Ni quita del FLA, ni control a la pesca ilegal, ni financiación: las consecuencias para Cataluña de la ruptura de Junts

El anuncio de Junts per Catalunya, de este jueves, tiene una derivada catalana. La decisión de la formación que preside Carles Puigdemont de rechazar de plano los proyectos de ley en trámite en el Congreso no solo sacude la estabilidad de la legislatura, sino que hasta tiene una lectura en clave de pugna política con Esquerra. En el aire quedan carpetas como la de la quita del Fondo de Liquidez Autonómica, la financiación singular o la situación de la pesca ilegal, entre otros: todas ellas han de pasar por votaciones en el Congreso donde ya no cuenta la mayoría de la investidura y en las que Junts parece haber renunciado a negociar.

“No habrá más colaboración, ni más negociación”, aseguró la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. El anuncio llegaba menos de una semana después de que las bases de la formación bendijeran la decisión que la cúpula había tomado en una reunión en Perpiñán. Se trata de una progresión en lo inicialmente planteado, en que los de Puigdemont renunciaban a conversar con antelación sobre las normas y advertían que, a partir de entonces, el Gobierno se encontraría el sentido del voto en los tableros del Congreso.

El anuncio de Nogueras, además, parece poner fin al llamado “método Junts”, como el propio expresident de la Generalitat había bautizado la manera como se negociaba con ellos y que había desgranado en el mitin del quinto aniversario del partido, el pasado julio, en Prats-de-Mollo-la-Preste (Francia). “Es plantearse unas cuantas preguntas básicas cada vez que nos piden el voto. ¿[La medida]Es positiva o puede serlo para los catalanes y Cataluña? ¿Respeta las competencias y nuestra identidad? ¿Se han aceptado nuestras propuestas? ¿Es útil para avanzar en el camino a la independencia?”.

Enrocados en el no y autoexcluidos de las negociaciones de unas 50 normas, en las filas de Junts renuncian a poder incidir en ítems como por ejemplo la ampliación de los permisos por defunción que quiere promover la vicepresidenta Yolanda Díaz. La líder de Sumar, de hecho, acusó este jueves a la formación independentista de “perjudicar a la clase trabajadora” con sus decisiones, aunque también le reconoció que haya anunciado que mantendrá su apoyo para que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela o las ayudas para los enfermos de ELA reciban la luz verde de la Cámara.

Junts ya ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno y no votará a favor de las 21 que están en trámite. Dentro ese paquete, hay una norma con trascendencia en Cataluña: el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima. La formación de Nogueras, el pasado 23 de septiembre en el Parlament, había denunciado “el abandono del mundo pesquero por parte del PSC”.

El veto también llegará a propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento. Tal es el caso de dos de los puntos claves de la legislatura y que se corresponden con acuerdos centrales de sus rivales de Esquerra Republicana: la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el futuro de la financiación singular, cuyas reformas legales necesitan la mayoría del Congreso.

La condonación tiene un alcance estimado de unos 83.000 millones de euros y que el Estado asumirá como parte de su estrategia para reducir el sobreendeudamiento de los territorios. De aprobarse, para lo que es necesario el voto de Junts, la Generalitat vería como de su balance desaparecen de un plumazo 17.104,95 millones de euros, el 19,9% del pasivo total. Junts siempre había defendido una “quita total”.

Aunque la carpeta de la financiación singular es más complicada, su posible llegada a buen puerto depende también de una serie de votaciones en el Congreso. Ese cambio, salido de los acuerdos de investidura entre ERC y PSC, también implica reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, para que pueda recaudar el IRPF. Una proposición de ley de los republicanos en ese sentido, y que abre la puerta a que otras comunidades autónomas también puedan gestionar ese tributo, está a la espera de su turno para ser debatida en la Cámara y está por verse qué hará ahí Junts.