Tres años aislados sin metro y con atascos en la ciudad de Madrid donde los trenes devoran casas

Un drama puede ocultar un problema. Ocurre en San Fernando de Henares, un municipio de 40.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Allí, 73 viviendas han sido derribadas porque la llegada del metro al municipio, en 2007, cambió la composición del subsuelo e hizo que perdieran pie, llenándolas de grietas como a las otras 260 que ahora están bajo vigilancia. Eso son cientos de vidas rotas. Recuerdos perdidos entre los escombros. Proyectos de vida que han saltado hechos añicos. Un drama que, a veces, tapa un problema: se acaban de cumplir tres años sin que el metro circule por la ciudad. Son 36 meses en los que sus 40.000 habitantes han quedado huérfanos de la conexión del suburbano con Coslada y Madrid capital. Más de 1.000 días de obras de reparación con sus tres estaciones cerradas, a las que se une la clausura de otras tres en Coslada desde el verano pasado, para un total de seis. Peor: el gobierno regional no se compromete con ninguna fecha de reapertura, y hay ya quien teme que este tramo de la línea 7B, que impulsó Esperanza Aguirre, nunca volverá a ser utilizado.

“Son tres años que han provocado no solo un trauma en la población de San Fernando de Henares, sino también una desconexión total con el centro de Madrid, un aislamiento injusto que no es un accidente: es el resultado de una mala gestión”, afea el presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, Juan Fuentes. “Esta desconexión no se limita únicamente a la capital: también ha roto la conexión con otros barrios y con puntos clave dentro del propio municipio”, añade, pues son tres las paradas clausuradas.

“Las estaciones afectadas eran fundamentales para que vecinos pudieran desplazarse a colegios de San Fernando de Henares, así como para que trabajadores, estudiantes universitarios y alumnos de centros en Madrid pudieran realizar sus trayectos diarios”, recuerda, lamentando el consecuente aumento del tráfico privado y la contaminación, además del empeoramiento de la calidad de vida del municipio. Y remata: “La incertidumbre es total. Aunque se prometió que en septiembre se reabriría el tramo hacia Coslada y Madrid, dudamos de que se cumpla, y desconocemos si el trayecto desde San Fernando de Henares hasta el hospital volverá a estar operativo”.

La inquietud de los vecinos no encuentra bálsamo en la información que proporciona la administración autonómica. “No hay fecha oficial todavía [para volver a usar la línea]”, dice un portavoz del gobierno regional, que asegura que las obras concluirán “a finales de verano, tras lo que se procederá a realizar las comprobaciones oportunas antes de la reapertura de la línea”, sin precisar si eso afectará únicamente al tramo de tres estaciones que une Coslada con San Fernando, o también a las otras tres que hay en este municipio.

Mientras tanto, el gobierno regional ha instalado un cartel en la zona cero, allí donde se han derribado edificios públicos y viviendas particulares, para publicitar el inicio de las obras para crear un parque urbano con el que cerrar la cicatriz abierta por el paso del metro, como adelantó EL PAÍS.

Al principio, el cierre del metro fue asumido por los vecinos con la normalidad con la que se acoge a un visitante tan habitual como molesto. Al fin y al cabo, en agosto de 2022, cuando el tramo de San Fernando echó el candado, la línea acumulaba ocho clausuras temporales y más de 800 días sin operar desde su inauguración, tantos problemas había tenido siempre.

Lo que era imprevisible es que este noveno cierre, que afecta a tres estaciones, se estirara hasta los tres años consecutivos. En la del Hospital del Henares hubo 279.115 utilizaciones de promedio al año entre 2014 y 2022, según datos oficiales del Metro de Madrid, que se refieren al número de movimientos por el interior de una estación. En la del Henares, 505.621. Y en la del Jarama, 513.892. Un reflejo de su importancia en la vida del municipio.

Al cierre de esas tres estaciones se une el de otras tres, ya en Coslada, desde hace un año, para un total de seis y más de 100.000 vecinos afectados. Entre 2014 y 2022, las utilizaciones anuales de la estación de San Fernando llegaron a un promedio de 1.123.232, frente al registro de 1.943.465 en la parada de La Rambla y el balance de 2.874.827 de la de Coslada Central.

“Tenemos grandes problemas de movilidad”, describe Javier Corpa, el alcalde socialista de San Fernando de Henares. “Al cerrarse los tramos, se produce más tráfico de transporte tanto privado como público. Y hay más atascos en hora punta para salir del municipio”, sigue. “A ello se suma que la Comunidad todavía tiene que dar respuesta a los problemas que ha dejado la 7B a su paso por San Fernando”, reclama. “El primero, los vecinos que se han quedado sin vivienda”, comienza a enumerar.

“El segundo, aquellos a la espera de que la Comunidad decida qué va a pasar con las suyas, que tienen diferentes afecciones en diferentes puntos a lo largo de la línea. Y el tercero, los servicios públicos afectados, espacios que se han derribado y que exigimos recuperar y reconstruir en otro emplazamiento. Vamos a seguir trabajando para que se les escuche porque están sufriendo la negligencia de un gobierno regional que no hizo la línea como debía, porque nunca debió producir estos problemas”.

Todo empezó con Aguirre. El mismo año del estreno de la línea 7B, en 2007, los gestores de la infraestructura conocen que se han detectado “diversas patologías en relación con una anómala y creciente entrada de agua de elevada conductividad al pozo de bombeo situado entre la estación 7 (San Fernando) y 8 (Henares)”. Apenas seis meses después, en junio de 2008, otro informe advierte a la Comunidad “del consiguiente riesgo de colapsos en el túnel de metro y las edificaciones del entorno”. En 2009, un tercer balance alerta a la Administración de que es “de extrema urgencia” actuar por ese motivo. Y en 2010, cuando los problemas de las casas son aún incipientes, se registra un documento taxativo.

“La construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, se lee. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Finalmente, en el verano de 2022, la memoria justificativa de la necesidad de las obras, que mantienen aún hoy cerrado un tramo de tres paradas de la línea 7B, es concluyente. “La confluencia de estos factores que provocan daños muy graves como consecuencia del movimiento del terreno con un desarrollo muy rápido, requieren de la actuación global de emergencia”, alerta.

“La anchura aproximada de algunas grietas en los edificios alcanza los 10 centímetros (...) Esta categoría implica peligro de inestabilidad estructural con el consiguiente peligro grave de daños a los edificios y a las personas”. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha invertido más de 70 millones en intentar solucionar el problema. No está claro que lo haya conseguido. Sí que hay una realidad inamovible. En los últimos tres años han pasado muchas cosas en Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, ha cambiado a su gobierno al completo.

Juan Lobato ya no es el secretario general del PSOE regional. Y por el camino han dimitido Rocío Monasterio (Vox) y Mónica García (líder de Más Madrid y ministra de Sanidad desde 2023) ha dejado la política regional. Una cosa, sin embargo, se mantiene inalterable: el metro que ha destruido casi un centenar de casas en San Fernando de Henares sigue cerrado.