25 organizaciones piden paralizar la venta de un bloque con 134 pisos de Protección Oficial en Valencia a un fondo de inversión

25 organizaciones han registrado este martes en la ciudad de Valencia dos escritos para pedir la paralización de la venta de un edificio con 134 viviendas de protección oficial (VPO) en la pedanía de La Torre, al sur de la capital valenciana. Una de las peticiones va dirigida a la Generalitat —el Ejecutivo autonómico— y otra, a la alcaldía de Valencia, ambas del PP, según ha explicado a los periodistas el portavoz de la iniciativa José Luis González. Las entidades, que han presentado sendos documentos por la vía de urgencia, proceden de los movimientos sociales, las asociaciones vecinales y los sindicatos.

González ha exigido que el Ayuntamiento y la Generalitat ejerzan el derecho de tanteo y retracto, es decir, su derecho a comprar el inmueble por el mismo precio que el que se ofrece al comprador privado. La ley establece que en estas operaciones la Administración tiene derecho de preferencia frente a otros compradores.

El bloque de viviendas en cuestión es propiedad de Inmo Criteria Caixa, una filial de la Fundación La Caixa, una entidad privada, pero son viviendas registradas como VPO. “Esto implica que esos inmuebles tienen dinero público de la Generalitat”, explica González.

La Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, asegura que no ha “valorado nada” sobre la posibilidad de comprar el bloque porque “la propietaria [la Fundación La Caixa], no nos ha comunicado nada sobre esa operación” y que en caso de que les informen “valorarán si lo adquieren o no”.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, por su parte, respondió este lunes al ser preguntada por los medios de comunicación, que “adquirir vivienda mediante el derecho de adquisición preferente” es algo que el Ayuntamiento ya ha hecho otras veces. “En el caso de La Torre vamos a estudiar las posibilidades y dificultades”, concluyó tras una muy breve respuesta.

La operación de compraventa aún no se ha consumado. La socimi Ktesios, con sede social en Madrid, tiene reservado el inmueble por el que pagará 9 millones de euros, según explica González. Una socimi, (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) es una empresa cotizada que invierte en inmuebles para luego alquilarlos.

El edificio está situado en la calle Paz Azzati Cutanda en una de las pedanías al sur de la ciudad de Valencia afectadas por la dana del 29 de octubre. El edificio, que se terminó de construir en 2011, solo tiene un par de bloques alrededor, el resto son parcelas sin edificar.

La ley otorga el derecho de tanteo y retracto a la Generalitat Valenciana, que tiene competencias en materia de vivienda, pero el gobierno de El Botànic aprobó en 2020 un decreto-ley “para la ampliación de vivienda pública” mediante el que permite a los Ayuntamientos ejercer ese derecho. “En el primer caso, la Generalitat ejercitará los derechos a favor de los municipios que no tengan la posibilidad de llevar a cabo la tramitación administrativa. En el segundo, los municipios a cuyo favor se cedan los derechos de adquisición preferente podrán ejercitar de manera autónoma los citados derechos de acuerdo con la ley”, establece el texto.

José Luis González, por su parte, subraya que “las Viviendas de Protección Oficial reciben dinero público con el objetivo de cumplir el artículo 47 de la Constitución Española sobre la vivienda digna y el 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Si un edificio pasa a un fondo privado, el dinero público se va a dedicar a la especulación. Las más de 134 familias tienen un contrato legal, hecho por la Fundación La Caixa, y no tienen información de lo que sucede”.

González, que pertenece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero ejerce de portavoz de las 25 organizaciones, asegura que la empresa propietaria del inmueble “no le ha dado a los vecinos la posibilidad de comprar sus casas, ni se les ha informado de que las iban a vender”. El portavoz, que asegura que “todos los inquilinos tienen contrato de alquiler”, explica que “en dicho acuerdo invitaban al arrendatario a renunciar al derecho de preferencia, una práctica habitual”. González ha mencionado el artículo 25 de la ley de arrendamientos urbanos, que reza: “en caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre la misma”.

Entre los firmantes de ambas peticiones están la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), La PAH, la Associació de veïnes i veïns de La Torre, o diversos sindicatos como UGT, CCOO, CGT o Intersindical.