Trabajo defiende a la inspectora del ‘caso Nacho Cano’ y arremete contra la policía para justificar los errores señalados por la jueza

En el segundo informe que solicitó la jueza que investiga al productor musical Nacho Cano por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y favorecimiento de la inmigración irregular, la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid sale en defensa de la funcionaria que realizó el primer informe, pese a que la magistrada le dio un buen tirón de orejas al concluir que no investigó ni comprobó la actividad de los supuestos becarios que participaban en el espectáculo Malinche, dirigido por el excomponente de Mecano. En un auto del 5 de febrero, la jueza tiró por tierra el primer informe de la inspectora de trabajo y ordenó que se repitiera con el contundente argumento de que “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”. Trabajo responde ahora con un nuevo informe de 21 páginas en el que trata de exculpar por completo a la funcionaria, culpabiliza a la policía de sus errores, e insiste en que los becarios no tenían por qué ser trabajadores de la empresa de Cano.

Tratando de justificar la labor desarrollada por la primera inspectora, este segundo informe deja caer que la policía actuó de manera distinta a la habitual, tratando de desacreditar la investigación desarrollada por los agentes (al igual que hicieron los abogados de Nacho Cano y el propio Cano), y considera que no siguieron los protocolos habituales en asuntos de extranjería. Incluso se atribuye la investigación errática de la inspectora a la “urgencia” exigida por los agentes, a quienes culpa de no haberla informado correctamente: “Sin que la Inspección hubiera tenido conocimiento de la investigación previa que había hecho la policía”. Señala también este segundo informe, para justificar que la inspectora no fuese a ver el espectáculo y comprobase in situ lo que hacían los bailarines mexicanos, que “la policía le dijo [a la funcionaria] que no podía ir a ver el espectáculo”. Pero reconoce que sí fue informada por los agentes de que solo quedaban tres funciones, los tres días siguientes a la inspección que realizaron en la parroquia de San Juan de la Cruz, donde los 17 supuestos estudiantes mexicanos (sin visado de estudios en España) ensayaban o daban clase.

Según declaró su profesora, Susana Jové, también imputada en este procedimiento, daban clase aprendiéndose los números de Malinche y practicaban participando en las actuaciones y poniendo copas después en el bar ad hoc, para sacarse un dinero extra. Esta manera de proceder, sumada al hecho de que todos ellos fueron traídos a España en diciembre de 2023 “aleccionados” para que se hicieran pasar por turistas y no obtuvieron los permisos necesarios para permanecer en el país ni como estudiantes ni como trabajadores (no estaban dados tampoco de alta en la Seguridad Social), ha llevado a los investigadores a concluir que podía existir una relación laboral encubierta y, por tanto, estar cometiéndose los delitos contra los trabajadores extranjeros. Los jóvenes bailarines cobraban (en metálico) primero 300 euros y, tras protestar a la dirección de la empresa de Cano, 500 euros mensuales.

En el primer informe, la inspectora concluía, por el contrario, que realizaban “prácticas no laborales” en el marco de una formación “no reglada”. Es decir, la inspectora, sin entrar a valorar si tenían o no permiso de estudios o de trabajo, aseveraba que estudiaban. Y este segundo informe de Trabajo trata de avalar esa misma conclusión y usa como argumento de peso que “todos los becarios declararon lo mismo espontáneamente a la subinspectora”.

Sin embargo, el hecho de que fuese una de esas bailarinas (Lesly Ochoa) la que interpusiera la denuncia contra el productor, y explicara (aportando pruebas) los pormenores de las circunstancias en las que habían sido traídos a España y en las que se encontraban en el país, alertó a los policías de la comisaría de Centro, que iniciaron una investigación en coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería que concluyó con la detención de Nacho Cano el 9 de julio.

Tampoco Jana, la empresa que gestionaba los supuestos estudios de los supuestos becarios acreditó documentalmente, según la jueza del juzgado número 19, el tipo de estudios que cursaban los alumnos, ni quienes eran sus profesores, ni cómo se financiaba. El responsable de Jana, Javier Muñoz Peinado, pasó de ser testigo a investigado, al igual que el vicepresidente de Malinche, David Hatchwell, también investigado. Este último, además de financiar el espectáculo de Cano, es presidente de la Fundación Hispano-Judía y se reconoce como “mentor” de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde que el excomponente de Mecano fuera detenido, ha querido presentarse como víctima de una conspiración político-policial por ser “amigo de Ayuso”.

Ahora el segundo informe, elaborado por un profesional diferente, como solicitó la jueza Inmaculada Iglesias, realiza un denodado esfuerzo por defender el mal trabajo recriminado por la magistrada a la inspectora, y concluye que “al igual que en el primer informe (...) no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche el Musical, por no quedar acreditadas las notas típicas de una relación laboral: trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajeneidad (obtención de beneficios por parte del empresario)”. “No se aprecian irregularidades en cuanto a las competencias que ostenta la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social”, añade.

No competente

Sobre las autorizaciones de estancia en España por estudios solicitadas por los becarios mexicanos, la Inspección precisa que, al no tratarse de trabajadores ni de becarios incluidos en la Ley General de la Seguridad Social, “el control de su situación administrativa en materia de extranjería no compete” a Inspección.

El informe se refiere a las críticas de la jueza sobre el primero, entre ellas que su autora no visitó el centro de trabajo ni tuvo en cuenta las actuaciones judiciales en las que constaban las pesquisas policiales previas, y aclara que la subinspectora fue donde la llevó la policía, entrevistó a todos los bailarines y dijo que “lo oportuno hubiera sido ir a ver el musical”, pero los agentes le dijeron “que no era posible”. También solicitó numerosa documentación. “Antes de que la subinspectora emitiese el informe, la policía ya había concluido que la relación que unía a los becarios con la empresa era laboral”, explica, y subraya que esto lo tiene que determinar la Inspección.

Este segundo informe detalla las entrevistas realizadas y los documentos recabados en los últimos meses para indagar en la situación de los becarios de Malinche y descarta que se den los requisitos típicos de una relación laboral, subrayando por ejemplo que “no se ha podido comprobar, en absoluto, que los alumnos sustituyeran en ningún momento a actores principales del musical” y, por lo tanto, que la empresa recibiera frutos por ello.

Tampoco ve probado que la empresa remunerara a los becarios, aunque sí les aportaba dinero para sufragar sus gastos personales, determinadas comidas, el alojamiento o el seguro médico. Precisamente este miércoles, la jueza tiene previsto tomar declaración a tres investigados en la causa y a dos testigos. Se trata de declaraciones previstas para el 17 y el 18 de marzo y pospuestas a petición de alguna de las partes. Los tres imputados citados son Javier Alfonso Muñoz, David Hatchwell y nna de las responsables del musical, Cristina Carmiñe Duato. Iglesias también tomará declaración, como testigos, a una representante de Fundación Casa México en España y al representante legal de la Fundación Arte que Alimenta.