Bronca en Anticorrupción por no acusar de más delitos en un juicio de Púnica: “He pensado mucho si hacer lo que voy a hacer”

Carmen García Cerdá, una de las dos fiscales de Anticorrupción del caso Púnica, se expresó así el pasado miércoles: “Me lo he pensado mucho. He pensado mucho si hacer lo que voy a hacer, dar el paso que voy a dar. Hay momentos que he pensado que no, hay momentos que he pensado que sí. Y finalmente he pensado que sí”, avanzó la fiscal, durante su alegato final en el juicio que está celebrando actualmente la Audiencia Nacional sobre esta trama, antes de criticar abiertamente que el ministerio público no haya acusado por más delitos de malversación y fraude. Cerdá invocó un artículo del Estatuto de la Fiscalía para poder “discrepar” en una vista del criterio impuesto por sus superiores, que ella resumió como un “pisado” de la cúpula de Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón.

“Y voy a utilizar este artículo 25 [del Estatuto fiscal] porque yo considero que todos los Ayuntamientos donde la acusación popular ha visto fraude, este ministerio fiscal [en referencia a ella misma] también lo ve. Y también porque este ministerio fiscal ve delito de malversación”, apostilló la fiscal Cerdá durante su intervención en el juicio para exponer su postura personal, pese a que Anticorrupción no acusa finalmente por esos hechos (sí lo hace por otros). Mientras pronunciaba esas palabras, su compañera en el caso Púnica (la fiscal María Teresa Gálvez) negaba con la cabeza a su lado, le pedía que hablara exclusivamente en su nombre e, incluso, alzaba la voz para interrumpir su explicación sobre su posicionamiento discrepante.

—Son cuestiones internas que deben debatirse en Fiscalía—zanjó la presidenta del tribunal, una vez escuchada a Cerdá, para evitar prolongar este debate.

Este episodio se produjo el pasado miércoles, durante la sesión reservada por la Audiencia Nacional para que las acusaciones expusieran sus conclusiones definitivas en la recta final del juicio que está celebrando sobre el caso Púnica —centrado en el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la compañía energética Cofely en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en Almendralejo (Badajoz)—. En esta vista oral, de las 36 personas que se sientan en el banquillo, 15 han admitido algunas irregularidades (varias con muchos peros): entre ellas, el empresario David Marjaliza, los responsables de la empresa energética y tres exalcaldes (Gonzalo Cubas, exregidor de Torrejón de Velasco por el PP; José María Fraile, quien fuera máxima autoridad de Parla por el PSOE; y Antonio Sánchez, ex primer edil de Serranillos del Valle con el partido localista UDMA).

Otros seis exalcaldes del PP están entre los acusados, aunque ellos negaron las imputaciones: José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz, de Móstoles; Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva; y José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).

Anticorrupción pide penas de cárcel para la mayoría de ellos (por delitos como cohecho, tráfico de influencias y, en algunos casos, incluso fraude). Pero, en opinión de la fiscal García Cerdá, su escrito de acusación se ha quedado corto y deberían haberse atribuido más delitos de malversación y fraude. Por eso, decidió dar el paso de exponerlo en público durante la vista.

Invocación del Estatuto fiscal

La fiscal Carmen García Cerdá, que ya se ha enfrentado en otros sumarios con la cúpula de Anticorrupción (como en el caso abierto contra Cristóbal Montoro, exministro del PP), tomó la iniciativa este miércoles para invocar el artículo 25 del Estatuto del ministerio público. Este precepto contempla que “el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia”.

Según confirma el organismo, surgieron discrepancias internas sobre la acusación que se debía sostener en este juicio del caso Púnica; ya que, por ejemplo, una de las dos fiscales apostaba por mantener la imputación por malversación y otra por retirarla. Ante esta situación, según el ministerio público, se consultó con la cúpula de Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, que acordó no acusar finalmente por ello.

De hecho, en el escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, fechado el pasado martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, estas imputaciones no constan. Aun así, los magistrados tendrán que abordar estos delitos en su futura sentencia. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el PSOE, personados como acusación popular en la vista oral, sí han mantenido esas acusaciones (por ejemplo, achacan malversación a 18 procesados: entre ellos, a los exalcaldes José Carlos Boza y Agustín Juárez).

“Lo que estoy haciendo es apoyando la acusación popular que yo considero”, especificó García Cerdá el pasado miércoles, durante su invocación del artículo 25: “Yo veo los delitos de malversación en los Ayuntamientos que ha recogido la acusación popular y los veo para las personas implicadas de Cofely”. “También me cuesta mucho entender que pueda haber una prevaricación sin un fraude [en algunos Consistorios]”, remachó.