La jueza rechaza la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la dana

La respuesta a una de las principales incógnitas de la dana tendrá que esperar. Por ahora. La jueza que investiga penalmente la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado este lunes que declare como testigo Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mientras sucedía la catástrofe que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción el pasado octubre en Valencia.

La magistrada considera “no factible” esta prueba al estimar que supondría desplazar el foco de las pesquisas al president, que al estar aforado solo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora. Argumenta que ya ofreció al jefe del Consell comparecer como investigado de forma voluntaria. Una posibilidad que Mazón rechazó. “La solicitud [de declaración] de Vilaplana [...] estaría relacionada, en definitiva, con la localización y actuación del presidente de la Generalitat durante dicho día”, explica la jueza.

Ruiz Tobarra recuerda que la principal imputada, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, declaró el pasado abril que contactó con el dirigente en “varias ocasiones” durante la aciaga jornada. Se comunicó con él y su equipo 19 veces, según un acta notarial que aportó al juzgado la exmandataria. Y defendió que el primer responsable autonómico “no condicionó” el envío de la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando se acumulaban los fallecidos, desparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes de municipios como Paiporta o Catarroja. Y es que la jueza, que ha situado este aviso en el epicentro de su investigación, considera que, de haberse remitido antes, se habrían salvado vidas.

Los detalles del almuerzo entre el president y la periodista son un misterio. Se sabe que Mazón comió con Vilaplana entre las 15.00 y las 17.45 horas el día de la dana tras abandonar una reunión con un grupo de empresarios en el palau de la Generalitat. Ante ellos, el president llegó a minimizar el impacto de la tromba al tildar de “exagerada” a la Universitat de València por suspender las clases. El almuerzo se desarrolló en un reservado del restaurante El Ventorro, un clásico en el corazón de Valencia célebre por acoger con discreción a los cenáculos políticos y económicos. En el encuentro, Mazón ofreció a Vilaplana, una ex de Canal 9 reconvertida en profesora de oratoria, la dirección de la televisión pública valenciana À Punt. A través de una persona de su confianza, la informadora reveló que el jefe del Consell “no transmitió en ningún momento que estuviera pasando algo” y habló varias veces por teléfono con interlocutores que no identificó.

Los movimientos de Mazón entre las 17.45 horas y las 20.28, cuando desembarcó en el Cecopi, el centro de emergencias de la Generalitat que coordinó la crisis, son un enigma.

La magistrada dice que Aemet no cometió delito

La jueza rechaza también atribuir delitos a los dirigentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tal y como reclamaba la organización ultra Manos Limpias. La magistrada recuerda que el último técnico que declaró como testigo en el juzgado, el profesor de Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Francisco Vallés, destacó que el organismo “acertó de pleno” en sus previsiones. La Aemet advirtió ocho días antes de la dana del peligro de la gota fría. Y la misma jornada de la tragedia, a las 7.35 horas, emitió un aviso rojo, el máximo de la escala. Ruiz Tobarra resalta que instituciones que adoptaron medidas diligentes, como la Universitat de València, que canceló las clases, se basaron en los datos de este centro meteorológico.

La magistrada desecha también atribuir responsabilidad penal a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Defiende que este organismo envió datos sobre el barranco del Poyo a través de correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla el caudal.

El segundo de Pradas comparte abogado con Manos Limpias

Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Mazón durante la dana e imputado en esta causa que investiga homicidios y lesiones imprudentes, comparte abogado con el pseudosindicato Manos Limpias. Ambos son defendidos por José María Bueno Manzanares. La jueza, que acaba de admitir la personación como acusación popular de esta última organización, ha pedido al letrado que indique si hay una incompatibilidad en esta coincidencia. El grupo ultra ha pedido “ejercitar acciones penales” contra Argüeso.

La tragedia no se gestó en Forata

En otra resolución, la instructora rechaza encarrillar sus pesquisas a la presa de Forata, que al contener el desbordamiento del río Magro evitó una catástrofe que podría haber costado 20.000 vidas, según informes de la Generalitat. La magistrada argumenta su negativa a esta diligencia requerida por una acusación particular en que el fallecido al que se hace referencia murió en Cheste, donde pasa la infraestructura que precipitó la catástrofe, el barranco del Poyo. Subraya que un técnico de Es Alert –el sistema de la Generalitat para enviar mensajes masivos a móviles- reconoció en el juzgado que se descartó en el Cecopi remitir una alerta sobre Forata a las poblaciones cruzadas por el río Magro. Y que el único texto masivo que se envió fue el de las 20.11 horas, que llegó a los teléfonos de la provincia de Valencia. La instructora ha criticado la demora y el contenido de esta última notificación, que no pedía a la población subir a las primeras plantas.