Preguntas y respuestas sobre la “prioridad nacional”: qué dicen los pactos más allá de las declaraciones de PP y Vox

El principio de “prioridad nacional” se ha incorporado a los pactos de gobierno de Vox y PP en Extremadura y Aragón a petición de la formación de Santiago Abascal. Ambos partidos asumen ya el concepto como propio, pero las direcciones nacionales discrepan en público sobre el alcance de las medidas condicionadas por ese principio, heredado de la extrema derecha francesa. Para los ultras de Abascal, supone priorizar a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas, prestaciones y servicios públicos. Para los populares, implica premiar el arraigo de un ciudadano a un territorio concreto sin importar la nacionalidad. Pero, ¿qué dicen realmente los pactos? ¿Hay discriminación?

La literalidad. Tanto en Extremadura como en Aragón la redacción de la medida es la misma. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Baremos del arraigo. Por tanto, tanto PP como Vox defienden el principio de “prioridad nacional” en sus documentos autonómicos. Sin embargo, lo desarrollan de tal forma que tenga encaje legal a través de ese “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. ¿Cómo se calcula ese arraigo? Cuando un ciudadano con residencia legal solicite una ayuda o una prestación pública, se valorarán distintos baremos para puntuar más o menos la solicitud de esa persona en concreto. Esos baremos vienen recogidos en los documentos. Y no está ni el lugar de nacimiento ni la nacionalidad de la persona.

Sí se incluyen, con ligeras diferencias entre Aragón y Extremadura, los siguientes criterios: el número de años de “empadronamiento”, “vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa”; “trayectoria de cotización” y de “contribución al sistema”. Es decir, podrá tener más puntos para optar a una ayuda o prestación quien lleve más tiempo residiendo en esa comunidad, haya trabajado más años, tenga parientes que también vivan en ese lugar, haya ido al colegio en el mismo territorio, etcétera. Pero, a priori y según los documentos firmados, no se premia más a quien haya nacido en España frente a quien lo haya hecho en el extranjero.

Legalidad y prioridad autonómica. Así, dejando fuera el baremo del lugar de nacimiento, el Partido Popular y Vox sortean el choque directo con la Constitución y con las leyes nacionales y europeas, que no permiten discriminar a los ciudadanos por el lugar de origen. De hecho, con los pactos sobre la mesa, un español que ha nacido y vivido en Andalucía que se mude ahora a Extremadura y tenga menos años de empadronamiento que un inmigrante en situación regular con muchos años residiendo legalmente en la comunidad extremeña tendría menos puntos que ese inmigrante en una solicitud para recibir ayudas y prestaciones. Y, por ende, menos preferencia.

Por qué sí se discrimina igualmente a los inmigrantes. Lo pactado en los acuerdos tendrá luego que plasmarse en normativas concretas que regulen el acceso a las viviendas públicas, ayudas económicas y demás prestaciones asistenciales. Cierto es que, según está en los documentos, no se incluirá en esas futuras normas el baremo de la nacionalidad para premiar a un ciudadano español frente a otro inmigrante. Pero muchos requisitos que impliquen ese arraigo o apego al territorio, inevitablemente implicarán que se priorice en buena parte de los casos a los españoles sobre los inmigrantes.

¿Por qué? Porque es más común que un español lleve más años empadronado en un territorio, que haya ido al colegio en ese territorio, que sus padres residan también en ese territorio y que haya cotizado más tiempo en ese territorio. Por tanto, es probable que un español tenga más puntos de concurso para optar a esa vivienda, ayuda o prestación. Así se puede cumplir la proclama de “Los españoles, primero” que defiende Vox, como hizo este miércoles su portavoz en Extremadura, Óscar Fernández Calle.

En cualquier caso, esto es lo que dicen los pactos. Queda abierta la posibilidad de que se introduzca, a futuro, el baremo de la nacionalidad cuando se aprueben normas concretas. Ahí podría darse, eso sí, un choque legal que el PP niega que vaya a producirse. “El principio de prioridad nacional va a ser compatible con la legalidad”, insistió Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón.

