El error policial que apuntó a otro Santiago: tres años para probar que solo compartía nombre y apellido con el verdadero denunciado

Hace tres años, en uno de esos domingos de fiesta que se celebran en el festival Brunch Electronik, en el parque Tierno Galván, el colombiano Santiago B., un politólogo de 32 años que trabaja en una oenegé en Madrid, celebraba el final del verano. Esa misma noche, a 347 kilómetros de distancia, en la localidad valenciana de Llíria, una mujer denunciaba a su novio por maltrato. Por razones que aún hoy resultan difíciles de explicar, ambas historias han quedado entrelazadas durante los últimos tres años, tiempo en que el politólogo ha cargado con la sospecha de ser un maltratador. El motivo no ha sido otro que el hecho de que el nombre del denunciado y el del supuesto autor de los hechos coincidía en nombre de pila y primer apellido. “Al comienzo tenía mucho miedo de que fuera una estafa. Fue una carga psicológica muy dura”, asegura.

Esta semana, en un juzgado de instrucción en Valencia, ha verificado lo que era evidente desde el primer momento: que la policía se había equivocado de Santiago. Por el camino queda una historia llena de errores, algunos con tintes surrealistas y, finalmente, un presunto delito de violencia de género que ha quedado por ahora sin castigo porque, por el momento, no han dado con el verdadero culpable.

Al comienzo, algo tristemente habitual: una mujer acude a una comisaría para denunciar por violencia de género y malos tratos a su pareja. Como parte del protocolo de actuación, la presunta víctima proporciona a los agentes el número de teléfono y la dirección donde trabajaba el denunciado. A partir de ahí, comienza el despropósito.

La policía llama al número facilitado por la víctima y la persona que responde asegura que se acercará a la comisaría para dar su versión. Al no hacerlo, los agentes se presentan en la supuesta empresa de reformas del denunciado. Sin éxito. Entonces, sin realizar más comprobaciones, envían la citación judicial a otro Santiago, residente en Madrid. Así, sin comerlo ni beberlo, un hombre que se encontraba durmiendo en casa de unos amigos es acusado de maltratar a una mujer que vive a casi 350 kilómetros de distancia del lugar donde él se hallaba la noche de los hechos denunciados.

“Había estado fuera de España tres meses por trabajo y, al volver, me encontré con una notificación judicial. No decía de qué se trataba. Cuando fui al juzgado de Gran Vía, me dijeron que había sido denunciado por malos tratos y violencia doméstica por una mujer que no conocía. Es que ni siquiera había ido a Valencia en los últimos diez años. Pensé que era un error y llamé de inmediato para aclararlo”, recuerda.

“Les dije que no era yo. Me pidieron mi nombre completo, DNI y dirección. Pero cuando se los di, lo único que hicieron fue confirmar la denuncia. Sentí un miedo enorme. Me citaron para declarar en Llíria y busqué un abogado”, añade el joven, que también recuerda cómo uno de los abogados le ofreció hacer desaparecer el problema por 4.000 euros en efectivo.

Finalmente, consiguió un abogado en Valencia cuyo primer consejo le resultó descorazonador: nada de intentar contactar con la denunciante. Hacerlo, le explicaron, podía interpretarse como un intento de obstaculizar la investigación, lo que complicaría aún más su situación. Lo único que podía hacer era esperar.

El letrado de la defensa asegura que no es la primera vez que ocurre este tipo de error. Según explica, lo sucedido en este caso fue muy simple: la policía introdujo en la base de datos el nombre y el apellido y mandó la denuncia a la persona incorrecta. “En este caso no se realizaron las comprobaciones que debían hacerse. Decían que Santiago tenía un negocio en Valencia, cuando en realidad solo había ido dos veces, una de ellas al juzgado. El fallo fue tanto de la policía como del juzgado, que actuaron con un procedimiento excesivamente lento”, afirma.

Una fuente dentro de la comisaría donde Santiago se presentó en un primer momento no entiende cómo pudo suceder todo: “Siempre hacemos una ronda de verificación previa. Si no era él, era algo que se debería haber solucionado muy rápido. Somos humanos, y un dedo mal puesto en un número puede causar un gran error”.

