Vox pide a Mazón excluir a los fusilados en la represión franquista de las ayudas de la Generalitat

Vox ha dado oxígeno al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, cuestionado por su gestión de la dana, al pactar con el PP la aprobación de los presupuestos del Gobierno autonómico. La formación de extrema derecha, a cambio, ha exigido una serie de medidas que se plasman también en la batería de 132 enmiendas que ha presentado a las cuentas, que reducen la subvención a los sindicatos (que perderían más de medio millón de euros) a la patronal (unos 20.000 euros) o a la estatutaria Acadèmia Valenciana de la Llengua (un 45% menos, casi 830.000 euros que se suman a los 900.000 ya recortados). La formación de extrema derecha incluye, además, una propuesta que excluiría a las víctimas de la represión franquista una vez finalizada la Guerra Civil, por ejemplo, los 2.238 fusilados en el llamado paredón de España de Paterna entre 1939 y 1956, de recibir ayudas para conmemoraciones y homenajes en la partida dotada con un total de 100.000 euros.

La enmienda propone acotar “la concesión para la realización de actuaciones de conmemoración o de homenaje realizadas con víctimas de violencia social y política durante la época de 1931 a 1939, así como acciones que promuevan la difusión en la materia”. De esta manera, el partido que lidera Santiago Abascal añadiría la delimitación temporal que no está presente en la línea de subvención del proyecto de presupuestos presentado por el Consell.

Además, Vox incorpora un anexo que delimita también los destinatarios de las citadas ayudas, concretando que éstas deben ser concesiones directas de 25.000 euros para la Universidad CEU-Cardenal Herrera (de la Asociación Católica de Propagandistas), la Universidad Católica de Valencia (del Arzobispado) y las públicas Universitat de València y Universidad Miguel Hernández de Elche. Con la introducción de los destinatarios finalistas, se excluye la posibilidad de que opten a estas ayudas entidades de la memoria histórica y democrática, habitual objeto de críticas de la formación ultra.

En este sentido, en otra enmienda referida a “Actuaciones de apertura de fosas y exhumaciones”, con una partida de 200.00 euros, Vox dispone modificar los beneficiarios para que solo puedan beneficiarse “ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones”, eliminando la referencia a la “asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana”, que sí se incluyen en la línea de los presupuestos.

El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, señaló el pasado lunes, cuando acabó el plazo de presentación de enmiendas parciales que sus propuestas estaban “negociadas” con el PP. La votación de los presupuestos de la Generalitat está prevista para el 29 de mayo y en los días previos se someterán a votación las enmiendas.

Sobre estas enmiendas parciales y el acuerdo con el PP, la diputada socialista y secretaria de Memoria Democrática del PSPV-PSOE, Mercedes Caballero, señala: “Empezaron asumiendo las declaraciones de las consellerias de Vox, no reconociendo que el franquismo fue una dictadura, y han acabado eliminando de los Presupuestos a las víctimas del franquismo y la dictadura”. Y añade: “Hoy se demuestra que la ley de Concordia no es más que una ley de blanqueamiento del franquismo y no de defensa de todas las víctimas, como el PP pretendía enmascarar. La debilidad del presidente zombi de la Generalitat, como es Mazón, hace que consienta los insultos a las víctimas de la dana y a las víctimas del franquismo”.

La polémica Ley de Concordia, pactada entre el PP y Vox cuando accedieron como socios al Gobierno de la Generalitat en 2023 para sustituir a la normativa autonómica de Memoria Democrática, no distingue entre las víctimas de la Segunda República, la dictadura franquista o las de ETA (que ya cuentan con su propia ley) y abarca desde 1931 hasta la actualidad.

Expirado el plazo para alcanzar un acuerdo, la Generalitat se negó a modificar un ápice de la ley de Concordia, por lo que el Gobierno presentará el recurso en el Constitucional. De hecho, el Tribunal ya ha dejado en suspenso la derogación de la ley de memoria de Aragón, pactada también entre el PP y Vox.