Los andaluces canalizan su indignación con la presentación de más de 57.000 firmas para avalar una ley que blinde la sanidad pública

La sanidad pública andaluza hace tiempo que ha dejado de ser solo un ariete de la oposición contra la mayoría absoluta del Gobierno de Juan Manuel Moreno, para convertirse en un problema tangible de todos los andaluces, que tienen que aguardar semanas para que les atienda su médico de cabecera o un pediatra y hasta más de un año para ser operados. En esta última legislatura, Marea blanca ha canalizado ese malestar ciudadano a través de manifestaciones cada vez más multitudinarias y a las que, conforme se enquistaban las listas de espera y el colapso en la atención primaria, también se han sumado los profesionales sanitarios, frustrados por la degradación de su situación laboral. Pero la plataforma no se ha quedado solo en la protesta en la calle. Hace un año anunció su intención de trasladar la preocupación por el deterioro la sanidad pública al Parlamento con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindarla de la progresiva privatización que, denuncian, viene aplicando el PP desde que llegó a la Junta en 2019. Este martes han presentado la propuesta en la Oficina del Censo Electoral de Sevilla acompañada de 57.209 firmas junto a los pliegos en los despachos; y de los miles de personas, sindicatos y representantes de los partidos políticos de la izquierda, en la avenida donde se ubica la sede, que luego han marchado hasta la sede de la Junta, en el Palacio de San Telmo, en un acto que esas formaciones también han utilizado como escenario para el arranque de facto del nuevo curso político, marcado por la convocatoria de elecciones autonómicas.

“Los protagonistas del hito de hoy somos nosotros, las más de 57.000 firmas que hemos recogido pueblo a pueblo para presentar esta ILP”, recalca Sebastián Martín Recio, portavoz de Marea Blanca, sobre la presentación de la propuesta legislativa a la que han acudido miles de andaluces provenientes de distintos puntos de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, donde la atención sanitaria se desmorona con la progresiva falta de médicos y pediatras. “Hemos transformado esa indignación por el deterioro de la sanidad pública, un deterioro organizado y planificado, en una norma para preservar la sanidad pública, y ojo, porque hay una parte importante del electorado del PP que también está indignada”, advierte Martín Recio sobre la aparente displicencia de esa formación, ante las distintas movilizaciones que han protagonizado desde 2022.

“En lo que se refiere a la defensa de la sanidad pública y a la denuncia de su deterioro y privatización hemos conseguido el acuerdo unánime de toda la ciudadanía, pero también de los trabajadores”. Así resume Juan Monedero, portavoz de Marea Blanca en Osuna y la Sierra Sur de Sevilla, la esencia de las reivindicaciones impulsadas por la plataforma, desde las primeras manifestaciones en noviembre de 2022 hasta la última, el pasado mes de abril, que congregó a más de 20.000 personas en las calles de Sevilla. Monedero ha sido también el coordinador de la ILP que propone varias modificaciones en el articulado de la Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía centradas “en garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones esenciales en materia de gestión sanitaria; en poner fin a los conciertos y convenios singulares con la sanidad privada y fiscalizar cada euro público que va a las empresas privadas; en la exigencia de responsabilidades por el incumplimiento de la normativa básica en materia de los tiempos mínimos exigidos para ser atendidos por un especialista o para entrar en quirófano y en garantizar una financiación justa y finalista”, tal y como expone el portavoz de Marea Blanca.

La plataforma ha cifrado en 19.000 millones la cantidad que sería necesaria para poner en marcha un plan de choque para dotar a la sanidad pública de recursos humanos y materiales suficientes para garantizar la calidad en la atención y compensar la infrafinanciación arrastrada desde los recortes por la Gran Recesión, desde 2010. “Moreno se tiene que enterar de que hay soluciones y que si él no las quiere tomar debe de irse. Y si no, el pueblo comprometido que está sufriendo el desmantelamiento de lo público es el que dentro de poco tiene la posibilidad de quitarlo para iniciar una nueva fase de un cambio basado precisamente en el apoyo a lo público, a lo social y a la libertad”, ha advertido Martín Recio durante su intervención al final de la marcha frente al Palacio de San Telmo.

