El Ministerio de Cultura paraliza el proceso de reconocimiento de los regadíos históricos como Patrimonio Inmaterial

Los sistemas históricos de regadío fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 2023. España no está dentro de esa declaración a pesar de la importancia de nuestros regadíos históricos, no solo en el Levante peninsular, sino en todo el territorio, incluidas las islas o las zonas más húmedas como Galicia. A pesar de que el Tribunal de la Aguas de Valencia y el de los Hombres Buenos de la Huerta de Murcia son ya patrimonio inmaterial de la UNESCO desde el año 2009, España no participó en ese proceso y los regadíos españoles no están dentro de esa declaración, que fue curiosamente impulsada por Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia, lugares en los que uno no esperaría a priori que existieran regadíos ni que se les diera esa importancia. Sin embargo, es así, la riqueza y extensión de esos regadíos tradicionales de estos países no es en absoluto comparable a la de España, pero allí están reconocidos y protegidos y, en muchos casos, restaurados y mantenidos como parte de un patrimonio importante.

En 2024 surgió la posibilidad hacer una candidatura conjunta para solicitar la adhesión a la declaración de la UNESCO por parte de Francia, España, Grecia y Portugal. La iniciativa partía curiosamente del Gobierno francés y de investigadores de la Universidad de la Sorbona. La propuesta fue bien acogida por el Ministerio de Cultura después de recibir la solicitud de algunas comunidades autónomas que, a su vez, respondían a la demanda de las propias comunidades de regantes históricas y tradicionales agrupadas en asociaciones en Andalucía y Extremadura.

Detrás hay todo una labor previa de investigación y trabajo con las comunidades por parte del MEMOLab, laboratorio de arqueología biocultural de la Universidad de Granada, pero también de otros investigadores de esta misma institución y de las universidades de Almería, la Politécnica de Valencia, la Autónoma de Madrid o el CSIC, particularmente los hidrogeólogos del IGME y el Instituto de Agricultura Sostenible.

Los valores culturales, ambientales, productivos o sociales de las comunidades de regantes y los sistemas de manejo de agua y regadío tradicional, así como los servicios ecosistémicos que nos prestan han sido recogidos en un argumentario (adjunto) elaborado en su defensa y en cada vez más resultados y publicaciones científicas. Desde una perspectiva multifuncional e integrada, estos sistemas representan ejemplos de innovación, sostenibilidad, resiliencia y gobernanza participativa de los que deberíamos aprender en el contexto actual de crisis ambiental y cambio global. Así lo reconoce, por ejemplo, una parte del propio Ministerio de Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad que de él depende.

Y sin embargo, estos sistemas están sometidos a una enorme presión proveniente no solo de la crisis generalizada del mundo rural, sino particularmente de los procesos y políticas de tecnificación del regadío. Estos procesos y políticas suponen una intensificación e industrialización agraria que está teniendo unas consecuencias devastadoras, tanto para el propio mundo rural, convertido en zona de sacrificio para la extracción de materias primas y energía, como para el medio ambiente. No hace falta más que recordar ejemplos como el de Doñana, el Mar Menor o las Tablas de Daimiel, pero sería extensivo a muchas otras zonas.

El proceso recorrido con el Ministerio de Cultura para el reconocimiento de los regadíos históricos y tradicionales estaba ya muy avanzado. El primer paso, además de integrarse en la candidatura internacional, fue el de la inscripción de los regadíos históricos en la lista de la Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial de España (MRPCI). La inscripción como MRPCI ya había sido incoada tras la elaboración del informe técnico (realizado por el MEMOLab UGR), su revisión externa y la publicación en el BOE.

Todas las comunidades autónomas habían dado su visto bueno y las comunidades portadoras, las comunidades de regantes, su consentimiento con una amplia representación de prácticamente todos los puntos de España. En el periodo de alegaciones se han presentado muchas por distintos actores y motivos. No las hemos podido ver directamente, pero nos han transmitido que hay consultas o solicitudes por parte de comunidades que quieren adherirse específicamente y que se las reconozca; hay cuestiones relacionadas con las competencias, descentralizadas en el caso de Cultura y centralizadas en el de Aguas; hay también alegaciones en relación a la compatibilidad de la protección de elementos como los azudes, las presas de derivación de muchos sistemas de regadío tradicional, y la Directiva Europea sobre continuidad fluvial y la restauración ecológica de los ríos. No hemos terminado de entender la gravedad de estas alegaciones, pero está claro que las contradicciones entre la conservación de los regadíos históricos y las políticas hidráulicas, agrarias y una parte de las políticas ambientales han hecho saltar las costuras. Las presiones no han debido ser pocas para que el Ministerio tome la decisión de paralizar y abandonar la propuesta de reconocimiento como patrimonio inmaterial en un momento tan avanzado del proceso, sobre todo de la solicitud de adhesión a la Declaración de la UNESCO, que se hacía finalmente con Francia, Austria y Grecia y en coordinación con el resto de países que ya forman parte de esta declaración.

La decisión es un mazazo para las comunidades de regantes, que de forma masiva habían expresado su apoyo al reconocimiento y lo habían demandado como una forma de protegerse de las enormes presiones que reciben para su extinción o su transformación radical en sistemas tecnificados industriales. Pero la decisión también es un duro golpe para los sistemas de protección y tutela del patrimonio cultural, que han sucumbido a las presiones frente a otros intereses y otras políticas, dejando herido el sentido de la normativa patrimonial y su efectividad.

Desde el ámbito académico y desde las comunidades de regantes expresamos nuestro agradecimiento a las técnicas que desde el ministerio han llevado a cabo el proceso demostrando no solo su profesionalidad, sino también su vocación, pero queremos llamar la atención sobre la responsabilidad política, no solo por abandonar un procedimiento internacional y los compromisos adquiridos, sino sobre todo por abandonar a las comunidades de regantes, las “comunidades portadoras”, que son la base de la protección patrimonial inmaterial y por vaciar de contenido la legislación patrimonial sometiéndola a los designios de otros intereses y visiones que atentan contra nuestra Cultura.

Desde el Ministerio debería hacerse una reflexión y corregir este error que profundiza aún más en la crisis social y de reconocimiento, de nuestro medio rural y de la cultura del agro, que es Cultura con mayúsculas. Deberían de pensar sobre cuál es el papel del patrimonio y de los sistemas de protección en la defensa del territorio, de las comunidades locales. Reconocemos que es una apuesta valiente, pero necesaria en el contexto actual de crisis ambiental y Cambio Global.