Claves del pacto PP-Vox en Aragón: consolida la “prioridad nacional” pactada en Extremadura y pone fin a la “imposición del catalán”

El PP ha alcanzado este miércoles un acuerdo con su antiguo socio de Gobierno, Vox, para reeditar la coalición en Aragón con tres consejerías a su cargo. Ambas fuerzas han pactado un documento de 13 epígrafes, con especial foco en la inmigración, como ya hicieron en Extremadura, respondiendo los populares a buena parte de las demandas y el argumentario de la extrema derecha en este punto. El nuevo Ejecutivo pretende, entre otros objetivos, retornar a los menores migrantes no acompañados a sus países de origen, dar prioridad a los nacionales en el acceso a la vivienda social y limitar otras prestaciones y ayudas sociales para los irregulares. Ambas formaciones han acordado dar a los ultras tres consejerías, una con rango de vicepresidencia: una de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y una tercera de Medio Ambiente y Turismo (que incluye la gestión del Inaga, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), además de un senador de designación autonómica. A cambio, los de Vox se comprometen a aprobar los cuatro Presupuestos anuales a lo largo de la legislatura. Estas son algunas de las medidas incluidas en el pacto.

Inmigración. El Partido Popular asume las demandas más extremas de Vox en materia de lucha contra la inmigración, la gran bandera de la formación de Abascal, como ya hiciera en Extremadura. Y con medidas que van desde el retorno de los menores inmigrantes no acompañados a la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida o la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos. Tal como viene reflejado también en Extremadura. Como punto de partida, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales [sic], tanto mayores como menores de edad”. Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora además el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

Okupación. El texto, dentro del apartado “Seguridad”, apunta a la “aplicación firme del desahucio exprés” y el desarrollo de mecanismos autonómicos de apoyo a las “víctimas” de viviendas okupadas, sin precisar más en qué consisten. Los condenados por okupación no podrán beneficiarse del acceso a la compra o alquiler de vivienda social. El mismo epígrafe incluye reclamar a los responsables de custodiar las “estadísticas de delincuencia vinculada a la inmigración masiva e ilegal” que las publiquen de manera periódica.

Sanidad y ayudas sociales. El acuerdo contempla, como en Extremadura, “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Esto implica, según explican fuentes del PP aragonés, que podría verse afectada la renta extremeña complementaria al ingreso mínimo vital estatal. Descartan los populares de Aragón que la sanidad universal sea afectada, pero el texto del acuerdo es ambiguo. También se crea un “servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” para profundizar en el control de los empadronamientos de los inmigrantes.

Impuestos. El acuerdo replica en parte lo acordado en Extremadura, y aplica una bajada anual y progresiva del 0,25% en el IRPF para quienes declaren menos de 52.500 euros hasta llegar al 1% al final de la legislatura, y contempla también deducciones para declarantes con hijos con discapacidad. Los firmantes incluyen esta última medida dentro de un apartado de “apoyo a la natalidad y la conciliación”, con rebajas de impuestos por hijo crecientes (1.000 euros por el primero, 1.500 por el segundo y 2.500 por el tercero y los sucesivos). Se podrá deducir también un 25% de los gastos en clases de apoyo.

Despoblación. PP y Vox precisan la deducción total del IRPF por nacimiento o adoptación en el medio rural. También reduce el impuesto de Patrimonio para la compra de vivienda por parte de jóvenes siempre que sea en un municipio de menos de 10.000 habitantes y alejado de las capitales provinciales. El acuerdo incluye suprimir, en 2027, un impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes. El pacto contempla ayudas para el “funcionamiento empresarial” en Teruel, subvencionar la instalación de cámaras de videovigilancia, y la entrada en vigor de un plan de carreteras regionales dotado de 135 millones de euros.

Vivienda. El acuerdo reitera el principio de “prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente” para el acceso a vivienda protegida y alquiler social, con los mismos plazos que se suscribieron en Extremadura: 10 años de empadronamiento en Aragón para la compra y 5 para el alquiler. El pacto contempla que se construyan 4.000 viviendas públicas en cuatro años y es más impreciso en otras medidas para incrementar la oferta, entre las que menciona “agilizar los procesos de transformación urbanística”. Recoge también rebajas, ya a lo largo de 2027, en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para jóvenes y familias numerosas que compren casa.

Educación. Se implantará progresivamente el régimen de conciertos educativos en la etapa de Bachillerato. Además, se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio y, en parecidos términos a los de Extremadura, se suprimirá el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí de forma inmediata “en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región”.

Catalán. El acuerdo recoge en un apartado titulado “libertad frente a adoctrinamiento e imposición” que luego concreta en “librar Aragón de la imposición del catalán” (lengua que se habla en municipios aragoneses que colindan con Cataluña y que se considera junto al aragonés “lengua propia original e histórica de la comunidad” en la Ley de Lenguas de Aragón, de 2009) y la supresión del Instituto Aragonés del Catalán. De manera vaga, se menciona también reformar “normas que ”respondan a planteamientos de carácter ideológico”, pero remite a una revisión del ordenamiento jurídico posterior para determinar cuáles son.