El PP de Madrid no tiene un criterio con las zonas de bajas emisiones mientras los municipios avanzan con la normativa

La Ley de Cambio Climático es clara: las ciudades con más de 50.000 habitantes deben establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con acceso limitado a los vehículos con más contaminantes. Lo que debía estar por descontado cuando llegara 2023, dos años después sigue provocando dolores de cabeza en varios de los 24 municipios madrileños obligados por su cantidad de habitantes. Las ZBE, “en las que serán claves las administraciones autonómicas y locales”, dice la normativa estatal, son una realidad en 10 ciudades de la Comunidad de Madrid, aunque todas, salvo la capital, han llegado con retraso. Varias de ellas se han implementado, además, de una manera que hace pensar que el objetivo era tachar una tarea pendiente de la lista, en lugar de contribuir a bajar los índices de contaminación atmosférica.

Mientras Vox mantiene una postura única en contra de las ZBE y la izquierda parece coincidir respecto a la necesidad y al alcance de las restricciones, al PP le cuesta mantener un criterio fijo entre sus alcaldes y concejales. Un análisis de EL PAÍS señala que en la mayoría de localidades la tendencia es cumplir la normativa, o al menos comprometerse a estudiarla, pero siempre tratando de establecer la ZBE con los mínimos posibles.

Siete de los 10 municipios cumplidores están gobernados por el PP. Madrid capital (3.280.782 habitantes) fue el primero y dentro del periodo marcado. El 1 de enero de 2022, el Ayuntamiento (3.280.782 habitantes) estableció que todo el municipio se convertía en ZBE. En realidad, la primera de las ZBE de la capital, Madrid Central, la puso en marcha Manuela Carmena a finales de su mandato, en 2018.

Cuando José Luis Martínez-Almeida llegó al consistorio en 2019 con la promesa de derogar Madrid Central, no lo hizo, pero sí descafeinó las medidas y estableció dos ZBE de protección especial delimitadas, las ZBEDPE Distrito Centro y Plaza Elíptica. Para el Ayuntamiento de Almeida, su estrategia anticontaminación, Madrid 360, ha sido una medida “necesaria, racional y proporcional” para luchar contra la contaminación a la vez que se promueve el desarrollo económico. Desde 2022, la capital ha logrado encadenar tres años consecutivos con parámetros de calidad del aire acordes a la normativa europea.

Rivas Vaciamadrid, gobernada por una coalición de Izquierda Unida, Más Madrid y Verdes Equo, fue una de las primeras, ya que activaron su ZBE en 2021 y comenzaron a multar en abril de 2024, siendo además una de las más restrictivas de la comunidad, con varias zonas vedadas, entre ellas los entornos escolares por los que no pueden pasar ni coches eléctricos en horario lectivo. El PP se ha opuesto a estas restricciones porque, asegura un portavoz de los populares de ese municipio, el Ayuntamiento tiene “el único fin de recaudar dinero” y que estas ZBE provocan “confusión y malestar entre los vecinos” y “atascos” en las calles aledañas.

Dentro de los que han cumplido, la cara opuesta la conforman ayuntamientos como el de Alcalá de Henares (196.888 habitantes), gobernado por PP-Vox, y Las Rozas (95.725 habitantes), del PP, que han seguido una estrategia diferente para implantar su ZBE: activarla solo cuando se notifique que hay contaminación. Las Rozas aprobó su ZBE en noviembre de 2024 siguiendo este modelo, que depende de que la Comunidad de Madrid “active el protocolo por episodios de contaminación”. En Alcalá, la alcaldesa Judith Piquer aclaró que la activaron a principios de este año porque el Gobierno central los “amenazaba” con quitarles la financiación si no cumplían. “¿Cuáles serán las restricciones? Solo en caso de altos niveles de contaminación, que no se han dado desde 2015″, informa un portavoz municipal a este diario.

