Écija pide la intervención de la Junta de Andalucía para proteger de la especulación 91 pisos de alquiler social en venta

“Cualquier día nos va a dar un infarto. No sabemos si van a llamar a nuestra puerta y ponernos en la calle”. Así resume Mari Carmen Ruiz, de 60 años, el desasosiego en el que viven los vecinos de las 91 viviendas de la barriada Estatuto de Autonomía de Écija, unos bloques de alquiler asequible construidos por la empresa municipal en el 2000 y que, tras quebrar, fueron adquiridos en 2021 en subasta pública por Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, SL, una empresa endeudada con el Ayuntamiento, y que baraja o bien vender los pisos a un tercero o a los inquilinos, pero por un precio bastante más elevado que los 1.150.000 euros que desembolsó en su momento. Su esperanza de obtener una protección que blinde su precaria situación pasa por la firme intención de la alcaldesa de involucrar a la Junta de Andalucía para que garantice las condiciones de las viviendas de protección oficial y el futuro de los residentes cuando en 2030 queden libres.

La incertidumbre en la que viven los inquilinos de la barriada, unos 300, se acrecentó cuando en abril la justicia falló en contra de su reclamación para que se declarara nula la subasta pública porque nunca se les informó de su derecho de ejercer el tanteo y retracto, una opción que tampoco usó la Junta de Andalucía. Desde entonces, se sienten a expensas de las veleidades de la propietaria y su angustia se ha disparado en las últimas semanas tras recibir la visita de tres personas que querían conocer la situación de sus viviendas y que actuaban como intermediarias de un comprador interesado en adquirirlas. “Nos dijeron que venían en nombre de una inmobiliaria porque una persona había comprado un lote de 33 pisos”, cuenta Carmen. Tras constatar, además, que en las notas simples del Registro de la Propiedad aparecen consignados préstamos hipotecarios con terceros, han decidido acudir a la alcaldesa, Silvia Heredia (PP), que ya había conseguido mediar entre los vecinos y la empresa arrendadora el pasado mes de marzo.

La regidora no esconde su sorpresa ante esta nueva situación, máxime porque fue en esa primera reunión cuando consiguió arrancar a la empresa el compromiso de sanear sus cuentas y arreglar las zonas comunes de la barriada, en un estado de total abandono, en un período de tres o cuatro meses. También advirtió a la arrendadora de que no podía aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas que vivían en la barriada y que debía ofrecerles un precio razonable para recuperar su inversión. En 2021, la empresa adquirió las 91 viviendas por 1.150.000 euros, menos de 13.000 euros por cada una; él les pidió 44.000. “18.000 sería lo razonable”, sostuvo la regidora a este diario entonces. “Los vecinos han entrado en una nueva fase de inseguridad con la empresa”, reconoce ahora a este diario.

La alcaldesa se ha visto obligada a acelerar el paso. Su intención pasa por implicar a la Junta de Andalucía para que garantice las condiciones de protección oficial hasta 2030 y determine si los vecinos podrían tener derecho a adquirir su vivienda cuando se libere el carácter de VPO por delante de los ejecutores hipotecarios que aparecen ya en las notas simples. “Estamos recopilando toda la situación que rodea a la barriada y a la empresa para elaborar un expediente informativo y remitirlo a la Consejería de Fomento para que se asegure la protección de estos vecinos que están en una situación vulnerable”. Heredia, además, muestra su preocupación por lo que pueda suceder cuando, en 2030, las viviendas pierdan el estatus de protección oficial. “El empresario tendrá que dar explicaciones de qué es lo que va a pasar si se va a la quiebra, si los vecinos pueden ejercer el derecho de tanteo y retracto…”, sostiene.

El titular de la empresa, Hugo Ezequiel Rodríguez, sin embargo, parece tenerlo muy claro. “Los pisos son míos y puedo hacer con ellos lo que quiera”, sostiene a este diario en conversación telefónica. Rodríguez alega que muchos de los inquilinos, que pagan un alquiler de 78 euros de media, no han cumplido con los pagos, que le deben un total de 240.000 euros y que por ese motivo decidió no pagar el IBI correspondiente a los últimos tres años. “Ahora me sentaré a negociar con el Ayuntamiento”, sostiene sobre esa deuda. Sobre la falta de mantenimiento de las zonas comunes, también aduce la falta de pago: “Me deben 240.000 euros y me tengo que gastar otros 50.000 en arreglar aquello para que no me sigan pagando. Es una tomadura de pelo”. El empresario también reconoce que en este tiempo no ha reclamado los impagos a los residentes porque “había buen rollo” con el consistorio, debido a que “desde hace año y medio se había hablado de que los vecinos se iban a reunir para comprar los pisos y ahí quedó la cosa”. También desvincula esa falta de reclamación del proceso judicial sobre la nulidad de su adquisición, que se inició en 2023. “Yo sabía que iba a salir favorable”, insiste.

