La Fiscalía pide 13 años de cárcel para el exmilitar español que espió a Assange para la CIA

La Fiscalía solicita 13 años y medio de prisión para David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. El fiscal le acusa de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. La petición de la acusación pública es similar a la formulada por los abogados de Assange, salvo el delito de falsedad documental, que en el caso del fundador de Wikileaks eleva la solicitud a 20 años y medio de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, instructor de las diligencias previas, ha dictado este lunes la apertura del juicio oral contra el infante de Marina, director y propietario de la empresa de seguridad UC Global S.L. con sede en Jerez de la Frontera. Esta compañía fue contratada por el Gobierno de Ecuador para encargarse de la seguridad de su embajada en la capital británica entre 2015 y 2018.

Las diligencias judiciales se iniciaron en 2019, después de que una investigación de EL PAÍS publicara los audios y vídeos grabados por trabajadores de UC Global S.L. al ciberactivista australiano en los años en los que permaneció recluido en la embajada. Semanas después de estas revelaciones, Morales fue detenido y ha permanecido desde entonces en libertad provisional.

El escrito del fiscal Pedro Martínez Torrijos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que la embajada contaba con un circuito cerrado de televisión con cámaras sin sonido, cuyo único objeto era vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble. Pero Morales, entre junio y julio de 2017, creó una pequeña unidad de trabajadores a los que ordenó recopilar información y sustituir las cámaras por otras con capacidad de grabar audio. También instalaron filtros de sonido para eludir la máquina de ruido blanco que activó Assange para evitar que se grabaran sus conversaciones con sus abogados.

El fiscal destaca que, sin avisar a Assange de estos cambios, se colocaron dos micrófonos, uno de ellos en la base de PVC del extintor de la sala de reuniones donde el ciberactivista australiano preparaba su defensa con sus letrados. Morales ordenó a sus trabajadores que habilitaran un sistema de streaming en las nuevas cámaras para que se pudiera controlar en tiempo real todo lo que ocurría dentro de la embajada. El fiscal incide en que dicho sistema tenía dos canales, “uno oficial para Ecuador, y otro para personas desconocidas a los que el acusado se refería como los amigos de Estados Unidos”. Los trabajadores retenían los teléfonos de los visitantes, los fotografiaban y copiaban sus números de IMEI y sus mensajes.

La larga investigación judicial ha intentado determinar si Morales facilitó toda la información a la CIA. Dos testigos protegidos, extrabajadores de UC Global S.L., han declarado en la causa que el cliente americano era ese servicio de inteligencia de EE UU. La justicia estadounidense no ha respondido a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado, y un juez de Nueva York se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional para no responder a una demanda presentada por abogadas estadounidenses que fueron espiadas cuando visitaban a Assange. El magistrado ha archivado la denuncia señalando que de no hacerlo “podría poner en peligro la seguridad de EE UU”.

La Fiscalía destaca que el equipo creado en Jerez de la Frontera se desplazaba a Londres para recoger las grabaciones, y que recopiló y almacenó información confidencial de Assange durante sus reuniones con médicos, periodistas y abogados, entre otras personas. Este operativo de espionaje afectó también a trabajadores de la embajada, personal diplomático y personalidades como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el cónsul Fidel Narváez y Stella Morris, entonces pareja del fundador de Wikileaks y hoy su esposa, entre otras personas.

El fiscal solicita para Michel Gaston Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global S.L., que participó en el espionaje, tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, pide para la empresa la prohibición de realizar labores de seguridad o custodia de edificios públicos durante 10 años.