Vox pide a la Asamblea que intervenga para impedir que Más Madrid lo tilde de “nazi”

Ignacio Arias llega a la Asamblea de Madrid con una protesta en la punta de la lengua. Es 25 de abril, y este representante de Vox quiere hacer algo más que quejarse sobre Diana Paredes Choquehuanca, diputada de Más Madrid. Reclama en la Mesa del Parlamento, máximo órgano de la Cámara, que se tomen medidas para que los representantes del partido de izquierdas dejen de referirse al suyo como “nazi”, según documentación consultada por EL PAÍS.

El planteamiento de Arias Moreno, que enfrenta el derecho a la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria con la aplicación de un reglamento interno que exige orden y decoro a los diputados, bebe de un conflicto previo. Porque la primera vez que una diputada del PSOE puso nombre y apellidos a una de las polémicas que afectaban al entorno de Isabel Díaz Ayuso, mentando la supuesta influencia del hermano de la presidenta en los departamentos de compras de los hospitales allá por 2021, acabó expulsada del pleno. Y los servicios de la Cámara firmaron en ese momento un informe que alimenta desde entonces la guerra palabra a palabra que se disputa en la Asamblea: concluyó que la inviolabilidad parlamentaria no impide limitar la libertad de expresión de los diputados para garantizar el orden de los debates.

“Que la Mesa de la Asamblea sugiera adoptar decisiones por plantar cara a la extrema derecha que cada semana dispara discursos de odio desde la Asamblea no es más que avalar sus tesis”, se quejan en Más Madrid sobre un organismo dominado por la mayoría absoluta del PP. “Esa es la estrategia, mientras Ayuso de cara a las cámaras finge rebatir el racismo de Vox, la realidad es que en cuanto tiene ocasión les da un balón de oxígeno para seguir disparando sus tesis”.

“El presidente de la Asamblea [Enrique Ossorio] puede, y así lo hace, pedir que se retiren las palabras, pero si no se hace [por parte del diputado] lo único que puede hacer es llamar al orden”, argumenta una fuente parlamentaria que no está relacionada con el PP sobre la queja de Vox. Si las llamadas al orden se acumulan, pueden acabar en la expulsión del diputado apercibido.

Ocurre que el debate sobre lo que se debe decir y no se debe decir en el Parlamento nunca ha estado tan vivo como ahora, cuando al fuego cruzado habitual entre los partidos y las polémicas de Ayuso se le unen una polémica que afecta al propio presidente de la Asamblea, y otra que atañe a su número dos, la vicepresidenta Ana Millán, también del partido conservador.

En octubre de 2024, Susana Pérez Quislant, diputada del PP de Isabel Díaz Ayuso, solicitó en la Mesa “tomar medidas para que no continúen” los comentarios que hacen diputados de la oposición sobre la situación de Millán, número tres del partido y vicepresidenta de la institución, que está siendo investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Así, la exalcaldesa de Pozuelo hace constar su “malestar” ante la situación y argumentó que “este tipo de comportamientos deben dejar de producirse porque los miembros de la Mesa, a diferencia del resto de Diputados, no pueden hacer uso de la palabra para defenderse de acusaciones infundadas”.

Solo cuatro meses después, en febrero de 2025, Ossorio aplicó la misma tesis: vetó una mención a su presunto papel en el caso FP por el que se investiga al Ejecutivo de Ayuso. Para hacerlo, Ossorio no necesitó ampararse en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara de 2022 que concluyó que el presidente del Parlamento regional es quien debe equilibrar el posible conflicto entre el derecho de los diputados a denunciar presuntas irregulares, o expresarse como consideren, y su deber de mostrar cortesía parlamentaria, en aplicación del reglamento.

Al contrario, se escuda en un acuerdo de la conferencia de presidentes de Parlamentos autonómicos, que él mismo preside, y que excluye referencias de los parlamentarios a los miembros de la Mesa, puesto que no pueden intervenir en el debate mientras ejercen como tales.

—Es juez y parte—, se queja Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que en 2024 ya vio cómo Ossorio pedía a un representante de su partido que retirara la siguiente pregunta lanzada al aire durante una intervención: “¿Queda alguien del entorno de Ayuso por trincar y llevárselo crudo?”

La izquierda se queja de que la diligencia con la que el presidente interviene para atender las quejas de su partido, el PP, o para afear las referencias a Ayuso, no es tal cuando todo ocurre en sentido inverso. Un día, Ayuso acusó a la izquierda de venirle siempre con “las mismas mierdas” por hablar de las muertes en las residencias en la pandemia. Durante muchos plenos hubo una cascada de “me gusta la fruta” en las intervenciones de los diputados del PP, su forma de enmascarar que llamaban “hijo de puta” al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Esto llegó a decir el portavoz de los conservadores, Carlos Díaz-Pache, sobre el caso Koldo: “¡Toda una trama de chantajes, traiciones, engaños, comisiones ilegales, prostitutas y cocaína!, es decir, ¡el PSOE!". Referencias que se han repetido una y otra vez entre las protestas de la izquierda, como las proferidas para tildar a los diputados de Más Madrid de “bolcheviques”, “sinvergüenzas”...

Organización criminal

Hubo un día, incluso, en el que el PP llamó “mafia” al Gobierno central, formado por PSOE y Sumar, y lo etiquetó de “organización criminal”. El incendio fue total. Y la intervención de Ossorio solo sirvió para aumentarlo.

“Yo llevo aquí muchos años y yo he oído aquí a lo mejor que se ha dicho que el Partido Popular, al que yo pertenezco, era una organización [criminal]; esto lo he podido oír aquí 500 veces”, justificó lo dicho. Es decir, defendió a su partido pese a que debía actuar como el presidente de todos. Un ejemplo que la izquierda usa para acusar a la presidencia de parcialidad y sordera selectiva, como el de aquel día que calificó a sus diputados de “imposibles” y les dijo: “Cállense”. Nadie en la oposición está contento. Tampoco Vox.

“Creemos que debe ser la presidencia de la Mesa de la Asamblea la que vele por el cumplimiento del reglamento, sobre todo cuando se llama “nazis” a un grupo parlamentario cuyos principios y acción política están a millones de años luz de una ideología totalitaria y criminal", dicen en Vox. “Esta es una campaña coordinada de Más Madrid para criminalizar a este grupo con una ideología como la nacionalsocialista (felizmente desaparecida) que nos repugna”.

Esto replica la diputada Paredes, última representante de Más Madrid en usar el término “nazi”: “Mi opinión es que las ideas que defiende Vox son las que son, antidemocráticas, y antiderechos humanos”.

Su partido la respalda. “Vox aprovecha cada ocasión que tiene para utilizar las instituciones de todos los madrileños para justificar su racismo”, dicen en Más Madrid. “Un racismo que se utiliza para faltar al respeto a ciudadanos madrileños que son tan españoles como ellos lanzando bulos, criminalizándoles y deshumanizando a las personas migrantes”, añaden. Y con ello se mantiene el pulso casi palabra a palabra que se disputa en la Asamblea.