Barcelona endurece la guerra contra los negocios que venden gominolas de cannabis e inspecciona 35 ‘growshops’

El Ayuntamiento de Barcelona declaró, el pasado 25 de abril, la guerra a las growshops, las tiendas que venden productos para el consumo y la plantación de cannabis. El Consistorio denunció que en la capital catalana se producen dos intoxicaciones al mes por consumo de gominolas y otras golosinas con cannabis y anunciaron que una reciente orden del Ministerio de Sanidad que considera estas chuches como estupefacientes iba a ser la excusa para declarar las batallas contra estos negocios que molestan al equipo de gobierno de la ciudad.

La primera lucha ha tenido lugar este mismo jueves. En la comisaría de la Guardia Urbana de Ciutat Vella se han concentrado 50 agentes de la policía local de diferentes distritos junto con 25 técnicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, del Servicio de Inspección del Consistorio e inspectores de trabajo. Los 75 funcionarios han actuado al unísono y han registrado, a la vez, 35 locales (en Barcelona hay censados 100) de los que tenían sospechas que podían seguir vendiendo estas gominolas.

Las 10.30 de la mañana era la hora indicada en la comisaría de la Guardia Urbana de Barcelona. Allí se han concentrado, en la sala de briefing, los 50 agentes junto con los 25 inspectores. Las órdenes las ha dado el intendente mayor y jefe de la división territorial de la Guardia Urbana, Benito Granados. “Este dispositivo lo hemos llamado Candi”, ha anunciado Granados. El intendente ha introducido que con la orden ministerial y las órdenes de alcaldía, “caramelos, magdalenas, chocolates….” fabricados con estas sustancias pueden retirarse y reducir así los ingresos hospitalarios de menores con “hipotensión, náuseas, paranoias, fobias…”. El intendente ha alertado del gran riesgo de estas falsas chucherías y ha dado las órdenes de como comenzaría la lucha contra estas ventas. Acto seguido, el sargento Gallego ha distribuido a los agentes y los funcionarios por los 35 comercios sobre los que se tenían sospechas. Comercios diseminados por toda la ciudad. “Hay que frenar el mercado de estos productos en seco”, así ha concluido el briefing Granados.

Antes de que agentes e inspectores se distribuyeran por la ciudad, el intendente mayor ha aclarado a los medios de comunicación que estas falsas golosinas se distribuyen no solo por Barcelona sino por toda Europa “afectando a la salud de públicos que a veces no saben” ni lo que consumen. La intención del Consistorio es sacar de la circulación las chuches prohibidas y dirigirse a distribuidores y fabricantes para que sepan que pueden tener “consecuencias penales” si siguen enviándolas a negocios de Barcelona. “Estas golosinas que parecen inofensivas tienen una alta capacidad de provocar adicción. Hay que frenar la carrera que se inicia a través de esos productos y que pueden llevar al consumo de otras sustancias”, ha concluido en intendente.

La directora de protección de la salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Myriam Quiñoa, ha asegurado que estos productos nunca han sido autorizados desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. “Ahora se nos abre la vía penal”, ha concluido Quiñoa antes de comenzar las inspecciones.

EL PAÍS ha sido testigo de una de las inspecciones en un pequeño establecimiento de la calle Aribau. Faltaban pocos minutos para las 12.00 cuando dos agentes uniformados acompañados de cuatro inspectores entraban dentro de una tienda regentada por una joven que, tras darse el susto de su vida, ha comenzado a dar explicaciones de productos como chupachups de cannabis con sabores de mango, sandía, arándanos o limón. Los agentes han requisado varias de estas golosinas ya que su venta era a granel y no aparecía en ningún momento la lista de ingredientes que poseían estas falsas chucherías que se vendían a un euro. Será la Agencia de Salud Pública de Barcelona la que analice la composición.

La inspección se ha alargado más de una hora y la joven ha tenido que dar explicaciones de casi todo. De hecho, los inspectores también han comenzado a indicar si la tienda tenía algún tipo de anomalía en la normativa municipal. De la rebotica del establecimiento iban saliendo diferentes empleados de este local que aseguraban que el dueño es extranjero y no se encuentra en el establecimiento. “No podemos pagar justos por pecadores. Sé de otros establecimientos donde venden cosas que pueden llevar a intoxicar a una persona. Nosotros no somos así. Esto es legal”, se enfadaba uno de los que aseguraba ser trabajador. “No es la primera vez que me pasa. En un festival al que fuimos con un stand me acabaron imputando por un delito contra la salud pública”, informaba.

Las inspecciones se han alargado a lo largo de la mañana. Al final algunos de los establecimientos habían cerrado y solo se inspeccionarion 28 establecimientos. La Guardia Urbana ha impuesto 145 infracciones administrativas y han abierto dos diligencias penales contra dos personaspor posibles delitos de salud pública. Los agentes han retirado 1.800 artículos de los negocios (873 por irregularidades administrativas y 927 por tener indicios de contener extractos de hachis o cocaína). Así ha acabado la primera batalla del Ayuntamiento contra las gominolas de cannabis.