El traspaso de la inmigración a Cataluña se abre paso: Junts acepta cambiar el preámbulo de la ley que rechazaba Podemos

Cambio de guion en la negociación de la delegación de las competencias sobre inmigración a Cataluña. El portazo de Podemos en el Congreso al acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE, incluso con Ione Belarra acusando de “racista” al partido de Carles Puigdemont, se ha convertido ahora en una ventana abierta para que se cuele la luz verde. Junts, mediante su portavoz en el Congreso de los Diputados Míriam Nogueras, insiste en que “no se tocará ni un pelo del articulado”, pero el desbloqueo del asunto pasa por reformar el preámbulo, que es donde está el planteamiento que los morados rechazan.

La delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat forma parte de los acuerdos entre Junts y el PSOE y que, según el partido independentista, rellena la carpeta de compromisos pendientes de cumplimiento.

El pasado mes de septiembre Podemos —junto a PP y Vox— frenó en el Congreso la ley para hacer efectiva la delegación de las competencias. Junts defiende que aquel redactado original ya era un “texto muy técnico” y que, por lo tanto, no va a aceptar modificar nada “del articulado”. Podemos fue en su momento muy crítico con la demanda de Junts, sobre todo por el texto con el que se justificaba ese articulado. Ione Belarra, secretaria general de la formación, acusó al el secretario general del partido independentista catalán, Jordi Turull, de “extender su discurso de odio contra las personas migrantes”.

Junts siempre ha defendido que el traspaso es una demanda capital que, en su día, logró sellar con Pedro Sánchez y considera que, ahora, tanto al PSOE como a Podemos les interesa desbloquear el asunto. “Entiendo que a todos les conviene. A unos para tapar la crisis de trenes y a los otros para sacar la cabeza”, ha manifestado este miércoles Míriam Nogueras en Ser Catalunya.

El preámbulo, firmado el 14 de marzo del pasado año por el portavoz del PSOE, Patxi López, y la portavoz Junts, Míriam Nogueras, no gustaba a Podemos en algunos términos, sobre todo en la exposición de motivos, que incluye dos páginas de las 16 de todo el texto.

“Y si bien, por un lado”, dice el contenido del preámbulo, “aumentan los ingresos públicos derivados de las rentas del trabajo de las personas migrantes, del incremento del consumo y de los beneficios empresariales por la mayor competitividad de nuestras empresas, la migración también incrementa las necesidades en todos estos ámbitos. Encontrar el equilibrio es necesario para asegurar la cohesión social y la sostenibilidad a largo plazo. La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riego para la convivencia y la cohesión social”.

El redactado también especificaba que Cataluña es “uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado”. Y continúa: “En el caso de Catalunya, el impacto que representa para la lengua catalana, que la Ley Orgánica del Estatuto de Catalunya declara que es su lengua propia. En este contexto, ante el incremento del carácter poliédrico del fenómeno migratorio, se hace necesario acercar la gestión de dicho fenómeno a las administraciones más cercanas, como lo es la Generalitat de Catalunya o las entidades locales que la integran”.

La iniciativa decayó en el Congreso pero el escenario ahora es nuevo. La decisión del Gobierno de activar la regularización de hasta 500.000 inmigrantes, un acuerdo que anunció el lunes a Podemos, flexibiliza la disposición de los morados al diálogo. Esa medida (podrán acogerse quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud) ha reconfortado a los de Belarra y el Ejecutivo ha aprovechado el asunto para tratar de desencallar una concesión para otro de sus supuestos aliados: Junts per Catalunya.

Tras el desbloqueo de la regularización, tanto la secretaria general de Podemos como su número dos, Irene Montero, han reconocido públicamente que están dispuestas a volver a hablar si se retocan los términos del preámbulo. “Nunca nos hemos negado a sentarnos a negociar y hacer un traspaso de competencias que no tenga racismo. Si es libre de racismo, siempre se va a poder contar con nosotras. Y precisamente esta regularización extraordinaria efectivamente pone un paso muy importante en el reconocimiento de derechos de todas las personas”, ha argumentado esta misma mañana Montero en una entrevista en Rac1.

El partido de Puigdemont lleva meses encadenando malos resultados en los sondeos electorales y sufre desgaste por el empujón de la fuerza de ultraderecha Aliança Catalana. La modificación ahora de esa parte del texto puede propiciar la segunda parte de un asunto que se daba por cerrado.