Caos en verano y macroconcierto millonario

La cita de este martes ha venido marcada, además, por dos hitos que se han encargado de recalcar tanto los ciudadanos que se han concentrado a las puertas de la Oficina del Censo Electoral en Sevilla, como los representantes de las formaciones políticas y de los sindicatos UGT, CC OO, Satse y Cesif que apoyan las reivindicaciones: la falta de personal en los centros de salud de las zonas costeras durante el verano, que ven multiplicada la población, y la confirmación de que a mediados de este mes entrará en vigor el macroconcierto de 533 millones de euros entre el Servicio Andaluz de Salud y entidades privadas para operaciones quirúrgicas.

“Cuando fuimos al centro de salud porque mi hija de siete años se puso con fiebre, nos atendió un médico de urgencia que resulta que tenía conocimientos en pediatría, porque la pediatra solo pasaba consulta un día a la semana. Y nos dijeron, encima, que habíamos tenido suerte”, se queja Consuelo, de 47 años, que rememora el episodio que vivieron el pasado mes de julio en el centro de salud de Matalascañas (Almonte, Huelva). “La falta de personal en los centros durante el verano, las interminables esperas para la atención de pacientes y la descarada apuesta del Gobierno de la Junta por la sanidad privada no hacen más que confirmar lo que venimos denunciando desde hace más de dos años, que el deterioro de la sanidad pública es una política premeditada y coordinada de la Consejería de Salud”, abunda Antonio Macías, responsable del área de Salud de UGT-A. En estos últimos años, además de un paro en todos los centros de salud y hospitalarios, los sindicatos han protagonizado concentraciones semanales para protestar por el incumplimiento de la Junta de los acuerdos alcanzados por la atención primaria y la carrera profesional.

El anuncio del macroconcierto para operaciones quirúrgicas con la privada también ha centrado las críticas, sobre todo de los dirigentes políticos que se han sumado a la concentración. “Es imposible no salir a la calle y encontrarse a un andaluz o a una andaluza que no esté cabreado con Moreno Bonilla por las políticas de privatización de la sanidad, lo más sagrado que tenemos los andaluces”, ha señalado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez. “Si Moreno cree que le va a salir gratis la agresión constante a la atenión sanitaria, al respeto que le debe al persona lsanitario y a las consecuencias que eso tiene en la salud de la población, se está equivocando muchísimo”, ha advertido Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía.“Esto es un robo a mano armada que está costando vida a los andaluces y andaluces”, ha abundado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre la firma del futuro contrato marco con las empresas privadas. La Consejería de Salud confirmó a finales de agosto que en septiembre 38 empresas privadas empezarían a realizar operaciones quirúrgicas dentro de ese macroconcierto de 533 millones, el mayor contrato con la sanidad privada de la Junta andaluza.

Con la ILP, señala Monedero, se hubiera evitado que esta decisión se hubiera adoptado directamente por el Gobierno andaluz, puesto que para esa toma de decisiones hubiera sido necesario el visto bueno del Consejo Andaluz de Salud. “Una figura que existe, pero que apenas se ha reunido y que en la ley se pretende dotar de contenido y de un carácter vinculante en la toma de decisiones relacionadas con políticas de sanidad pública, igual que se necesita del Consejo de Estado o del Consultivo, en Andalucía, para aprobar leyes fundamentales”, explica el portavoz de Marea Blanca. En la ILP también se impone la eliminación de conciertos salvo en “situaciones extraordinarias” y que en el plazo de 5 años los convenios que ya estén suscritos se adapten a la nueva normativa.

La sanidad se ha convertido en el punto débil de la legislatura de Moreno, con las protestas de ciudadanos y sindicatos en las calles y los contratos de emergencia sanitarios y los troceados para poderlos adjudicar a dedo investigados en los tribunales. Las formaciones políticas han aprovechado la presentación de la ILP de Marea Blanca para incidir en sus críticas a la gestión del PP en el arranque del curso, pero han reconocido la importancia de la movilización ciudadana en la visibilización de esa realidad. A las Mareas no les preocupa que se politicen sus reivindicaciones. Lo esencial para ellos es que se tramite la norma en la Cámara autonómica. “La primera prueba va a ser constatar si el realmente el Parlamento es un laboratorio de solución de problemas o es un laberinto de causas perversas”, advierte Martín Recio.