Live Nation, el propietario de Ticketmaster, actuó como un monopolio, según concluye el jurado

Live Nation Entertainment, la mayor promotora de conciertos del mundo y propietaria de la plataforma de venta de entradas Ticketmaster, abusó de su posición de mercado y actuó de forma ilegal como un monopolio de la industria de los espectáculos en vivo. Gracias a ello pudo enriquecerse y vender las entradas a precios excesivamente elevados a los aficionados y fijar condiciones ventajosas para sus anfiteatros y estadios para conciertos, según ha dictaminado este miércoles un jurado federal de Nueva York.

Un total de 34 estados demandaron hace un par de años al gigante de la venta de entradas y organización de conciertos y otros espectáculos en directo en un caso antimonopolio.

La decisión del jurado se produce dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzara un acuerdo extrajudicial con la compañía, pero 34 de los 40 estados que demandaron a Live Nation rechazaron ese acuerdo y decidieron continuar con la vía judicial. Por eso, el juicio se convirtió en un ejemplo de cómo el Departamento de Justicia, que hasta hace un mes dirigía Pam Bondi, afrontaba este tipo de procesos priorizando acuerdos antes de exponerse a un fallo judicial.

El acuerdo extrajudicial entre Live Nation y Ticketmaster persigue que las empresas no tengan que ser divididas, como reclamaba inicialmente el Departamento de Justicia, que inició el caso en la época del presidente demócrata Joe Biden. Las dos compañías, que integran el mismo grupo, acordaron que Live Nation flexibilizará las exigencias de las condiciones con los recintos donde se celebran los conciertos, para permitir que concurran varios proveedores de venta de entradas, en lugar de exigir exclusividad para Ticketmaster. El grupo también permitirá a los artistas que recurran a otros promotores cuando organicen sus giras por Estados Unidos. Pero este acuerdo no ha influido en el jurado popular, que lo considera insuficiente.

El jurado, integrado por nueve personas, ha concluido, tras cuatro días de deliberaciones, que Live Nation incurrió en prácticas monopolísticas al inflar el precio de las entradas de los conciertos y abusar de su posición de dominio del mercado definiendo las condiciones de uso de los recintos donde se celebran los espectáculos en directo y amenazando a los agentes y artistas que no se sometían a sus condiciones con sacarlos del circuito de sus recintos. Ahora, el jurado ha considerado que Live Nation vinculó ilegalmente el uso de sus recintos con los servicios de promoción de conciertos.

Para dar cuenta de la dimensión del grupo, Live Nation y Ticketmaster organizaron 55.000 espectáculos en vivo durante el año pasado y vendieron casi 650 millones de entradas en todo el mundo en un momento en el que el precio de los conciertos y eventos en directo se han disparado. Ticketmaster vende aproximadamente diez veces más entradas que su principal competidor, AEG, según los testimonios recabados por The New York Times.

El jurado dictaminó, tras un juicio complejo con decenas de testimonios durante varias semanas, que la estrategia abusiva de Live Nation provocó que los espectadores y asistentes de los conciertos pagaran de media 1,72 dólares más por las entradas. El juez federal del distrito de Nueva York, Arun Subramanian, que presidió el juicio, tendrá en cuenta este hallazgo para calcular la indemnización que Live Nation deberá pagar por su conducta ilegal y cómo remediar el monopolio.

Los 34 Estados que formaron una coalición para la demanda colectiva contra Live Nation reclaman hasta 700 millones de dólares. Además, podrían solicitar sanciones adicionales por infracciones de las leyes antimonopolio estatales. También arrecian las voces de los que exigen la división de Live Nation y Ticketmaster para romper definitivamente con el monopolio.

Las acusaciones de monopolio contra Live Nation y Ticketmaster tomaron cuerpo tras la gira The Eras Tour de Taylor Swift, cuando los aficionados a la cantante de música pop se enfrentaron con serias dificultades para conseguir entradas para los conciertos y, cuando lo lograban, se encontraban con precios desproporcionados. La polémica escaló de tal forma que el Departamento de Justicia decidió llevar al grupo a los tribunales por vulnerar las leyes antimonopolio.