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El Govern blinda la bioseguridad del sector porcino con una batería de medidas ante la amenaza sanitaria

Agricultura presenta el plan como respuesta al brote de peste porcina

Los efectos de la crisis, aunque sin consecuencias para el ser humano, mantienen en alerta al sector porcino. Por ello, el consejero de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este lunes la puesta en marcha del Plan Bioseguridad 360º. Es una batería de una docena de medidas para reforzar la seguridad animal, proteger la salud pública y garantizar la competitividad y viabilidad económica del sector porcino catalán, que lidera la producción estatal con el 40% de la producción y un censo de ocho millones de animales.

Ordeig lo ha anunciado en una rueda de prensa desde la sede de Càrniques Juià, una importante explotación porcina de Girona. La auditoría realizada al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ―el laboratorio de la Generalitat señalado por la presunta fuga de la peste porcina― no ha llegado a ninguna conclusión sobre el origen del brote,

El plan parte de una estrategia en bioseguridad que se remonta al 2015, pero responde a un contexto de “mayor presión sanitaria, con la aparición de enfermedades emergentes y una sociedad más exigente en materia de seguridad alimentaria”, ha expuesto el consejero.

La estrategia consta de una docena de líneas de trabajo. El Govern pretende implantar un sistema que analice los riesgos y monitorice las explotaciones porcinas de forma más precisa. Para ello será necesaria la participación activa del tejido empresarial, que recibirá campañas de comunicación de una forma más intensiva ppara advertir de la bioseguridad y de las consecuencias de incumplir con la normativa.

Esta medida incluye también a las explotaciones de autoconsumo, cuya actividad se podrá limitar en caso de incumplimiento. Se trata de una demanda histórica del sindicato de agricultores catalán Unió de Pagesos que rescató ante la crisis por la gripe aviar que obligó a sacrificar a tres millones de gallinas ponedoras en España el pasado noviembre. El sindicato advirtió entonces de que muchas de estas explotaciones no constan en los registros porque sus propietarios creen que deberán pagar impuestos desorbitados por ellas.

La hipótesis que en un primer momento lanzó Ordeig sobre la posibilidad de que el patógeno hubiera llegado a Cataluña por medio del bocadillo de un transportista ha llevado al Govern a proponerse intensificar los controles a estos vehículos. Para eso hará falta formar a los conductores del sector en materia de limpieza y desinfección.

El plan estará supervisado por una comisión técnica operativa, con la participación de los Servicios Territoriales, el Servicio de Sanidad Animal y representantes del sector, que se reunirán mensualmente para hacer el seguimiento. El documento también contempla revisar las encuestas de bioseguridad de forma anual.

La política del Govern responde, sobre todo, a la protección del peso económico que tiene el sector en Cataluña. Hace dos semanas, el precio del cerdo de engorde cayó seis céntimos y situó el kilo en vivo en 1,04 euros, cuando el día antes de la detección del primer jabalí positivo en peste porcina era de 1,30 euros.

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