La duda de ERC y Junts

Las tres principales condiciones de ERC y Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez están resultando mucho más difíciles de conseguir de lo previsto. Se trata de la amnistía para la cúpula independentista de 2017, la confección de una fórmula de financiación singular para Cataluña y el uso oficial del idioma catalán en las instituciones de la Unión Europea. En todas ellas se han iniciado los procedimientos adecuados para llevarlas a buen fin. Pero el objetivo parece cada día más difícil de conseguir y eso pone en duda la continuidad de la legislatura.

Los obstáculos que dificultan el avance en estos asuntos son notorios. A la amnistía de Carles Puigdemont y sus colaboradores se opone activamente el Tribunal Supremo. A la configuración de un sistema singular de financiación de la Generalitat se oponen el PP, Vox, las comunidades autónomas gobernadas por estos partidos, algunas gobernadas por el PSOE y los inspectores de Hacienda. Contra el uso del idioma catalán en la UE, y de paso el gallego y el vasco, se oponen el PP y Vox y sus socios de la derecha y la ultraderecha europeas.

Estamos ya a mitad de legislatura y sería ingenuo imaginar siquiera que el PP y Vox van a aflojar en la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez en unos asuntos centrales de la política española. Estos lo son por su sustancia, pero también por su condición de elementos sensibles en la formación y mantenimiento de la mayoría parlamentaria de gobierno. Sin ERC y Junts no habría tal mayoría.

No van a aflojar, además, porque, tal como han ido las cosas, se ha comprobado que PP y Vox creen que les va bien que siga vivo un cierto grado de conflicto catalán. Creen que les conviene. Le sacan rendimiento electoral en las dos Castillas, Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia. Así de crudo. Si se cuenta el número de senadores que obtienen las derechas en estas comunidades, se observa que de ahí sale la mayoría absoluta que tienen en el Senado. A partir de 2018, el argumento básico de la política del PSOE de Pedro Sánchez fue apostar fuerte por la convivencia interna en Cataluña y recuperar la participación del catalanismo en el escenario español. PP y Vox están contra eso.

Pero, ¿por qué pone obstáculos el Tribunal Supremo a una senda de pacificación política en Cataluña? Esgrime sucesivos argumentos técnicos, el último sobre el delito de malversación, pero en realidad lo relevante es que se resiste a que le quiten el conflicto catalán de las manos antes de poder terminar su trabajo. Es decir, antes de sentar a Carles Puigdemont en el banquillo. En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy delegó en el Supremo la solución de la crisis que había sido incapaz de negociar en términos políticos y ahora la amnistía aprobada por el parlamento viene a quitárselo de las manos. Se lo quita además después de que se haya visto humillado por unos políticos, los independentistas, que se le han escapado durante ocho años. No va a aflojar. Todo esto ha devenido un elemento central del feroz enfrentamiento del conservadurismo español contra el Gobierno del PSOE y sus apoyos catalanes. Así que no van a aflojar. Es lo que hay. Y eso es lo que tienen que calibrar Junts y ERC para la segunda mitad de legislatura.