La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica

El mayor pelotazo de la trama desmantelada en la Operación Púnica ya tiene sentencia. La Audiencia Nacional ha condenado a cinco alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local por “prácticas corruptas” en el amaño, entre 2012 y 2014, de contratos públicos en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de eficiencia energética Cofely España. Otros dos regidores populares que se sentaban en el banquillo de los acusados han sido absueltos. La mayor condena, ocho años y dos meses de prisión, corresponde, sin embargo, a un empresario, David Marjaliza, cabecilla de la trama y cuyo testimonio le convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España al permitir avanzar en una macrocausa con varias líneas de investigación aún por juzgar del caso Púnica, la red que tuvo como epicentro al propio Marjaliza y a Francisco Granados, consejero autonómico durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre.

El fallo conocido este lunes impone a todos los condenados penas sensiblemente inferiores a las que inicialmente pedía la Fiscalía Anticorrupción al aplicarles el tribunal el atenuante de dilaciones indebidas, ya que desde que se inició la instrucción de la causa, en junio de 2014, y la sentencia han transcurrido más de 11 años. Además, a una docena de ellos también le reconoce el atenuante de confesión al admitir las irregularidades cometidas y a varios también el hecho por haber entregado diversas cantidades de dinero para resarcir el daño causado. En el caso de Marjaliza, se le intervino en 2015 38 obras de arte valoradas en 15,6 millones de euros que había ocultado en Suiza que él ayudó a repatriar para hacer frente a sus responsabilidades económicas en esta pieza y el resto de la macrocausa.

Los exalcaldes condenados son José María Fraile, antiguo regidor socialista de Parla (Madrid), a quien el tribunal ha impuesto dos años y cuatro de cárcel como autor fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por amañar un contrato de eficiencia energética de 54,6 millones de euros en su municipio. En su primer escrito de acusación, Anticorrupción planteó para él una pena de 11 años de cárcel. Fraile fue uno de los procesados que reconoció los delitos cometidos y haber recibido una dádiva de 500.000 euros por amañar el concurso para beneficiar a Cofely. Por su parte, al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), la Sala le impone una pena de dos años y 10 meses de prisión por los mismos delitos.

El exalcalde del municipio madrileño de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, del PP, ha recibido una condena de cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho. La misma pena se ha impuesto a Agustín Juárez López de Coca, exalcalde del PP en Villalba; mientras que Daniel Ortiz, exregidor popular de Móstoles, ha recibido una pena de tres años de prisión como autor de un delito de cohecho durante su mandado en esta localidad, la segunda de mayor población de la Comunidad de Madrid. Por aquel amaño concreto también han sido condenados a la misma pena el concejal de su partido Alejandro Utrilla y el hermano de este, Mario Utrilla, que entonces era regidor del PP en la localidad de Sevilla La Nueva. Ninguno de ellos reconoció durante la vista su implicación en los hechos que finalmente el tribunal sí ha considerado probados.

El que sí admitió los hechos fue el quinto exalcalde del PP condenado, Gonzalo Cubas, quien fuera regidor de Torrejón de Velasco y que es cuñado de Marjaliza. La Audiencia Nacional no le ha impuesto prisión, sino tres años de inhabilitación. Los dos ex primeros ediles del PP finalmente absueltos han sido José García Lobato, que ocupó la alcaldía de Almendralejo (Badajoz) y José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro (Madrid), para quienes el tribunal considera que no hay pruebas de una actuación delictiva durante su etapa al frente de sus ayuntamientos.

La sentencia condena a 28 de las 36 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados cuando se inició el juicio el pasado abril. También condena, en este caso como persona jurídica, a Cofely, a la que impone el pago de una multa de 3,6 millones de euros por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque la absuelve del de blanqueo de capitales. La sentencia recalca que sus mecanismos de control interno para prevenir actividades corruptas fallaron durante los tres años que estuvo activa la trama. Tres de sus directivos también han sido condenados, en su caso a penas de cárcel. Entre ellos, el que entonces era su director general, Didier Roger Maurice, y el antiguo al director comercial, Constantino Álvarez, a los que ha impuesto sendas penas de seis años y seis meses por organización criminal, fraude a la Administración, cohecho y colaboradores en un delito continuado de prevaricación.

El fallo considera probado que, entre marzo del 2012 y octubre del 2014, los directivos de Cofely España ahora condenados y Marjaliza, que desempeñaba el papel de comisionista, “actuaron como una organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en los ayuntamientos” para conseguir contratos de eficiencia energética en varios municipios. Para ello, pagaban sobornos a los cargos públicos y funcionarios implicados en las adjudicaciones, de los que obtenían con antelación datos fundamentales de la licitación e, incluso, influían sobre el elementos esenciales de los concursos como la fórmula de valoración económica o los criterios de valoración, por lo que partían con una ventaja clave ante otras empresas que concurrían a la licitación. En su oferta, la trama incluía varias partidas, como una por auditoría, que les permitía embolsarse un cantidad de dinero que pagaba el ayuntamiento como sobrecoste y que luego utilizaban para pagar la mordida a los políticos y funcionarios implicados. “Esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados”, recalca el fallo.