Gracias a su defensa, el Santiago que fue denunciado pudo acceder al auto y conocer los detalles de la acusación. La mujer afirmaba que habían sido pareja, que había quedado con una amiga y que, de repente, apareció el investigado para decirles que las estaba vigilando. Estaba celoso de un chico que se había acercado a ella. “Me cogió del cuello, cada vez estaba más violento. Así que lo echaron”, se puede leer en la denuncia. Más tarde, la mujer se fue con él para que le devolviera unas pertenencias que tenía en su coche, y él le dijo que no se marcharía hasta que ella se fuera con él. Entraron al coche y, a mitad de camino, le tiró sus cosas y la arrastró mientras seguía conduciendo.

“Era absurdo, nunca había visto a esa mujer en mi vida. Luego supe que hablaba de otro Santiago. Dio su lugar de trabajo y su número de teléfono, que no eran míos. Pero nadie verificó esos datos antes de señalarme. El juzgado no llamó a ese número ni intentó localizar a esa persona. No hubo una identificación real hasta mucho después. Mientras tanto, yo ya estaba marcado”, recuerda.

El Santiago denunciado no tuvo más remedio que viajar a Valencia meses después para explicar que no era la persona que buscaban. Dos amigos tuvieron que certificar que aquel 25 de septiembre de 2022 él estaba en Madrid de fiesta. Pero eso no bastaba. Además, Santiago aportó sus movimientos bancarios, un recibo de comida en McDonald’s y una compra en un supermercado, además de la entrada al festival Brunch Elektronik y el certificado de matrimonio. Pero ni con eso fue suficiente.

Como parte de un último trámite, el abogado pidió a la jueza comparar las fotos y hacer así su reconocimiento. Su foto fue mezclada con imágenes de personas con rasgos similares para que la denunciante pudiera señalar al agresor. Solo entonces la mujer pudo ver la imagen del acusado y, de inmediato, confirmar lo que este llevaba tanto tiempo defendiendo: se habían equivocado de hombre.

Ahora, tres años después, el escrito de la jueza instructora recoge lo sucedido en una sentencia que archiva provisionalmente el procedimiento por presunto delito de violencia doméstica y de género en la modalidad de maltrato habitual. Su conclusión es clara: el investigado no era el autor de los hechos, lo que hace que la acusación sea insostenible.

Finalmente, explica la jueza, la falta de correspondencia se verificó tanto en la declaración de la víctima como en la revisión de las pruebas, incluidas las fotografías, que no coincidían con el acusado. Por ello, se acuerda el sobreseimiento provisional de acuerdo con el artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé el archivo cuando no se acredita la autoría o no existen pruebas suficientes. La resolución deja sin efecto todas las medidas adoptadas durante la instrucción y especifica que la causa solo podrá reabrirse si aparecen nuevas pruebas. El archivo no implica que el delito no existiera, sino que, por el momento, no hay un autor identificado.

El abogado penalista Carlos Nogales Romeo explica que casos como este suelen producirse por errores en la identificación inicial del acusado, a menudo en el momento de la denuncia. “Si la denunciante da un nombre, un lugar de trabajo y un número de teléfono, lo normal es que la policía verifique esos datos antes de citar a nadie. En este caso, parece que no se hizo. No se llamó al número que dio la denunciante ni se comprobó si coincidía con la persona señalada. Alguien introdujo un nombre en la base de datos y citó al primero que apareció, sin confirmar si era el verdadero autor”.

Nogales subraya que la duración del procedimiento también resulta inusual: “Los asuntos de violencia de género suelen tramitarse como juicios rápidos, con medidas cautelares inmediatas. Es muy extraño que una causa tarde tres años en archivarse, cuando desde el principio había indicios claros de que la persona acusada no conocía a la denunciante. Más que un fallo judicial, aquí ha habido un fallo policial en la fase inicial. Aun así, el archivo no borra automáticamente el rastro del proceso: el acusado debe solicitar la cancelación de posibles antecedentes policiales y podría reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, aunque estos procesos son lentos y el pago no siempre está garantizado”.

Santiago, por el momento, vuelve a respirar en paz, aunque nada consigue apagar del todo la indignación que siente: “No puedo creer que algo así pueda pasar. Fue una situación muy agobiante. He perdido mucho tiempo intentando demostrar que soy quien soy”.