El repliegue de la Generalitat deja a parte de los desalojados del B9 en un limbo asistencial

El año ha cambiado, pero el problema no y los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona siguen atrapados en un limbo de competencias administrativas. Más de 15 días después del desalojo, decenas de personas continúan durmiendo bajo el puente de la autovía C-31, en pleno avance del frío, mientras las administraciones se cruzan responsabilidades sobre la gestión de alternativas para los desalojados. Desde el inicio, el alcalde y principal impulsor del desalojo, Xavier García Albiol (PP), rechazó “gastar un euro” en ayudas, dejando la atención básica en manos de entidades sociales, vecinos y, con el apoyo de la Generalitat, han trasladado a más de 150 exresidentes a distintos puntos de Cataluña. Pero esta semana, el Govern dio por cerrada la “fase de emergencia” y subrayó que la atención de los que siguen bajo el puente corresponde al Ayuntamiento de Badalona, al considerar que la gestión del sinhogarismo es una competencia municipal. Mientras la responsabilidad pasa de una administración a otra, los voluntarios se reducen, las ayudas menguan y un nuevo asentamiento empieza a normalizarse bajo el puente de la C-31.

Dos semanas después del operativo, el campamento improvisado bajo la autovía, en el barrio de Sant Roc, sigue prácticamente igual y allí permanecen más de 70 personas. “Esto va para largo. En los últimos días no ha venido nadie y estamos aquí los mismos de siempre”, explica Cristina M., exresidente del B9. Tras la intervención policial, gran parte de los antiguos ocupantes, siguen bajo el puente. Sin embargo, más de 150 personas, según el Govern, fueron trasladada en grupos pequeños a distintos municipios de Cataluña, en un dispositivo de emergencia gestionado por la Generalitat, con el apoyo de la Cruz Roja y de más de una decena de entidades sociales.

Esta semana, no obstante, el dispositivo entró en una “nueva fase” y la Generalitat dejará de hacer seguimiento de las personas que continúan bajo el puente, cuya atención pasará a manos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona. Para quienes han sido realojados fuera de Badalona, el Govern se ha comprometido a monitorizar los casos, pero sin concretar medidas prácticas. Según han informado, un grupo de trabajo actuará en frentes como la situación administrativa, el acceso al trabajo y, algún momento, el retorno a Badalona de las personas desplazadas temporalmente durante el operativo de emergencia.

Para muchos de los afectados, que duermen ahora en otras localidades, el vínculo con la ciudad se mantiene, ya sea por cursos que habían iniciado o por motivos laborales. Algunas entidades sociales les facilitan billetes de transporte para poder desplazarse durante el día. “Aquí podemos comer y mantener la convivencia”, explica Sasha, realojada en Malgrat de Mar, a cerca de una hora y media en tren de Badalona.

La disputa entre ambas administraciones no es nueva. El alcalde de Badalona, García Albiol,, ha vinculado en reiteradas ocasiones la presencia de migrantes en la ciudad con la política migratoria del Estado. Desde la Generalitat, en cambio, se sostiene que la atención al sinhogarismo es una competencia de los ayuntamientos y que “infelizmente, esta es la realidad”.

El enfrentamiento se materializó pocos días después del desalojo cuando, mientras un grupo de exresidentes se instalaba bajo el puente de la C-31, otro ocupó de forma temporal el albergue municipal de Can Bofi Vell, cerrado desde hace meses por el gobierno de Albiol. Entidades y representantes del Gobierno acusaron al alcalde de “dejación de funciones”, y la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, reclamó al Ayuntamiento su reapertura para ofrecer una respuesta habitacional de emergencia.

El consistorio lo descartó y sostuvo que el albergue no reúne las condiciones necesarias para acoger a personas. Sin embargo, varias entidades sociales sostienen que el espacio podría ponerse en funcionamiento de inmediato. “Tiene las sábanas puestas y todo preparado. El Ayuntamiento solo debería garantizar el suministro de agua y luz para que estuviera en condiciones”, afirma Victoria Canalla, una de las activistas que acompaña el caso.

El desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, ejecutado el pasado 17 de diciembre y celebrado por el gobierno municipal de Xavier García Albiol, se llevó a cabo sin que se cumpliera una de las condiciones impuestas por la jueza que lo autorizó: ofrecer una alternativa habitacional a las personas que vivían en el asentamiento. El recinto estuvo ocupado durante más de dos años, mayoritariamente por migrantes subsaharianos. Durante ese tiempo funcionó como un pequeño pueblo y llegó a alojar a más de 400 personas. Entre ellas había perfiles diversos, incluidos trabajadores que, pese a tener empleo, no podían permitirse pagar el alquiler de una habitación. Desde que se anunció la posibilidad del desalojo, muchos de sus moradores advirtieron de que no desaparecerían, sino que el problema se desplazaría a otro punto de la ciudad.

En dos semanas tras el desalojo, esa previsión se materializa bajo el puente de la C-31. Allí, aunque el número de tiendas de campaña se ha mantenido estable durante las últimas dos semanas, el apoyo solidario ha ido menguando. “En Nochebuena había mucha gente ayudando, pero el día 1, que también era festivo, casi no vino nadie. Tuvimos que pedir comida en un mercado cercano”, relata Cristina. La mesa de reparto ya no reúne la misma cantidad de alimentos que en los primeros días y los voluntarios acuden cada vez con menos frecuencia. A menos de 10 minutos a pie del antiguo B9, la presencia del nuevo asentamiento empieza a integrarse, poco a poco, en el paisaje cotidiano del barrio.