de investigación y la sociedad que deja de recibir transferencia de conocimiento.

Los campus, bajo vigilancia

Madrid mantiene tasas de las más elevadas del país y no corrige con un programa autonómico de becas potente —residencia, transporte, comedor—. La LESUC no propone bajar tasas ni blindar becas: en la práctica, el acceso se decide por capacidad de pago más que por mérito. Llamar a eso “libertad de elección” es un eufemismo: es libertad de pagar.

En lugar de fomentar la corresponsabilidad y la participación, se criminaliza la discrepancia y la protesta, con multas de hasta 100.000 euros que exceden la Ley estatal de Convivencia Universitaria. Se legisla desde la desconfianza y la sanción. El resultado es un campus bajo vigilancia, contrario al espíritu de libertad intelectual y diálogo.

Las enseñanzas superiores no universitarias, sin salidas

La ley se adorna con FP de grado superior y enseñanzas deportivas, pero no las ordena: ni red pública, ni profesorado, ni financiación propia. La jugada es transparente: parecer árbitro del espacio postsecundario sin regulación ni asumir costes.

En las artísticas superiores —música, danza, arte dramático, diseño, conservación— la integración es formal, pero sin plan de modernización, estatuto docente ni criterios de calidad específicos. La colaboración con la universidad es unidireccional, el profesorado universitario entra; el artístico no. Y el distrito único de prácticas abre el uso de recursos públicos por parte de centros privados sin reciprocidad. Resultado: precarización de la red pública y transferencia silenciosa de prestigio al sector privado.

El juicio político

La LESUC responde a una lógica: centralizar poder y visibilidad, evitar compromisos presupuestarios y equiparar lo público y lo privado bajo la retórica de la “coordinación”. No mejora, somete. No invierte, tutela. No garantiza derechos, los condiciona.

Un rumbo alternativo: cinco decisiones de planificación

• Contrato-programa 1% del PIB. Cubrir el 100% del gasto corriente universitario, plan de inversiones plurianuales y cumplimiento del 5% mínimo del presupuesto universitario dedicado a investigación.
• Tasas a la baja y becas fuertes. Primera matrícula tendente a gratuidad, becas autonómicas de residencia y transporte, y cláusula de progresividad que impida que las tasas sustituyan financiación pública.
• Estabilidad del profesorado. Con calendario de estabilización, complementos autonómicos transparentes y criterios que premien la investigación a largo plazo, no la burocracia de corto.
• Autonomía con rendición de cuentas. Consejos Sociales equilibrados, libertad de gasto ordinario y de I+D dentro del contrato-programa, y una agencia evaluadora independiente con estándares diferenciados para artísticas.
• Ordenación del espacio superior. Capítulos completos para FP de grado superior y deportivas —red pública, profesorado, financiación, prácticas con prioridad pública y reciprocidad con privados—, y un plan de modernización de las artísticas superiores —infraestructuras, estatuto docente y movilidad bidireccional con la universidad—.

Conclusión

La comunidad con el mayor PIB de España no puede usar su riqueza como coartada para invertir proporcionalmente menos en conocimiento. La LESUC es poder sin inversión. Madrid necesita exactamente lo contrario: inversión con autonomía. Porque la universidad pública no es un gasto a contener, es el futuro a construir. Y el futuro de los madrileños no se privatiza, o es para todos o no es.