Sin embargo, con esa sentencia encima de la mesa su actitud hacia sus inquilinos ha variado. Ya no parece, como constató en un primer momento la alcaldesa, que, acuciado por las deudas, el empresario se vaya a avenir a venderle los pisos a los vecinos por un precio asequible. “Voy a hacer con ellos lo que quiera, venderlos a un tercero, a un primero, a mi prima… Los pisos son míos. ¿Qué quieren comprar ellos [los inquilinos] los pisos?, que den la cara, pero no la dan y en 2030 por ley se libera la VPO, eso está claro”, advierte.

En marzo de este año expiró el plazo legal en el que los alquileres de la barriada seguían estando protegidos, aunque las condiciones han quedado blindadas hasta 2030, que es el período de vigencia de cesión del suelo público por parte del Ayuntamiento. Una de las reclamaciones que constan en el borrador del informe que se va a remitir a la Junta es que se garantice la prórroga de las condiciones de esos contratos, que vencieron en marzo, y que está reconocida en una cláusula tácitamente. Algo que también cuestiona el empresario y que apoya en los vecinos que no están al día de sus cuentas. La empresa afirma que el 80% de los inquilinos no paga. “La mayoría porque no quieren”, sostiene Rodríguez.

“¿Qué pasa con los que hemos cumplido?"

“No pueden tratarnos a todos de la misma manera, ¿qué pasa con los que hemos cumplido?”, se queja Carmen, que recuerda que los inquilinos de la barriada rondan los 50 años o están ya jubilados. “La mayoría se han dedicado o se dedican a las labores del campo, son pensionistas o están en el paro y estas viviendas son las únicas que nos podíamos permitir con nuestro sueldo”, indica. Ella incide también en las deudas del propietario y revive la angustia que les ha supuesto recibir cartas de la Agencia Tributaria advirtiéndoles de multas por 600 euros por los embargos a la arrendadora.

Rodríguez asegura que ya no tiene deudas con Hacienda y que solo debe el IBI. También niega los préstamos hipotecarios que sus vecinos han comprobado en las notas simples. “No hay ningún préstamo hipotecario, pero si lo hubiera sería problema mío, porque los pisos son míos”, recalca. Qué pueda pasar con esos prestamistas y cómo quedaría la situación de los vecinos si decidieran ejecutar la hipoteca es otro de los problemas en los que la alcaldesa quiere que intervenga la Junta.

Las dudas que rodean a la barriada no han pasado desapercibidos para los interesados en los bloques de pisos. Por eso se acercaron por allí tres personas hace unos días, reconoce una persona conocedora de la operación consultada por este diario. De momento, no se ha hecho ninguna adquisición, asegura este interlocutor, pero el interesado sí tiene claro que si él comprara, las condiciones actuales tendrían que cambiar. “La renta hay que actualizarla, no pueden pagar 80 euros, cuando lo mínimo está en 260 euros. Si no pueden pagar esa cantidad, el Ayuntamiento puede ayudar con el 50%. ¿Qué culpa tiene el propietario de que le paguen una miseria”, se pregunta, si bien reconoce que ese potencial comprador también quiere reunirse con el consistorio antes de dar vía libre a la operación.

“Aquí todos quieren proteger sus intereses, pero es que son los vecinos los que están en el medio”, recalca la alcaldesa. El borrador del expediente informativo está a la espera de que los residentes incluyan sus apreciaciones y después se remitirá a la Junta con la esperanza de que intervenga en una barriada de especial protección. La regidora, no obstante, no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo directamente con el empresario en el que se tenga en cuenta la situación de sus inquilinos. “Yo estoy dispuesto a sentarme con la alcaldesa y negociar para que la gente pueda comprar sus casas a buen precio o con equidad, pero la decisión es mía”, advierte el arrendador.