Los sindicatos advierten en un informe del “estado crítico” del sistema sanitario andaluz

El pasado 5 de abril miles de andaluces -20.000 según la Delegación del Gobierno, más de 60.000, de acuerdo con los sindicatos convocantes- llenaron las calles de Sevilla para protestar contra el deterioro de la sanidad pública en la comunidad. Entonces, la consejera de Salud, Rocío Hernández, cuestionó la “visión catastrofista” que se estaba trasladando a la opinión pública. Menos de dos meses después, las organizaciones sindicales de los profesionales sanitarios y Marea Blanca han presentado un informe en el que glosan con datos oficiales el malestar y la indignación que evidenciaron los participantes en esa marcha. Las conclusiones: que Andalucía se sitúa sistemáticamente a la cola respecto del resto de comunidades en todos los parámetros sanitarios: financiación, gasto sanitario, profesionales por habitante, listas de espera y esperanza de vida. “Los datos son demoledores y muestran el estado crítico del sistema sanitario público andaluz, que el Gobierno no quiere un sistema de calidad. La Infrafinanciación, unida a la mala gestión, hace que los ciudadanos perciban que el sistema va mal y que en todos los indicadores estemos bajos”, ha señalado José Pelayo, responsable de Sanidad de CC OO-Andalucía

“Andalucía no puede seguir a la cola de la sanidad pública solo porque la Junta decida mantener un sistema infrafinanciado. Hay dinero, lo que falta es voluntad, más inversión, justicia y compromiso político”, ha asegurado el representante de CC OO, que, junto con UGT, Csif, Satse -cuatro de los cinco sindicatos que forman la mesa de negociación con el Gobierno autónomo- y Marea Blanca, han elaborado el Informe sobre la Situación de la Sanidad Pública andaluza, que han presentado este lunes en la sede de UGT Andalucía. El estudio coteja los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Sanidad, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Ministerio de Hacienda y los compara con la media nacional y el resto de territorios para constatar que la comunidad no converge en materia sanitaria, y contrarrestar el argumento del Ejecutivo que dirige el popular Juan Manuel Moreno, de que nunca se ha presupuestado tanto dinero para la sanidad pública andaluza que durante sus legislaturas. “Esta visión, oculta el hecho de que no se trata únicamente de mejorar respecto a años anteriores, sino de avanzar hacia la convergencia con la media nacional”, indica el documento que sostiene que existen “factores propios”, más allá de problemas comunes al resto del país o Europa que explican esta posición de desventaja”.

La primera variable que se analiza es la percepción ciudadana del funcionamiento de la sanidad pública, un factor que permite pulsar el deterioro del sistema. En 2024, los andaluces fueron los que peor nota dieron a su sanidad pública, 5,72 puntos, más de medio punto respecto de la media. Una valoración que no deja de descender desde 2022, al contrario que en resto del país, donde la impresión positiva va en ascenso año tras año. “La diferencia no es simplemente un estado de ánimo, sino el resultado de un conjunto de políticas que están socavando el sistema sanitario público de Andalucía”, concluye el informe.

Entrando en el ámbito de lo tangible, el estudio aborda la infrafinanciación del sistema público de salud en la comunidad. Aunque el presupuesto de 2025 en sanidad es un 7,2% mayor que el del año anterior (15.088,325 millones, un tercio del total), este incremento “no es motivo de celebración”, según ha apuntado José Sánchez, secretario general de Satse-Andalucía, “porque la financiación en la comunidad ha sido históricamente deficitaria y la subida de la Junta solo ha servido para seguir en la cola”. Andalucía, con 1.747,98 euros por habitante, está dentro de las cinco comunidades con peor financiación de la sanidad pública (por delante de Valencia, Murcia, Madrid y Cataluña) y por debajo de la media nacional, que se sitúa en 1.937,22 euros.

