Los trabajadores municipales de Madrid se niegan a informar del supuesto síndrome posaborto: “No nos pueden obligar a mentir”

No informarán. Así de rotundos se han mostrado este miércoles los trabajadores de los centros municipales —Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros integrales de atención a la mujer (CIAM), Samur Social y los servicios sociales— encargados de atender a mujeres embarazadas. Estos han anunciado que no van a asumir la obligación de informar a las usuarias sobre el síndrome posaborto, una dolencia que carece de evidencia científica definitiva que la respalde. La respuesta de los empleados del Ayuntamiento llega después de que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Consistorio, aprobara la propuesta de Vox para que toda mujer que muestre intención de abortar sea informada de la existencia de un supuesto síndrome no avalado por la ciencia. Tal es la magnitud de la polémica que el propio Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid se ha pronunciado, en un comunicado, en contra de la iniciativa porque, dice, atenta contra los principios éticos de la profesión. En 2024, se notificaron en la Comunidad de Madrid 21.013 interrupciones voluntarias del embarazo.

“El trabajo social acompaña a las mujeres en sus decisiones, sean las que sean, no orienta en función de opiniones individuales”, señala Belén Novillo, la presidenta del Colegio Oficial del Trabajo Social. Libertad Ramos, una trabajadora social de uno de esos centros, señala que la iniciativa “está en contra de nuestra ética personal y no nos pueden obligar a mentir a las mujeres”. Ramos advierte de los riesgos de aplicar una medida así: “Me preocupa las repercusiones que puede tener en la salud mental de las mujeres”. En el mismo tono de incredulidad, otra trabajadora, que no quiere dar su nombre, tilda la iniciativa directamente de “coacción”. Por su parte, sindicatos mayoritarios como CC OO y UGT han rechazado la propuesta de Vox, que, aseguran, criminaliza el derecho al aborto y estigmatiza a las mujeres en un acto de violencia institucional.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España está garantizado por la Ley Orgánica 2/2010 y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública. Trasladar mensajes falsos y estigmatizantes supone no solo una vulneración de los derechos de las mujeres, sino también una instrumentalización de los servicios públicos municipales con fines partidistas, asegura la media docena de trabajadores y los juristas con la que ha contactado este periódico.

María, otra trabajadora que ha preferido dar un nombre ficticio por temor a represalias, es trabajadora social de atención primaria en el Ayuntamiento de Madrid, lo que quiere decir que es una de las funcionarias a las que afectaría directamente la obligación de informar sobre el supuesto síndrome posaborto. Aunque está preocupada, cree que no va a llegar a aplicarlo nunca: “Si yo atiendo en mi despacho en soledad con una persona, no me pueden obligar a que les hable de un término promovido por grupos antiabortistas”, explica. En esto coincide, otra trabajadora social, que prefiere no dar su nombre, que le preocupa que el Ayuntamiento apruebe un síndrome que no está científicamente comprobado y esto haga daño a las usuarias. Para Valentina García es una cuestión de principios: “Espero no me obliguen a dar nunca esa información; en todo caso, me limitaría a decir que es un mensaje del Ayuntamiento y remitiría a las clínicas para que las mujeres reciban los mejores cuidados. De momento no nos ha llegado ninguna instrucción oficial”.

Laura Pérez, trabajadora de un espacio de igualdad de Madrid y afiliada a la Plataforma en defensa de los espacios de Igualdad, piensa que la idea forma parte de una estrategia mayor: “Ya aprobaron cerrar los espacios, y ahora buscan acabar con cualquier movimiento que defienda los derechos de las mujeres”.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis se declaran en contra de la iniciativa de PP y Vox. Alicia Fernández, abogada y vicepresidenta de la asociación, señala que existe un protocolo que se aplica en 19 ciudades y que cubre legalidad, atención, tratamiento del dolor y el aspecto psicológico, y subraya que la intención de atenerse a la objeción de conciencia de los trabajadores sociales se puede defender en los tribunales.

Un síndrome sin evidencias

En la propuesta de Vox se listan como síntomas propios de todo aborto la depresión y el sentimiento de culpa, las pesadillas, el insomnio, el alcoholismo y la agresividad. El supuesto síndrome posaborto lleva años siendo objeto de discusión entre expertos, aunque no está avalado por ninguno de los catálogos de trastornos mentales.

Los defensores de su existencia se remiten a los trabajos de Priscilla K. Coleman, socióloga, psicóloga y profesora de la Bowling Green State, en Ohio, EE UU. En 2011, Coleman publicó en la revista The British Journal of Psychiatry un artículo en el que analizaba los efectos del aborto a través de otros 22 estudios. Su metaanálisis arrojó la cifra a la que se agarran Vox y las asociaciones contrarias al aborto y que ahora también acepta el PP: un supuesto aumento del 81% del riesgo de problemas en la salud mental de mujeres que habían abortado. No obstante, el dato tiene truco. En primer lugar, la propia Coleman reconoce en su trabajo que solo el 10% de estos problemas mentales se podía relacionar directamente con el aborto. Además, con el paso de los años, cada vez más expertos han puesto en cuestión este tipo de trabajos debido a la naturaleza delicada del objeto de estudio.

German Cerdá y Justo Aznar, expertos en Medicina de la Universidad Católica de Valencia, pusieron negro sobre blanco a estos problemas en 2014 en un trabajo publicado en la revista Acta bioethica. En primer lugar, recordaron, en estos estudios existen factores que pueden confundir los resultados como el carácter heterogéneo de los grupos de estudio. Pero aún hay un problema mayor: el sesgo. Los especialistas que defienden con énfasis la existencia de un síndrome posaborto, explicaron Cardá y Aznar, lo hacen en muchos casos utilizando solo los datos de las pacientes que requieren atención psicológica, no los de aquellas mujeres que han quedado aliviadas por su decisión.

La Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) afirma que está comprobado que abortar no implica necesariamente un duelo posaborto. “Son las circunstancias personales, el entorno social y familiar, sus expectativas o las patologías psicológicas previas las que pueden llegar a condicionar su estado emocional tras la intervención”, explican.

Raquel Hurtado, subdirectora de la Federación de Planificación Familiar (Cedra), niega también que exista un síndrome posaborto, que no está recogido en manuales de referencia para los psicólogos como el DSM-5. La experta recuerda también que la evidencia revisada muestra que la mayor parte de las personas que interrumpen un embarazo sienten “más tranquilidad y más control sobre su vida”, y que los estudios que cita Vox ―y el PP acepta ahora― suelen ser poco rigurosos o de muestra insuficiente. “Esta medida es un atropello a los derechos de las mujeres y es un intento más de coartar el derecho al aborto libre y seguro basándose en un supuesto síndrome que no tiene ningún fundamento científico”, reflexiona finalmente Ascensión Iglesias, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares.