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Junts eleva a Garantías Estatutarias el segundo decreto para aplazar la nueva tasa turística

El principal partido de la oposición acusa a Illa de gobernar “a golpe de decreto”

La portavoz de Junts, Mònica Sales, este martes en el Parlament.

Junts ha cargado de nuevo contra el Govern con motivo de la aplicación de la tasa turística. El principal partido de la oposición ha presentado una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre el segundo decreto de prórroga de la tasa turística —aprobado la semana pasada—, que tiene por objetivo retrasar hasta octubre la entrada en vigor de este gravamen. Junts ha elevado la solicitud a este órgano de consulta —como ya ocurrió con el primer decreto—, al sostener que no se debe regular la aplicación de la tasa turística a través de un decreto ley. La portavoz del partido, Mònica Sales, ha acusado a los socialistas de estar abusando de esa norma: “No se puede gobernar el país a golpe de decreto ley y saltándose los trámites parlamentarios de forma recurrente”.

Sales ha querido recordar que, cuando presentaron la misma solicitud respecto al primer decreto, el CGE —que es la institución jurídica de la Generalitat encargada de adecuar las leyes del Govern y el Parlament al Estatuto y la Constitución— ya transmitió al Govern que no existía ninguna “urgencia acreditada” para recurrir a la figura del decreto, y que la tasa turística se debería tramitar “a través de un proyecto de ley”. Ahora, la portavoz reitera que el Ejecutivo socialista persisten en el “error”, y ha reprochado al president Salvador Illa que quiera mantenerse en el poder a “cualquier precio”.

El Govern arrancó la semana pasada el compromiso de los Comunes de aceptar, esta vez si, el aplazamiento de la entrada en vigor de la tasa a cambio de invertir 59 millones de euros -lo que dejará de ingresar- en vivienda además de otras politicas en alquiler social. La institución consultiva tiene 12 días para pronunciarse y emitir un nuevo dictamen.Aun así, Sales ha recordado que esta petición —“por mucho que reciba un posicionamiento favorable por parte del CGE”—, “no dilata la entrada en vigor del decreto”, ya que el dictamen “no es vinculante”, prosigue, y ha lamentado que el Govern no atienda las recomendaciones expresadas por el órgano.

Tras encajar con irritación hace dos semanas la decisión de Junts de no apoyar el aplazamiento de la tasa, El Govern ha acogido este martes con resignación que haya anunciado la decisión de recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias. “Están en su derecho. No tengo otra evaluación. Seremos lo más ágiles posibles”, ha afirmado la consejera Sílvia Paneque, portavoz del Ejecutivo tras la celebración del Consell Executiu. El objetivo del Govern es conseguir que esa sensación de falta de certeza en el sector no se extienda en el tiempo. La consejera ha recordado en cualquier caso que el Govern ha contraído diversos compromisos con sus socios y el sector para regularizar la tasa. Su plan es que la ley esté aprobada en octubre.

Esquerra, por su parte, ha reiterado la importancia de contar con una tasa que contemple la gran afluencia turística que tiene Barcelona durante prácticamente todo el año. En este sentido, la portavoz del grupo, Ester Capella, ha señalado que Junts “tiene derecho” a elevar la cuestión al CGE, pero no ha acabado de entender la motivación del grupo para ejercerlo: “no sabemos si no quieren este impuesto o si ponen trabas porque no lideran ellos el proceso para aplicarlo”. Capella también ha explicado que el grupo ya presentó una proposición de ley sobre la tasa turística, que han propuesto integrar con el proyecto de ley para que se tramiten conjuntamente.

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