La expansión del biogás tensa el mundo rural

El biogás es una fuente de energía renovable que se obtiene a partir de la descomposición de residuos orgánicos como son purines, estiércol, restos agrícolas o residuos alimentarios. Estos desechos se someten a un tipo de fermentación sin oxígeno conocida como digestión anaerobia que genera un gas que en un principio se quemaba para producir energía y que, actualmente, se inyecta directamente a la red. La Generalitat considera que es una de las energías que permitiría, en parte, autoabastecerse de gas y, por ello, aprobó el pasado 2024 la Estrategia Catalana del Biogás 2024-2030, un plan coordinado con el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) que pretende —siempre con inversiones privadas que reciben subvenciones públicas— multiplicar por tres la producción actual de biogás (en 2024 se generaban 0,6 teravatios hora, TWh, de energía a partir de biogás y se pretende alcanzar, en 2030, los 2 TWh). En la actualidad hay cerca de 70 plantas, básicamente pequeñas, repartidas entre plantas ganaderas, depuradoras y plantas de residuos urbanos. Estos centros de producción generan 74 megavatios. La Generalitat quiere multiplicar esas cifras con la construcción de 12 plantas nuevas al año entre 2024 y 2030. Unas nuevas plantas de mayores dimensiones, con capacidad para tratar, cada una, 50.000 toneladas de residuos al año. La administración catalana asegura que, de este modo, se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, se mejorará la gestión de purines y se impulsará la bioeconomía circular.

El problema es que el plan no despierta complicidades en las zonas rurales. El 5 de octubre, centenares de vecinos de municipios de comarcas como la Noguera, el Pla d’Urgell o la Segarra se manifestaron en la ciudad de Lleida denunciando la opacidad y la magnitud de estos macroproyectos que, según denuncian, van a convertir las zonas agrícolas en polos industriales. De hecho, 27 alcaldes de Lleida (la mayoría de ERC y la CUP) han hecho pública su oposición a las plantas de biogás y, en especial, contra el fondo de inversión Copenhague Infrastructure Partners, que quiere construir una macroplanta en la Sentiu de Sió. Los ediles han pedido a la Generalitat que se replantee si este tipo de proyectos son los que necesita el mundo rural catalán.

Es tal la oposición existente en la zona de Lleida que vecinos y ayuntamientos han constituido la plataforma Pobles Vius, que no solo rechaza los macroproyectos de biogás, sino también plantas energéticas e incluso parques fotovoltaicos. Denuncian que son infraestructuras “impuestas” por fondos de inversión que “colonizan” las zonas rurales. Gerard Batalla es uno de los miembros de Pobles Vius y, además, vecino de la Sentiu de Sió. “En 2023 me ofrecieron si quería irme de mis tierras donde realizo cultivo ecológico para construir una planta de biogás. Investigué y resulta que un fondo de inversión ya había pedido recalificar algunos terrenos y convertirlos equipamientos comunitarios”, recuerda. Batalla se reunió con los vecinos y pronto decidieron que iban a enfrentarse al biogás. “Dicen que es una energía renovable pero no es verdad. Pretenden construir aquí una de las plantas más grandes de Europa. Plantas que funcionan con purines, cadáveres de animales y vísceras de matadero. Eso se traduce en centenares de camiones —de gasoil— cargados de desechos entrando y saliendo diariamente del pueblo”, denuncia. “Intentan hacernos creer que así solucionan un problema de purines que en realidad no tenemos”, adelanta Batalla.

En toda Cataluña hay 8.026.467 cabezas de ganado porcino, de las que 4.641.101 se sitúan en granjas de Lleida. En Cataluña se producen más de 12 millones de toneladas anuales de purines líquidos y estiércol sólido, de los que 8,5 millones de toneladas las generan las granjas porcinas. La normativa establece que hay zonas vulnerables donde los acuíferos están en riesgo por el exceso de nitratos derivados por el uso de estos purines. Son zonas como el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, Garrigues… Allí, la cantidad máxima de purines que pueden aplicarse al suelo son 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Joserra Olarieta es ingeniero agrónomo y profesor de edafología (la ciencia que estudia el suelo) y química agrícola de la Universidad de Lleida. “El biogás parte de la idea de que el sistema ganadero produce purines en exceso. No es cierto. Los campos necesitan purines para que la agricultura funcione porque, ahora, los suelos agrícolas se están empobreciendo. No hay un exceso de purines. El problema es la presencia de macrogranjas que no disponen de suelo suficiente para esparcir sus purines”, apunta Olarieta. El ingeniero asegura que el plan del biogás no es más que la excusa perfecta para ayudar al sistema de macrogranjas. “Tenemos excedentes de animales. Está comprobado que si los purines se meten en un camión y viajan más de 22 kilómetros hasta la planta de biogás se gasta más energía que la obtenida por la propia planta. En realidad, las plantas no generan energía, son algo así como una refinería”, denuncia.