Además, ese incremento en la dotación presupuestaria “no refuerza el sistema sanitario público, sino que refuerza las externalizaciones a la sanidad privada”, ha destacado Sánchez. En el informe se señala que casi la mitad de esa subida presupuestaria -489 millones- han ido a parar a las empresas privadas: 88,8 millones a los conciertos, a intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas en centros privados; 62,6 millones al transporte sanitario o empresas de lavandería, catering, limpieza y 337,4 millones al gasto farmacéutico. “La asistencia sanitaria con medios ajenos entre 2019 y 2025 se ha incrementado en un 56%”, precisan desde CC OO

Los sindicatos han hecho especial hincapié en el incremento del gasto farmacéutico, fuera de control desde que el Gobierno de Moreno suprimió la subasta de medicamentos. En el informe se recoge que en 2023 el gasto sanitario público en farmacia fue de 2.400 millones de euros, convirtiendo a la comunidad en la segunda con mayor porcentaje destinado a este fin, el 17%, tres puntos por encima de la media nacional. “Se trata de una nefasta gestión con la clara intención de favorecer el negocio de la industria farmacéutica”, ha señalado el responsable de Sanidad de UGT-A, Antonio Macías, que ha subrayado cómo “esa condescendencia obliga a recortar en otras partidas” como infraestructuras o mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Menor calidad y menor esperanza de vida

Y en este aspecto también han incidido los responsables de los sindicatos. Por un lado, el informe constata que Andalucía tiene la tasa más baja de profesionales sanitarios de España, con una tasa de 3,1 por cada 1.000 habitantes -la media española está en 3,7-, que en el caso de la atención primaria desciende a 0,99 -la media está en 1,03-, un porcentaje que se aleja mucho más en el caso de atención hospitalaria, donde la comunidad está en la cola, con 1,73 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando la tasa nacional está en 2,22. En el caso de enfermería, también es la última del país con un promedio de 4 enfermeros por cada 1.000 habitantes, siete décimas por debajo de la media de España.

“El problema no es que no haya médicos, es que eligen otros lugares para trabajar”, ha indicado Victorino Girela, responsable de Sanidad de Csif, que ha señalado cómo principales razones que en Andalucía existe un 20% de temporalidad y las bajas retribuciones de los profesionales sanitarios. En el informe se indica que para igualar el déficit de médicos y enfermeros, “se necesitarían 5.400 profesionales de la medicina, 5.900 de la enfermería y 6.500 de otras categorías, un total de casi 18.000 nuevos efectivos”, precisamente el número de sanitarios que fueron contratados como refuerzo durante la pandemia, y que después la Junta no ha renovado en su totalidad.

Quizás el único problema que el Gobierno de Moreno sí ha reconocido abiertamente es el de las listas de espera sanitarias. De acuerdo con el informe, Andalucía es la comunidad con mayor demora en la atención primaria, 10,66 días, dos puntos más que la media nacional, y con una tendencia que no ha dejado de subir desde 2022, frente al resto del territorio, donde se ha reducido. “Un indicador de que no se puede atribuir a una causa generalizada el deterioro de la sanidad pública andaluza”, se indica en el documento, en el que también se constata que Andalucía es la cuarta comunidad con peor tasa de pacientes pendientes de cirugía (23%) y la que mayor porcentaje tiene de enfermos con más de seis meses de espera para una intervención (33,4%, 11 puntos más que la media nacional). En consultas externas, la región es la antepenúltima en términos relativos y la penúltima en mayor tiempo de espera.

Todas estas carencias son un caldo de cultivo que redunda en un empeoramiento de la calidad de la sanidad andaluza que se evidencia en un descenso de la esperanza de vida, un parámetro en el que la comunidad siempre ha estado por debajo del resto del país. En 2023 era de 82,49 años, un año y medio menos que la media y solo por encima de Canarias. Sebastián Martín recio, portavoz de Marea Blanca, ha hecho hincapié en la vinculación de la demora asistencial con la prevención secundaria, esencial para detectar problemas de salud en personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. “Con la tardanza en el diagnóstico, no solo se cronifican los problemas, sino que se reagudizan y aumenta la mortalidad”, ha advertido. Andalucía, recoge el informe, era en 2023 la comunidad con mayor mortalidad ajustada, 871, 1 defunciones por cada 1.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional.

Los sindicatos reclaman a la Junta un incremento del presupuesto que repercuta en la mejora de los recursos humanos, no solo en cantidad, sino en mejora de las condiciones laborales y retributivas. “Hay dinero, lo que falta es voluntad”, han insistido los representantes de los trabajadores, que han recordado que la comunidad cerró el año pasado con un superávit de 1.581 millones y que hay capacidad fiscal y de endeudamiento para ampliar el incremento en la inversión en sanidad. Las organizaciones también seguiran con las movilizaciones en las provincias, han adelantado.