Si se habla de ZBE en mínimos, Boadilla del Monte (62.627 habitantes) ha sido la que más lejos ha llegado, algo de lo que incluso está orgulloso el gobierno municipal que dirige el PP. Desde marzo de 2025 aprobaron las restricciones para un área de 0,1 kilómetros de extensión y con 18 excepciones para facilitar aún más el acceso a esa zona a los coches contaminantes. “Es la más light del país”, escribió el Ayuntamiento en su cuenta de X en una publicación a la que agregaron el emoticono de una mano haciendo el símbolo de la victoria.

Torrejón de Ardoz (134.733 habitantes), Alcobendas (117.041) y Tres Cantos (50.187), todos del PP, se han sumado a la lista de ZBE en pleno funcionamiento a partir de este 2025. En Alcobendas y Tres Cantos, los alcaldes se han encargado de aclarar que lo hacen “por obligación”. Getafe (183.219) y Fuenlabrada (189.891), con regidor del PSOE, se suman a los que ya las han activado, y en ambos casos, los concejales conservadores no están de acuerdo. “Apostamos por una ordenanza informativa y no sancionadora”, ha dicho un portavoz del PP de Fuenlabrada. En Getafe, los populares han ido mucho más allá y han presentado un recurso ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la ordenanza reguladora y han lanzado hasta una campaña de recogida de firmas para tumbarla.

Los datos recabados por este diario indican que varios de los 14 municipios incumplidores tendrán su ZBE este mismo año. La de Móstoles (208.761 habitantes) será una de las que funcionará con bastante rigor y el Ayuntamiento valora ir ampliando las restricciones a otras zonas “que cumplan los criterios que la naturaleza de las normas impulsa”. Leganés (186.660), San Sebastián de los Reyes (91.083), Pozuelo de Alarcón (87.728), Majadahonda (72.179) Pinto (54.088), Valdemoro (79.100) y Aranjuez (59.762), todos de la derecha, están trabajando en su ZBE, pero ya han anunciado su intención de reducirla al tuétano. De la de Colmenar Viejo (53.389) apenas hay datos, aunque un portavoz del gobierno ha confirmado que están en fase de redacción de la ordenanza.

Alcorcón (170.296 habitantes), Parla (130.577) y Coslada (80.596), todos de la izquierda, se encuentran en fase de estudio. Aunque no hay muchos datos respecto a las características que tendrá la ordenanza de cada uno de estos municipios, los concejales del PP en la oposición ya han adelantado su negativa. “Exigimos que se cumpla la ley de forma seria y responsable, y, lo más importante, con soluciones que no perjudiquen en ningún caso a los vecinos ni a los comerciantes de las zonas potencialmente afectadas”, resume Roberto Marín, portavoz del PP en Alcorcón.

Mientras algunos ayuntamientos populares ponen peros, se quejan de que es una obligación o arremeten contra la ordenanza en caso de encontrarse en la oposición, tres municipios se han negado expresamente a implantar ZBE, ni ahora, ni nunca. El Gobierno central ha advertido que el incumplimiento puede acarrear la pérdida de ayudas estatales al transporte público, pero ni esa amenaza ha logrado amedrentar a Collado Villalba (64.263 habitantes) y a Arganda del Rey (57.553).

“No vamos a implantar una Zona de Bajas Emisiones”, dijo el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, en una entrevista con EL PAÍS en julio de 2024 y, casi un año después, se mantiene en sus trece. “En Arganda no se va a implantar la ZBE. De momento no hay opción, ni material, ni logística, ni real de implantarla”, sostiene un portavoz del consistorio en respuesta a este diario. Según este portavoz, Arganda tiene una almendra central “que son dos calles”, por lo que implantar una ZBE no está siquiera sobre la mesa. Y aclara que el PSOE, partido del anterior alcalde, ya había pedido una prórroga en 2023 “porque se vieron incapacitados” de cumplir la normativa. “Va más allá de un partido político”, añade.

De Collado Villaba poco se sabe. La alcaldesa, Mariola Vargas, se ha negado rotundamente a una ZBE alegando que la contaminación de su municipio viene de la A-6, por lo que su apuesta es soterrarla. Este diario ha intentando contactar con su equipo de gobierno, pero no ha recibido respuesta.