Una testigo revela a la jueza de la dana que no estaban pendientes de los datos de la Confederación Hidrográfica

El Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón, del PP, desatendió los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la gestión de la dana de 2024, que dejó 229 muertos y un reguero de destrucción. Así lo ha revelado por primera vez ante Nuria Ruiz Tobarra —la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la mortífera riada— una trabajadora del centro de coordinación de emergencias de la Generalitat, según indican a EL PAÍS fuentes conocedoras de su intervención. La empleada, técnico de mando y control de este organismo, ha declarado ante la instructora en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.

En su comparecencia, de cuatro horas, esta trabajadora ha admitido que no se recabaron los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el mecanismo que controla los caudales desde la CHJ, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Ha justificado que, a su juicio, la web de esta institución estatal precisaba que la información no resultaba fiable para tomar medidas de autoprotección. La jueza sí que da validez al SAIH.

El centro de coordinación de emergencias de la Generalitat, que gestionó la catástrofe, sólo procesó -según la testigo- los correos que remitió la CHJ y las métricas de lluvia reflejadas en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que también depende de Transición Ecológica, según las mismas fuentes.

La declaración de esta empleada de emergencias desmonta las tesis de defensa del Gobierno de Mazón, del PP y de los dos exaltos cargos de la Generalitat imputados: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la inundación, Emilio Argüeso. Juntos, han aireado hasta la saciedad la idea del denominado apagón informativo, que apunta a que si, no actuaron antes, fue porque organismos estatales como la Aemet o la CHJ no informaron a tiempo. La jueza ha tumbado esta idea exculpatoria en once meses de instrucción. La última vez, el viernes, cuando denegó archivar la causa contra Pradas e ironizó en que el único apagón informativo que ocurrió en la jornada del 29O fueron los tres cortes en la videoconferencia del Cecopi, la reunión que gestionó la tragedia, y que se interrumpió en momentos clave, lo que dificultó a dirigentes, como el presidente de la CHJ, Miguel Polo, o la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, seguir las deliberaciones de cuestiones trascendentales. Una de ellas, fue el envío de la alerta masiva a móviles, que se remitió a las 20.11 horas, cuando se acumulaban los muertos y desaparecidos.

Desde 2022, cuando comenzó a trabajar en el centro de coordinación de emergencias, la testigo ha relatado que la dana del pasado año fue la primera vez que se declaraban al mismo tiempo la alerta roja y la hidrológica. La primera fue decretada por la Aemet a las 7.36 horas del 29 de octubre y la segunda, a las 12.30 de la misma jornada.

En su intervención, ha explicado también que el Ejecutivo de Mazón denegó la víspera de la dana de 2024 la incorporación al dispositivo de emergencias de agentes medioambientales para controlar el barranco del Poyo, génesis de la desgracia. Aunque la Generalitat aseguró haber ofreció a estos efectivos —encargados de la vigilancia y protección del medio natural— el propio día de la dana, la empleada ha reconocido que no conocía este hecho. La negativa obligó a movilizar a los bomberos forestales.

Y, en este contexto, ha descrito ante la jueza el ambiente de descoordinación entre los distintos cuerpos que gestionaron la tragedia. “Nunca puse qué brigadas [de bomberos forestales] iban a ir, y el caso se quedó en blanco. Hice una llamada al consorcio [Consorcio Provincial de Bomberos de de la Diputación de Valencia], a las 12.45 o las 13.15 horas [del 29 de octubre de 2024]. Les solicité que se fueran a medir la escala al municipio valenciano de Paiporta”, ha indicado.

La actuación de los bomberos dependientes del organismo provincial durante la dana del pasado año se ha revelado un agujero negro. Los funcionarios dejaron de medir el caudal del barranco del Poyo a las 15.00 horas, menos de dos horas antes de que se desbordara a la altura de las localidades de Chiva y Cheste. Su entonces jefe, José Miguel Basset, que está citado a declarar como testigo, confesó que sus agentes se fueron anticipadamente del lugar “porque había ganas de comer”.

Preguntada por qué se retiraron los bomberos de esta rambla, la experta en emergencias ha explicado que, desde el centro de coordinación, no se ordenó la marcha de los funcionarios. “Di por hecho que, si no se les da la orden de retirarse, no lo hacen”. Y ha admitido que no se desarrolló una “ronda de información” con los bomberos.

Ha relatado también cómo fue la llegada al centro de coordinación de los dos exaltos cargos imputados. “La primera vez que vi a los investigados, llegaron a las 12.30 horas. [...] Estuvieron cinco o diez minutos hablando con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Luego, se retiraron. Se fueron del centro [la instalación de Emergencias de la Generalitat de L’Eliana (Valencia)] a las 13.30 o 14.00 horas”, ha indicado, según fuentes presentes en su comparecencia.

En plena vorágine de la crisis, la testigo ha detallado la evolución del riesgo durante el día de la peor tragedia natural de la Comunidad Valenciana. “Desde las 12.00 a las 14.00 horas, todas las llamadas se concentraban en los municipios de Utiel y Requena. Y luego ya, a partir de las 16, empiezan a llegar las del rio Magro”, ha zanjado.