La Oficina de Conflictos de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por Air Europa

La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado de nuevo la denuncia presentada por el PP contra Pedro Sánchez por participar en las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros sobre el rescate de Air Europa en plena pandemia de coronavirus. Este órgano se vio obligado a reabrir en junio sus pesquisas, a las que había dado carpetazo en 2024, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenase indagar más sobre la vinculación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con la aerolínea. Sin embargo, según explican fuentes jurídicas, la Oficina ha vuelto a cerrar ahora el expediente tras recabar nueva documentación (entre otros, de la Seguridad Social, del Registro Mercantil y de Globalia, propietaria de Air Europa) y llegar a la misma conclusión: Pedro Sánchez no tenía “obligación” de abstenerse.

Según explican fuentes jurídicas, en un informe firmado en la tarde de este martes, la Oficina de Conflictos de Intereses subraya que se ha “confirmado” que Gómez “no ha desempeñado ni desempeña” ningún cargo en las empresas señaladas: “Y, por tanto, ninguno que implique funciones de dirección, asesoramiento o administración, en los términos exigidos por [...] la Ley que pudiera determinar la obligación de abstención de su cónyuge, el presidente del Gobierno”. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, apostilla que la esposa del jefe del Ejecutivo tampoco ha estado dada de alta en la Seguridad Social en ninguna de esas compañías: “Y se ha constatado, asimismo, que no desempeña ni ha desempeñado cargo alguno, ni actividad profesional o mercantil en la entidad Globalia”.

Este mismo miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado este tema para arremeter contra el presidente en el Congreso. “Ayer se publicó que la justicia le ha dado 60 días para investigar su conflicto de intereses por el rescate de una compañía por 475 millones de euros, en el que su mujer tenía intereses económicos”, ha cargado este miércoles el conservador. Aunque, cuando pronunciaba esas palabras, la Oficina de Conflictos de Intereses ya había acabado las pesquisas reabiertas tras el dictamen del TSJM del pasado junio y había vuelto a archivarlas.

En una conversación informal con periodistas, la vicesecretaria Cuca Gamarra ha avanzado que el PP recurrirá a corto plazo al Tribunal de Superior de Justicia, al que pedirá que ejecute la resolución. Y además, decirles que, conforme a ese informe que se ha presentado, ellos consideran que sí existe conflicto de intereses, informa Virginia Martínez.

El inicio de este procedimiento se remonta a marzo de 2024, cuando el PP llevó a Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses por no abstenerse en las decisiones del Consejo de Ministros sobre el rescate de Air Europa en plena pandemia. Los populares sostenían que el presidente debía haberse apartado por la supuesta relación de Begoña Gómez con la compañía y la influencia que, según elucubran, podría haber tenido —una tesis que la Audiencia Provincial de Madrid ha calificado hasta ahora como meras “conjeturas”—. Sin embargo, esa iniciativa cayó en saco roto a los pocos días: tras elaborar un escueto informe, el órgano archivó la denuncia de los conservadores al considerar que las “decisiones adoptadas” no afectaron a los intereses personales de Sánchez, “ni propios, ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos”.

Entonces, el PP acudió a los tribunales, donde encontró una nueva vía. Este pasado junio, aunque no entraba al fondo del asunto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló que la Oficina de Conflictos de Intereses no hizo una “mínima” averiguación antes de dar carpetazo al asunto y, por tanto, le ordenaba recabar nuevos datos antes de decidir si archivaba o no.

Una vez conocida esta resolución del TSJM, la Oficina se puso manos a la obra y pidió documentación al Registro Mercantil Central; a la Tesorería General de la Seguridad Social; al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y a Globalia. En este sentido, la propietaria de Air Europa respondió: “Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no ha ocupado ni ocupa ningún cargo, ni desempeña ni ha desempeñado ninguna actividad profesional o mercantil en Globalia, ni en ninguna de las sociedades integrantes de su grupo empresarial”.

Tras analizar toda la nueva documentación recibida, la Oficina ha vuelto a llegar a la misma conclusión: no aprecia irregularidades. “Tras la práctica de las actuaciones de investigación señaladas, se concluye que, dado que la señora Gómez Fernández no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas afectadas por los Acuerdos del Consejo de Ministros, no concurrió el supuesto de hecho legal determinante de la obligación de abstención de su cónyuge”, ha notificado, según detallan fuentes jurídicas. Esta resolución puede volver a recurrirse.

La oposición y varios grupos ultras tratan de acorralar a Sánchez por la supuesta relación de su esposa con Air Europa. Pero, hasta ahora, los tribunales no han encontrado nada. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid obligó al juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez desde hace más de un año, a cerrar esa parte de su causa por no existir indicios. En un audio interceptado por la Guardia Civil, el comisionista Víctor de Aldama, que fue asesor de Air Europa, también la desvinculaba: “Lo de que quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, que si ha habido presiones y tal, nada es verdad”. El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lera, alto cargo nombrado por el Gobierno del PP en 2017 y encargado de gestionar la ayuda a la aerolínea, aseguró en el Senado que nunca trató este tema con José Luis Ábalos, responsable de Transportes durante la pandemia, y que no conocía ni a Aldama ni a Koldo García, excolaborador del ministro.