La Generalitat “profesionalizará” la selección de directivos públicos

El Govern comenzará a tramitar este martes la Ley de la Dirección Pública Profesional, con la que quiere que los cargos directivos de la administración se elijan mediante procesos de selección “abiertos y objetivos” y no de forma discrecional por parte del poder ejecutivo, como sucede ahora. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que previamente se ha reunido, acompañado por el presidente catalán, Salvador Illa, con representantes del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración y del grupo de expertos CETRA, entre otros.

El Consell Executiu aprobará mañana martes la memoria preliminar de la norma, basada, según el ejecutivo, en los estándares fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sistema de selección que ya se aplica en Portugal. El Govern lanzará una consulta pública previa, que durará un mes, y abordará esta iniciativa con los grupos parlamentarios tras el verano.

Dalmau ha defendido que este lunes se da “un paso muy significativo” con el fin de “reducir el espacio de decisión política arbitraria en la elección de los altos cargos de la Generalitat”. Bajo la premisa de que la administración solo puede transitar los caminos de la “reforma” o del “colapso”, Dalmau ha explicado que con este “cambio radical” en los sistemas de selección se evitará que “entre 400 y 900″ cargos directivos de la Generalitat sean relevados cada vez que el Govern cambia de color político.

Si los plazos previstos por Dalmau se cumplen, el proyecto de ley de esta norma será aprobado durante el primer trimestre de 2026 y comenzará entonces el trámite parlamentario. El conseller ha dicho que el propuesto es “un cambio cultural” que debe servir para adoptar un modelo ya existente en administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona -del que Dalmau fue gerente-: “Creemos en la política (...) Queremos atraer al mejor talento, venga del ámbito público o privado, y para ello necesitamos unas reglas del juego”.

En la rueda de prensa también han tomado la palabra Josep Santacreu (Cambra de Comerç), Xavier Panés (Cecot) y Antoni Biarnés (FERA). En noviembre, más de 300 entidades del mundo económico y social elevaron la voz para pedir la transformación urgente de la administración pública.

Dos niveles, caducidad y evaluaciones periódicas

La Ley de Dirección Pública Profesional definirá jurídicamente la figura del directivo público profesional y establecerá dos niveles: un primero de directores generales y un segundo, para posiciones equivalentes a subdirecciones generales, de cargos directivos ocupados por funcionarios de carrera.

Establecerá también un sistema de selección que esté basado en “el mérito, la capacidad, publicidad e idoneidad, mediante un procedimiento abierto y objetivo” y se constituirá una “comisión de calificación independiente” que evalúe a los candidatos. Tras el proceso quedarán tres candidatos y ahí sí será el conseller o consellera de turno quien tenga la última palabra.

Los nuevos cargos directivos tendrán “mandatos temporales limitados” en los que deberán cumplir con “objetivos cuantificados y calificables” y, con este fin, se incorporarán “sistemas de evaluación periódica”. El texto también habilitará un régimen transitorio entre el actual sistema y hasta que se despliegue el nuevo modelo.

La reforma de la administración, bandera de Illa

Esta ley que comenzará a caminar mañana forma parte de una serie de medidas con las que el Govern de Salvador Illa se ha propuesto reformar la administración. El ejecutivo ha impulsado la incorporación de consejeros independientes en los consejos de administración de las empresas públicas, ha aprobado un nuevo sistema de atención ciudadana y ha convocado becas para estudiantes que quiera opositar.

También ha creado una nueva Dirección General de Inteligencia Artificial, entre otras medidas, lo que se suma a la proposición de ley registrada por los socios de investidura (PSC, ERC y Comuns) para prohibir la cita previa obligatoria e incluir el reconocimiento del derecho al error tanto de los ciudadanos como de los funcionarios.