El Gobierno de Sánchez quiere rescatar el tren fantasma del PP, que costó 162 millones, nunca se usó y Ayuso no logró terminar
Con las urnas de 2027 en el horizonte, el ministro Puente ofrece asumir la conexión Móstoles-Navalcarnero y subraya el fiasco de Aguirre y el compromiso con el sur de Madrid

Nada en política ocurre por casualidad. Este verano, cuando el ministro Óscar Puente ofrece a la Comunidad de Madrid retomar las obras del tren de Cercanías que debería haber unido Móstoles con Navalcarnero desde 2013, y que llevan paralizadas desde hace quince años, hace algo más que una propuesta en favor de la movilidad del sur de la región. Vuelve a poner de actualidad, según explica una fuente del gobierno central, que en Madrid se han gastado 162 millones en impulsar un tren fantasma que nunca ha circulado. Recuerda que ahí, recorriendo la tierra como una cicatriz, están hechos los túneles, los huecos para las vías, y las bases de un par de estaciones esbozadas, sin que nunca se hayan usado. Y evoca que el fiasco retrata una época de gobiernos del PP salpicados por la corrupción, puesto que el presunto cobro de mordidas en la concesión del contrato de construcción está investigado en el caso Lezo. Todo, con un horizonte marcado por las autonómicas de 2007 y la lucha por recuperar para la izquierda el sur de Madrid.
“Es un proyecto muy importante para nosotros y vamos a hacer todo lo posible por sacarlo adelante”, explicita un interlocutor que cuenta con la confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que niega que el intento sea un fuego de artificio, o una serpiente de verano, como creen en el PP de Madrid. “Es muy importante”, abunda; “por el impacto en el territorio [que tendría acabar la obra] y por lo que simboliza ese fracaso [del PP]”. Y remata: “Al PP le interesó [la obra] mientras le valía para la especulación y la corrupción. Y va a ser el Gobierno de Sánchez quien lo retome al servicio del sur de Madrid”.
Enero de 2025. Tras la traumática salida de Juan Lobato como secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López y su equipo llegan al cargo con una visión muy clara de sus principales objetivos. Hay que movilizar al voto progresista en la región. Recuperar el cinturón rojo, teñido de azul PP desde la llegada de Ayuso. Y esa estrategia, que se ejemplifica gráficamente en la sede de Buen Suceso, donde una pizarra sirve para reflejar propuestas y proyectos, encuentra ahora un argumento en la cuestión del tren fantasma de Aguirre.
Han pasado 20 años desde que OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para unir con un tren Móstoles y Navalcarnero. Ni uno solo ha circulado desde entonces. Impulsadas por Esperanza Aguirre, las obras se paralizaron en 2010, por falta de financiación de la concesionaria y con 8 de los 14,4 kilómetros del proyecto ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Desde entonces, la Comunidad y la constructora pleitearon en los tribunales para dirimir de quién era la culpa de los cambios en el proyecto (con un soterramiento no previsto) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). En 2021, el Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobó pagarle a OHL 162 millones por unos restos abandonados e incompletos. La constructora elevó esa cifra hasta los 188 al añadirle el IVA, según detalló en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Desde antes incluso, Madrid intenta que el Estado termine un proyecto que se inició en 2005 como un monumento a la confrontación: como la Administración central no avalaban el plan, la Comunidad, con Aguirre y María Dolores de Cospedal, entonces consejera de transportes, a la cabeza, toma la iniciativa. Es el primer paso hacia un fracaso manchado por la sospecha de la corrupción.
“El germen de esta investigación fueron las informaciones facilitadas por unos confidentes, quienes, entre otras cosas, facilitaron el número de la cuenta a la que OHL habría pagado una comisión en el año 2007 relacionada con [la concesión del] contrato”, resumen en 2022 los investigadores de la Guardia Civil en su informe final sobre esta pieza del Caso Lezo. “Asimismo, informaron de que los destinatarios de estas comisiones habrían sido Ignacio González [presidente de Madrid entre 2012 y 2015] e Ildefonso de Miguel, a quienes les unía una estrecha relación de amistad, además de un vínculo profesional”, añaden.
Y subrayan: “Se han hallado determinados correos electrónicos que sitúan a Javier López Madrid (consejero de OHLA) como el hombre en la constructora que trataría de solucionar los problemas con la Administración de la Comunidad de Madrid. Resulta relevante cómo la persona a la que tendría que haber acudido para solventar los problemas relacionados con el tren (...), era precisamente González, uno de los supuestos destinatarios de las comisiones que habría abonado OHL en relación con este contrato”.
Desde que se paralizaron las obras, la zanja que debía acoger las vías del tren recorre los barrios de El Pinar y La Dehesa, en Navalcarnero. Es la cicatriz que han dejado unos trabajos nunca terminados para conectar a la red de cercanías a cientos de miles de habitantes de esta ciudad, la de Arroyomolinos, y el desarrollo de Parque Coímbra-Móstoles. Al tiempo, la depresión del terreno es el testimonio palpable de cómo se ha convertido en pesadilla el sueño de transformar a Navalcarnero en un intercambiador para atraer hacia el transporte público a los vecinos de otros municipios madrileños (El Álamo, Sevilla La Nueva, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno…) y toledanos (Valmojado, Casarrubios o Ventas de Retamosa).
¿Y ahora? El gobierno de Ayuso calcula al milímetro sus pasos. El coste político de poner trabas a la propuesta del ejecutivo central no puede ser medido sin tener en cuenta los réditos que puede sacar el PSOE de lograr desatascar la operación. Por eso, de un lado, Sol ofrece “máxima colaboración”. Al tiempo, del otro, tacha la oferta de Puente de “postureo”. Los hechos retratan cuánto está dispuesta a colaborar Madrid: ante la petición de que mande la documentación del proyecto para que el ministerio pueda hacer el estudio de la viabilidad de retomar la obra, el equipo de Ayuso ha respondido que el Estado ya tiene toda la información que necesita.
INECO
“INECO [una empresa pública] certificó en 2012 la valoración de las obras realizadas y paralizadas por el concesionario, por lo que la información solicitada obra en poder de su propia entidad pública”, se lee en una carta enviada al ministro a finales de julio por el consejero de transportes regional, Jorge Rodrigo.
Una respuesta que no desalienta ni a vecinos ni a alcaldes de la zona, todos ellos expectantes. “Creo que esta vez sí se hará”, dice José Luis Adell, regidor socialista de Navalcarnero. “Por primera vez el ministerio asume la ejecución [de las obras] después de que la Comunidad dijera que no iba a cumplir el convenio, ahora todos los alcaldes de la zona creemos que el ministerio va a ejecutar el tren y estaremos toda la comarca siguiendo su ejecución”.
Este diario solicitó información al Ministerio de Transportes, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.
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