El juez Pedraz envía a juicio al exmilitar español que espió a Julian Assange para la CIA

Tras seis años de instrucción, el juez Santiago Pedraz ha concluido la investigación sobre el espionaje de una empresa española a Julian Assange y conduce hacia juicio oral a su responsable, el exmilitar español David Morales, al apreciar indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Las diligencias judiciales se iniciaron en 2019, después de que una investigación de EL PAÍS publicara los audios y vídeos grabados por trabajadores de UCE Global S.L. al fundador de Wikileaks y a sus abogados entre 2012 y 2019, los años en los que permaneció recluido en la Embajada de Ecuador en Londres donde la empresa de Morales se ocupaba de la seguridad. Semanas después de estas revelaciones el exinfante de Marina fue detenido y ha permanecido en libertad provisional.

Morales, dueño de UCE Global, ordenó a sus trabajadores colocar cámaras y micrófonos en la sede de la legación diplomática y grabar las conversaciones de Assange con abogados, médicos, periodistas y cualquiera de las personas que le visitaron. El material, incluidos informes de cada visita, se archivaba en un servidor central de la empresa en su sede de Jerez de la Frontera.

El auto del magistrado describe que la empresa de Morales había suscrito un contrato en 2015 con el Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador (SENAIN) y contaba con un circuito cerrado de cámaras de televisión sin sonido con el único objeto de garantizar la seguridad del inmueble. Pero, entre junio y julio de 2017, el exmilitar creó una unidad de trabajadores y ordenó que recabaran y recopilaran información dentro de la embajada, cambiaran las cámaras y grabaran las conversaciones de Assange. “Instaladas las cámaras se colocaron filtros de sonido para sortear los mecanismos que pudieran activar por Assange para provocar distorsiones”, dice el documento.

Pedraz destaca que los letrados del activista australiano preguntaron a los trabajadores de UCE Global si las nuevas cámaras grababan sus conversaciones y que estos lo negaron. El juez concluye que las reuniones de Assange con sus defensores fueron grabadas en numerosas ocasiones. El magistrado incide en que Morales pidió a sus trabajadores que no revelaran ningún detalle del nuevo sistema. “Durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos que las habilitaran en streaming (sistema de acceso externo) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía dentro de la embajada. Pretendía abrir dos canales de streaming para el acceso online, uno para Ecuador y otro para los amigos de Estados Unidos”.

La investigación judicial ha intentado determinar si el receptor de esa información era la CIA. Una querella presentada en Nueva York contra Mike Pompeo, exdirector de la agencia de inteligencia, por varios abogados estadounidenses espiados cuando visitaron a Assange determinó que la agencia no podía responder a sus preguntas porque pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos. El juez John G. Koeltl desestimó la demanda invocando el secreto de Estado y por el “grave daño para la seguridad nacional” de ese país si se revelara esa operación de inteligencia.

Durante los años en que se produjo el espionaje, Assange y sus letrados diseñaban su defensa frente a la petición de extradición de Estados Unidos por revelar información secreta de las guerras de Afganistán e Irak. La investigación judicial ha acreditado numerosos viajes de Morales a Estados Unidos y el envío de información a servidores relacionados con servicios de inteligencia estadounidenses. La Justicia de ese país no ha respondido a ninguna de las comisiones rogatorias que ha enviado el magistrado.

Otros afectados

El auto de Pedraz señala que el espionaje afectó también a trabajadores de la embajada y a otras personas que visitaban a Assange como familiares y sus médicos. Cita también a Stella Morris, la actual mujer del fundador de Wikileaks, al expresidente de Ecuador Rafael Correa y sus hijas, al diplomático Fidel Narváez y a varios de los periodistas que le visitaron. Y destaca que se documentaron reuniones entre Correa, el exjuez y abogado Baltasar Garzón y los dirigentes políticos, Pablo Iglesias, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff o José Mujica.

El indicio de un presunto delito de cohecho lo sustenta el juez en que el dueño de UCE Global hizo pagos periódicos y de cuantías elevadas a varios funcionarios ecuatorianos. Los abonos se hicieron en efectivo y mediante transferencias bancarias y se canalizaron por intermediarios y estructuras opacas.

La falsedad documental la apunta al señalar que desde su posición privilegiada Morales fabricó credenciales falsas. En el registro de la policía en su domicilio de Jerez de la Frontera se encontraron armas de fuego manipuladas y con la numeración borrada.

Pedraz concluye la fase de investigación, da un plazo a la Fiscalía y acusaciones para que presenten sus escritos de acusación y aboca a David Morales y a Michel Wallemacq, exjefe de operaciones de UCE Global, a juicio oral. El exmilitar tiene otro frente judicial abierto en el juzgado número 43 de Madrid donde se le investiga por un presunto delito de estafa procesal y falsedad documental.