Los irregulares sí quedan fuera. Lo expuesto anteriormente se aplica a españoles e inmigrantes en situación regular. Los indocumentados sí están excluidos de cualquier prestación o “servicios sociales estructurales”. Dejando fuera la sanidad, que según el PP no está completada aunque la redacción es pretendidamente abierta, esto estaba así ya establecido salvo el caso muy puntual de algunas ayudas locales o autonómicas. Es decir, apenas se pueden solicitar ayudas públicas si eres un inmigrante en situación irregular. Con el proceso de regularización aprobado por el Gobierno central, esas personas pasarán a tener papeles y ya sí podrán pedir lo que les corresponde como residentes de pleno derecho en el país. Una regularización a la que se oponen populares y ultras.

Qué dicen PP y Vox. La formación de Santiago Abascal coincide en público con todo lo anteriormente descrito. Uno de sus dirigentes nacionales y negociadores de los acuerdos, Carlos H. Quero, lo ha resumido así en su perfil de redes sociales. “¿A qué se le va a dar puntos? A todo aquello que acredite arraigo: llevar mucho tiempo viviendo, que lo lleven tus padres, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la vinculación formativa, etc. También habrá criterios de edad, de renta, de situación familiar". No menciona la nacionalidad.

Tampoco lo hizo este miércoles el líder ultra en Aragón, Alejandro Nolasco. Durante la presentación del acuerdo, este periódico le preguntó: “¿Entre los baremos que se van a ponderar en la prioridad nacional, está el lugar de nacimiento de la persona?“. Nolasco respondió así: ”Hay muchos criterios. Uno de ellos, los años cotizados... el arraigo de esa persona. En cuanto a ese dato en concreto, vamos a poder decírselo en unos días. Todavía hay datos que hay que pulir". Es decir, acepta que ese baremo no está incluido pero deja la puerta abierta a que pueda incorporarse en una norma concreta a futuro, como se expone anteriormente. En privado, fuentes de la formación de extrema derecha reconocen que el baremo de la nacionalidad puede chocar con la ley y que lo que quieren es restringir al máximo las posibilidades de los inmigrantes con el resto de requisitos.

En el caso del PP, Alberto Núñez Feijóo explicó su idea de arraigo el martes. “Lo que está en el texto es que se tiene que valorar el arraigo, es decir, la vecindad, el tiempo que se lleva viviendo en una comunidad con independencia de la nacionalidad”, señaló el líder popular. “Dónde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona”, afirmó Feijóo. ”El marco irrenunciable para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Prioridad al arraigo", proclamó la diputada popular, Carmen Navarro, en el Congreso.

En privado, fuentes de Génova consideran que han asumido el principio de “prioridad nacional” para desencallar los pactos, pero añadiendo las salvaguardas para no ir en contra de las leyes. Pero conceptualmente sí entran en el marco conceptual de Vox y asumen una idea que procede de la extrema derecha francesa.

Por qué votó el PP en contra de la moción de Vox sobre “prioridad nacional” en el Congreso. En medio de las discrepancias de populares y ultras por el alcance de la medida, Vox registró esta semana en el Congreso una moción en la que defendía la “prioridad nacional”. El PP votó este miércoles en contra de ese texto, aunque ha asumido como propio ese principio —con el matiz del arraigo—, y pese a haberlo introducido en los pactos de Extremadura y de Aragón, ¿por qué? Porque la moción de Vox iba más allá de lo pactado en las comunidades. En el caso de la “prioridad nacional” de ayudas y prestaciones, el texto de los ultras en el Congreso dejaba fuera los baremos del arraigo. Así pedía “garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda” o “garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles”.

El PP se oponía a votar a favor de este documento y propuso una enmienda de modificación de todo el texto dispositivo; es decir, querían cambiar por completo la moción de Vox y sustituirla por su enmienda. En dicha enmienda, los populares recogían la “prioridad nacional” tal como viene redactada en los documentos autonómicos, con los requisitos del arraigo. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Vox se negó a modificar su moción inicial: no incluyó el arraigo. Eso hizo que los populares votasen en contra. “Hemos votado en el Congreso exactamente lo mismo que acordamos en Extremadura”, defendió la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en redes sociales. “Vox se queda solo exigiendo la prioridad nacional en toda España”, afirmaron los ultras.

El documento de la formación de Abascal, además, añadía otros puntos que no están en los acuerdos y de contenido mucho más radical. Por ejemplo, “proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles”. El Partido Popular también pidió que se pudiera votar cada punto por separado y no la moción en su conjunto para no tener que apoyar medidas como esta. Pero Vox rechazó también esta petición. De ahí el no total a todo el texto.