El laberinto en el que se ha metido Almeida: pasos que debe seguir para no aprobar el texto sobre el aborto que votó

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, busca ahora la salida del laberinto en el que se ha metido. Primero, su partido permitió el martes en el Pleno que saliera adelante una propuesta de Vox para difundir información “de manera obligatoria” sobre las supuestas consecuencias negativas que causa el aborto voluntario en las mujeres. Alcoholismo, depresión, aislamiento social o agresividad eran algunos de los síntomas recogidos en el texto bajo el término de “síndrome posaborto”. Dos días después de que el PP lo aprobara, el alcalde se ha desdicho al admitir que ese supuesto síndrome “no tiene soporte científico” y que la información que dará el Consistorio será solo a las mujeres que la soliciten y en los términos que decida su partido, apoyado en los profesionales del Ayuntamiento, lo que contradice el acuerdo plenario. ¿Qué alternativas tiene ahora el regidor para dar marcha atrás? La ley, en principio, es clara: está a tiempo de no seguir adelante.

El texto aprobado sobre el síndrome posaborto era una proposición de un grupo político de la oposición―Vox― y, por lo tanto, no tenía un carácter vinculante. Según los expertos juristas consultados por este periódico, no ocurre lo mismo con todos los acuerdos a los que se llega en el pleno. El Ayuntamiento sí tiene la obligación de cumplir aquellos que hayan pasado previamente por la Junta de Gobierno ―el equivalente municipal al Consejo de Ministros― como ocurre con las ordenanzas o los presupuestos. En este caso, no ha pasado todavía por la Junta de Gobierno ni se ha elaborado una ordenanza, requisito indispensable para que empiece a tener efectos prácticos.

Gracias a eso, Almeida tiene ahora una opción fácil que consiste, simplemente, en dejar caer en el olvido la propuesta. Es decir, guardar la votación en el cajón, no llevarla a sus servicios jurídicos, no elaborar una ordenanza y, en definitiva, que la propuesta no se materialice y nunca eche a andar.

Ya hay precedentes en los que el partido dirigido por Almeida actuó así en el Ayuntamiento. En 2023 aprobó una propuesta del PSOE para sustituir de manera urgente las aceras-bici por carriles bici segregados, algo que dos años más tarde todavía no se ha puesto en marcha.

No es el único caso. Más Madrid presentó una proposición para desmantelar el scalextric de la M-30, el puente que conecta el distrito de Vallecas con el de Retiro, que fue aprobada por unanimidad en el salón de plenos en marzo de 2021. Cuatro años después de aquello, el partido de izquierdas sigue reprochando al Gobierno de Almeida no haber cumplido con su palabra.

Lo mismo ocurrió con otra propuesta del grupo de Rita Maestre el año pasado, meses antes de que comenzara el verano, para adaptar los centros escolares al cambio climático a través de reformas que ayudaran a bajar la temperatura en las aulas. Otra iniciativa que salió adelante con los votos a favor de Más Madrid, PSOE y PP, pero que todavía no se ha bajado a tierra.

Según fuentes del PSOE, en el caso de que el PP quiera seguir ese mismo camino de no hacer nada, existe un matiz que complica aún más al alcalde: “Como es un tema que alude directamente a los derechos de las mujeres, puede ser recurrido ante los tribunales”. Los socialistas insisten en que el hecho de que se haya aprobado genera una vinculación jurídica, y una denuncia podría tumbar la iniciativa aprobada.

Pero si, por el contrario, el PP de Almeida quiere seguir adelante con la idea de “informar a las mujeres de las consecuencias del aborto”, tiene dos vías para hacerlo: seguir los postulados que votó (el texto recoge explícitamente que la información se dará “de manera obligatoria” y que se hará de acuerdo a la definición de Vox de síndrome posaborto) o informar solo a aquellas mujeres que lo soliciten y según los parámetros de sus servicios jurídicos. La primera opción parece descartada, según el propio alcalde. La segunda requiere varios pasos intermedios: esperar al siguiente pleno (o convocar uno extraordinario), plantear una alternativa al texto de Vox, votarla con su mayoría absoluta y sacarla adelante con una ordenanza.

Según varios expertos consultados por este periódico, la manera de blindarse ante un eventual varapalo judicial sería presentar una nueva proposición para dejar sin efecto el acuerdo con Vox. Sería una salida “neutral”, aunque se encontraría la oposición frontal del partido ultra.

Los populares no muestran de momento sus cartas y cierran filas en torno a la última postura expresada por el alcalde de la capital. Preguntada sobre los próximos pasos que dará el grupo municipal, la vicealcaldesa se ha remitido a las últimas palabras de Almeida sobre el asunto. “No tengo mucho más que añadir”, ha dicho este jueves. Fuentes del equipo del regidor consultados por EL PAÍS repiten la misma consigna sin dar ninguna pista de cómo van a proceder a partir de ahora. “Estamos de acuerdo en dar la información a las mujeres, pero esa información no la determinará ni el PP ni Vox, sino los profesionales del Ayuntamiento”.

Esos profesionales son los trabajadores de Madrid Salud, los espacios de Igualdad ―CIAM―, Samur Social y los servicios sociales, que han reconocido a este periódico que no están capacitados para dar una información sobre el aborto que no cuenta con un respaldo científico.

Tanto ha escalado la preocupación dentro del gremio que el propio Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid emitió este miércoles un comunicado en el que aseguraban que hablar de un supuesto síndrome posaborto contradice los principios éticos de la profesión. “Se hace un llamamiento a las instituciones a garantizar marcos de actuación que protejan la autonomía personal”, exigen en el texto los representantes del colegio, en el que aluden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Código Deontológico por el que se rigen, a la Ley de Salud Sexual y a la Ley de Autonomía del Paciente.

También se ha pronunciado al respecto el Colegio Oficial de Educadores Sociales que, aunque el acuerdo no les afecte de lleno, temen que de algún modo les pueda “salpicar”, explica su presidente, Adolfo Rodríguez. “Rechazamos la difusión de mensajes sin sustento científico, especialmente en situaciones sensibles como las que afectan a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo”, señalan.

El voto del PP a la propuesta de Vox pilló por sorpresa al resto de grupo del salón de plenos. Nadie esperaba que el partido conservador fuera a apoyar la propuesta de los ultras cuando gobierna con mayoría absoluta y no necesita sus votos para sacar adelante ninguna iniciativa. Sobre todo, porque en el congreso del PP celebrado en julio el partido había eludido posicionarse respecto al aborto al tratarse de un tema que genera divisiones entre el ala más dura y la más moderada.

La decisión de Almeida de secundar la propuesta de Vox ha forzado a Génova a determinar su posición respecto al tema del aborto y la decisión fue al principio cerrar filas con el regidor madrileño. “La información nunca es un problema”, defendió la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz. Un día después, el grupo el bloque se echó para atrás.

Desde Vox, recuerdan que uno de los puntos del acuerdo era la obligatoriedad de dar la información porque “es la única manera de que llegue a todas las mujeres”. También señalan que ya se esperaban que el alcalde fuera a retractarse y recriminan “el desprecio absoluto que tiene el PP por las instituciones municipales”.