Pobles Vius también asegura que en Lleida no hay excedentes de purines. “En la comarca de la Noguera hay más tierra que purines. No hay excedente y solo plantean hacer estas macroplantas para convertirnos en un polo de atracción de purines y otros desechos orgánicos al servicio de las macroplantas que no tienen tierras asociadas”, lamenta Batalla, denunciando que, además, los privados que construyen estos proyectos desembarcan en Lleida atraídos por las subvenciones. La propia hoja de ruta de la Generalitat ya apunta a la creación de subvenciones a fondo perdido de la propia administración catalana o fondos Next Generation de la Unión Europea.

Laura Calvet-Mir es doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona: “El biogás no es una energía renovable. El aire y el sol los tenemos siempre, mientras que los purines no son un recurso”. Calvet-Mir lamenta que nos encontramos ante la “tercera burbuja” de las renovables. “Los grandes fondos de inversión aprovechan las subvenciones para hacer negocio. Anglesola y Vilagrassa son dos municipios pegados uno de otro. Quieren instalar dos plantas -una en cada pueblo- y no hay en la comarca tanto residuo que fermentar. Al final, quieren convertir a Lleida en el basurero orgánico de Europa”, denuncia. “El problema real es el desequilibrio de poder. Por un lado, las poblaciones locales no saben qué hay proyectado en sus suelos. Nos lo venden como el progreso, el trabajo o el bien climático pero, en realidad, no son iniciativas que busquen un bien común”, reclama.

El doctor en Geografía y profesor asociado a la Universidad Rovira i Virgili, Sergi Saladié, defiende que “cada territorio gestione sus propios residuos”. Saladié, que fue diputado por la CUP en 2015, denuncia que la Generalitat no ha diseñado una planificación real de las plantas de biogás. “Es, en realidad, una liberalización del suelo encubierta que permite que cualquier empresa pueda plantear una instalación. En según qué territorios, el biogás sería una solución para los purines por el exceso de ganadería pero, además de los residuos propios, se incorporan otros que no lo son”, resume. “Al final, si la administración no hace su trabajo la planificación se queda a merced de los grandes promotores”, denuncia. Saladié lamenta que muchas veces para construir una planta se recalifica el terreno como equipamientos comunitarios y “no es una estación eléctrica para el municipio ni un cementerio”.

La única salida que tienen los consistorios para oponerse, si la Generalitat aprueba urbanísticamente estos proyectos, es suspender las licencias para intentar frenarlos. Precisamente es lo que hizo, en abril, el pleno del Ayuntamiento de Bellcaire d’Urgell suspendiendo las licencias de obras, durante un año, para plantas de tratamientos de residuos y proyectos de instalaciones energéticas. Necesariamente, esa suspensión bloqueaba la planta de biogás de la Sentiu de Sió —que se encuentra a dos kilómetros—, ya que su conexión a la red de gas debía pasar por Bellcaire.

Tornabous se encuentra a 20 kilómetros de la Sentiu de Sió y los vecinos también se muestran contrarios a la planta de biogás. “La carretera C-53 que atraviesa nuestro municipio irá cargada de camiones con material orgánico. Además, se habla de una chimenea de 60 metros que nos inundará de contaminación”, lamenta el alcalde David Vilaró. El primer edil asegura que este tipo de infraestructuras sirve para dar “servicio a las grandes ciudades”. “Aseguran que darán trabajo pero en realidad lo rompen todo y nos convierten en un auténtico basurero”, lamenta el alcalde.

El que conoce a la perfección las plantas que se habían proyectado en Anglesola y Vilagrassa es Joan Torres, vecino del primer pueblo y fundador de la plataforma contra la planta de biogás. “En Anglesola conseguimos que el pleno, por unanimidad, apoyara la suspensión de licencias. En Vilagrassa, el consistorio sí que la quiere instalar porque ven ciertos beneficios económicos. En realidad, en todo el Urgell no tenemos problemas de purines pero tenemos que luchar contra estos gigantes”, denuncia.